Alfredo González Núñez*
Tras la elección de los nuevos integrantes del parlamento venezolano, tres diputados indígenas inclinaron la balanza hacia la mayoría calificada del sector opositor. Con ellos se asoma el reto de una democracia transversalizada por lo intercultural, donde los indígenas sean reconocidos más allá de las dádivas, como protagonistas de su propio cambio. Las leyes están escritas, su puesta en marcha es urgente
La hoy mayoría en la Asamblea Nacional (AN) tiene ante el país y ante sí misma el deber de legislar acertada y oportunamente en materia indígena. Ya no se trata tanto de aprobar nuevas leyes, sino de revisar, adecuar y actualizar las ya existentes a la nueva visión de país que todos los venezolanos indígenas queremos. El parlamento debe buscar y activar mecanismos a través de políticas públicas reales que materialicen los derechos indígenas ya consagrados.
Se debe pasar de los años de consagración de los derechos indígenas al de su ejercicio y motorización, sin lugar a dudas el derecho indígena fundamental por revisar, consultar y materializar con todo el país, principalmente con los indígenas, es el contenido en el artículo 119 de la Constitución Nacional.
Efectivamente, el texto constitucional sobre esta materia permite avanzar hacia distintas estrategias o formas de reconocimiento y, sobre todo, la titulación de los territorios indígenas. Es posible pensar en figuras mixtas de protección de territorios indígenas junto al reforzamiento de áreas de salvaguarda ambiental. Esto obliga a iniciar un profundo debate sobre las actividades de extracción que se llevan a cabo o planifican en zonas con una alta vulnerabilidad cultural y ecológica, con la venia y el silencio del Estado pero, aún más, de los propios pueblos indígenas hoy “colonizados y sometidos ideológicamente”.
Venezuela puede dar pasos trascendentales en la materia, ya no solo en la declaratoria de los derechos territoriales indígenas, sino en la búsqueda de los mecanismos necesarios para su concreción.
Existe un amplio espectro normativo en la Constitución así como en otras leyes subalternas, que permiten resolver finalmente el tema estructural de la “demarcación” de los territorios indígenas.
Como consecuencia de lo anterior, se requiere de una gran voluntad política en el seno del parlamento nacional, así como de políticas públicas consultadas, debatidas y diseñadas para accionar uno de los principales derechos pendientes de los pueblos indígenas de Venezuela.
En necesario, desde el seno del parlamento, activar un mecanismo de consulta y concertación previa nacional, tal como lo establece la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, dirigida a los pueblos indígenas, los sectores y actores de la vida nacional involucrados, sensibilizados e identificados con el tema, que permita garantizar una real participación e inclusión de los indígenas en el diseño de políticas públicas para mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades, siempre tomando en cuenta nuestros usos y costumbres así como el paso de estos, de objetos de acción a sujetos de acción dentro de la vida nacional.
Los temas vinculados a la salud, educación, alimentación, comunicación, servicios públicos, infraestructura, participación y preservación del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, deben trascender de las prácticas gubernamentales asistencialistas y folcloristas para dar paso a políticas públicas sustentables en beneficio de nuestros pueblos originarios.
La Asamblea Nacional debe acabar con la práctica de tratar los temas que atañen a este importante sector del país en espacios cerrados y con actores indígenas de elites, que muchas veces terminan deslindados de la realidad sociocultural de sus pueblos por razones ideológicas y partidistas. Igualmente, la Asamblea Nacional debe, mediante la formación, acercar la práctica política occidental a la cosmovisión de los pueblos indígenas para que podamos tener correspondencia con un sistema que nunca será igual al nuestro, y de esa manera garantizar la verdadera participación inclusiva, alejada de la compasión, la lastima y el aprovechamiento de los desvalidos, sino un verdadero reconocimiento a venezolanos con la misma capacidad de aportar soluciones y alternativas a los grandes y pequeños problemas que hoy los aquejan.
Otro tema en deuda, es el de la asistencia y aplicación del sistema ordinario de justicia, aun cuando estos mecanismos se dejan asomar toscamente dentro de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas. El texto requiere una profunda revisión, análisis e interpretación entre los conocedores y especialistas de la materia y los pueblos indígenas.
De acuerdo al preámbulo de la Constitución nacional, la democracia en Venezuela es intercultural al señalar que la sociedad venezolana es de carácter pluricultural.
La nueva fuerza política que mayoritariamente llega al parlamento nacional obtiene mayoría calificada gracias a los tres representantes indígenas electos. Independientemente de la manera como estos fueron elegidos, la forma en que ellos han inclinado la balanza en la Asamblea Nacional obliga a una reconceptualización de la noción de la democracia en Venezuela, esta vez transversalizada por lo intercultural.
Grandes desafíos se le plantean a la Asamblea Nacional en materia indígena, que solo podrán ser resueltos con la movilización entendida desde la acción de propuestas, aportes, empoderamiento y reorganización del movimiento indígena venezolano.
La AN debe revisar y reformar la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas a fin de aclarar algunos desatinos que aparecen en ella, así como textos de La ley Orgánica de Educación, específicamente lo referente a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) (Art. 27).
Se debe impulsar, cuanto antes, una auditoria a los procesos vinculados a contrataciones de diversas índoles para el sector indígena, dentro del Ministerio de los Pueblos Indígenas.
Levantar, de manera urgente, los estados de excepción en las zonas fronterizas e indígenas.
Hermanos indígenas, avancemos por encima del discurso de la opresión y la victimización que solo nos ha servido para generar lástima, compasión y aprovechamiento de fuerzas para su propio beneficio. Pasemos a la participación, ejecución y aporte, asumiendo los roles que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos otorga frente a este momento histórico que hoy tenemos ante nosotros. No permitamos más nunca que sistemas políticos colonizadores nos engañen y utilicen, y asumamos nuestro rol de protagonistas en la construcción de nuestros planes de desarrollo sustentable.
*Líder wayúu Uliana. Egresado del Programa Liderazgo para la Transformación 2014. (Artículo escrito con aportes de indígenas y alijunas (no indígenas), socializado por Alfredo González Núñez)
En este link puedes conocer también la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional
(Presionando la foto de cada diputado puedes ver una breve reseña)
Nota de la redacción: Este artículo forma parte de la sección La voz de las comunidades publicado en la revista SIC 781 correspondiente a la edición de enero-febrero de 2016.
