Por Kapé – Kapé
“El Arco Minero del Orinoco y la expansión de la minería han afectado considerablemente el derecho fundamental de los pueblos indígenas a la autodeterminación y sus derechos con respecto a sus tierras, territorios y recursos, a la conservación y protección del medio ambiente, y a vivir en paz y seguridad. Al ACNUDH le inquieta profundamente la falta de consentimiento libre, previo e informado con respecto al establecimiento del AMO en sus territorios tradicionales”.
Esta es una de las conclusiones del nuevo informe publicado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, donde hizo énfasis en la independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia en el país, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales y la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco.
En el informe recuerdan que el Arco Minero del Orinoco (AMO) afecta los territorios tradiciones de 16 grupos de indígenas que viven en 197 comunidades ubicadas en esta área geográfica.
En la nueva actualización que hace la ACNUDH, sostienen que la minería tiene distintas repercusiones para los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos “principalmente debido a la presencia y la actuación de los grupos armados y al daño ambiental. Una de tales consecuencias es la pérdida de control de los territorios tradicionales y los recursos naturales, lo cual incide fuertemente en su derecho a la autodeterminación”.
La oficina indicó que los pueblos indígenas informaron que desde 2018 ha aumentado la violencia y actos de intimidación, la extorsión y el control de la circulación de los suministros esenciales, como combustible y medicinas.
“Los pueblos indígenas también han denunciado abusos contra los derechos humanos cometidos por bandas criminales en el territorio de las comunidades Ye’kwana y Sanema, situado dentro del AMO, con inclusión de actos de violencia física y verbal, robo y abuso sexual contra las mujeres”.
La destrucción ambiental fue eje focal en la mayoría de los testimonios recogidos por la oficina de la ONU, “en las palabras de un líder indígena, las minas están ‘destruyendo la madre tierra sin piedad’ sostienen que los pueblos indígenas y el medio ambiente están pagando el precio más alto como consecuencia de las actividades del Arco Minero del Orinoco”.
En este sentido señalan que la explotación minera de áreas geográficas donde se encuentran sus fuentes de agua potable y de alimentos, así como las vías de navegación tradicionales de la población, menoscabará sus derechos y dañará sus territorios.
“La información aportada por los pueblos indígenas confirma que la expansión de la actividad minera es un factor perturbador de sus formas de vida tradicionales y afecta su capacidad para mantener una relación espiritual con sus territorios”.
El informe señala la situación generalizada de violencia que se vive en el marco de la explotación en el AMO, que ha provocado la muerte de 149 personas desde 2016, y al menos 16 enfrentamientos violentos en minas.
De igual manera, refleja las amenazas del Arco Minero para los derechos de los niños y niñas que trabajan en las minas y son víctimas de la prostitución y la explotación sexual.
Por otra parte, el nuevo informe deja en evidencia que la falta de transparencia en relación a la información oficial sobre la actividad minera, le impide a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU determinar en qué medida el Gobierno ha logrado regularizar la actividad minera. “El Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico no ha publicado información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural, datos sobre el número y el nombre de las empresas con las que el Gobierno ha conformado alianzas, o sobre el número de mineros inscritos en el Registro Único Minero. El Banco Central de Venezuela tampoco publica información actualizada sobre los volúmenes de oro y otros minerales que recibe de la empresa minera estatal Minerven, ni sobre la cantidad de minerales que se exportan, o sobre cuál es su destino principal o el monto de divisas extranjeras que el Estado recibe a cambio”.
