Un informe de 443 páginas fue publicado este 16 de septiembre. Es el resultado de la investigación de la Misión Internacional Independiente de determinación de hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Su objetivo era revisar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.
La Misión constató que el Gobierno venezolano, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos cometieron violaciones flagrantes de los derechos humanos. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad. Específicamente se identificaron patrones de detención arbitraria y desapariciones forzadas que incluyen, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como, violencia sexual.
La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El presidente Nicolás Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.
Otro punto relevante es que en el informe se indica la ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, especialmente, el compromiso de independencia del poder judicial.
A lo largo del informe se evidencia cómo los niños, niñas y adolescentes son víctimas de delitos de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Huérfanos y muertos por acción policial
La Misión de la ONU pudo revisar la actuación de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), al igual que los procedimientos de varios cuerpos policiales como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y su cuerpo «élite»: Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).
El informe detalla que los investigadores de Naciones Unidas pudieron obtener cifras del Ministerio Público, aunque discrepaban con otras fuentes. Según el ente oficial, se identificaron a 505 personas muertas durante las OLPs (502 hombres y 3 mujeres, incluidos 27 adolescentes). Mientras que la Misión puso énfasis en solo 140 casos de OLP, en los que 413 personas fueron asesinadas (306 hombres, entre ellos 16 niños, niñas y adolescentes, y 3 mujeres. No se disponía de información sobre el sexo de 104 víctimas).
Uno de los casos mencionados fue el del 19 de noviembre de 2016, cuando el Batallón Caribeño del Ejército Venezolano 321 “Mayor General Pedro Zaraza”, en Caucagua (Miranda), recibió una llamada telefónica anónima, informando que un individuo armado se escondía en una casa en el sector de La Cotara, parroquia Aragüita . Una vez allí́, los militares detuvieron a un adolescente de 16 años, sacándolo de su casa sin orden de allanamiento ni de captura. Fue detenido junto con otros tres jóvenes que luego fueron liberados.
El adolescente fue trasladado a la base militar y detenido junto con otros tres jóvenes. Los soldados arrojaron botes de gas lacrimógeno por un agujero en el techo y luego lo cubrieron. Después de una hora, el joven comenzó a sentirse enfermo y fue trasladado a un hospital. Cuando llegó, no mostraba signos de vida.
Los soldados le dijeron al personal médico en servicio que el adolescente tuvo un ataque epiléptico. La exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, declaró que “cuando la doctora, una médica valiente, vio esa situación, dijo que no se trataba de un ataque epiléptico, porque la persona estaba demasiado herida, con una fractura de cráneo y otras lesiones de salud se puso en contacto con el Ministerio Público, que realizó una autopsia y determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por aspiración bronquial y politraumatismo”.
En 52 casos como este, se registraron entre una y tres muertes y en 36 casos se registraron entre cuatro y nueve muertes en una sola operación. En ocho casos se registraron diez o más muertes.
En total, la Misión examinó 2.417 incidentes en los que se produjeron 4.681 muertes por parte de las fuerzas de seguridad fuera del contexto de las OLPs/OLHPs. Las investigaciones revelaron también que dos fuerzas de seguridad, el Cicpc y la PNB/Faes, fueron responsables del 59% de los asesinatos en los años examinados. Ambas instituciones dependen administrativa y funcionalmente del Ministerio del Interior.
En los casos examinados, las víctimas eran en su mayoría varones jóvenes. Las víctimas masculinas se encuentran entre los siguientes rangos de edad: menores de 18 años (6%), entre 18 y 25 años (51%), entre 26 y 35 años (31%) y mayores de 35 años (11%). Sólo 27 de los casos examinados se referían a mujeres como víctimas de asesinatos.
Esto supone que además de ser asesinados por la acción policial, los niños también quedan huérfanos por estos operativos. Tal como se expone en el especial de investigación y crónicas, #InfanciaDeLuto, creado por Cecodap y Efecto Cocuyo.
Testigos de ejecuciones
La Misión pudo detallar patrones de un modus operandi en el que participaron cuerpos de seguridad. Los resultados arrojan otra modalidad en la que los crímenes de lesa humanidad expuestos por la ONU tienen repercusiones en los niños, niñas y adolescentes.
El patrón detectado por los investigadores es que los funcionarios sacan a familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, por lo general mujeres, ancianos y niños, limitando los testigos en el lugar de los hechos a las fuerzas de seguridad únicamente. Esto se repite tanto en las actuaciones de la OLP como del Cicpc o PNB/Faes.
Además, los niños son testigos cuando los agentes de seguridad entran a sus casas e incautan objetos sin una orden de allanamiento. La Misión también documentó denuncias constantes de testigos y víctimas de que las fuerzas de seguridad destruyeron muebles e instalaciones y robaron bienes como alimentos y enseres domésticos, así como dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras y otros objetos de valor.
Detenidos por el Gobierno
Si bien las cifras oficiales varían, el Ministerio Público dijo que, entre julio de 2015 y marzo de 2017, las fuerzas de seguridad detuvieron a 2.911 personas. Un año después del lanzamiento oficial de las OLPs, el Ministro del Interior se refirió a 2.399 personas detenidas por diferentes delitos. Provea ha documentado aún más, informando de un estimado de 15.946 detenciones en el contexto de las OLP solo en 2015.
La Misión analizó datos del Ministerio Público sobre 329 casos de detenciones en más de 160 operaciones, en las que participaron 877 personas presuntamente detenidas en flagrancia, entre el 12 de julio de 2015 y el 13 de octubre de 2016.
Entre los patrones que observaron se encuentran las detenciones temporales de familiares de las víctimas asesinadas, en particular mujeres, niños y mayores de edad, que fueron retirados por la fuerza de las casas o detenidos por breves períodos. Otras características del modus operandi fueron la falta de órdenes de aprehensión o información a las personas detenidas de las razones de su detención. Las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia durante las detenciones.
Uno de los testimonios recogidos por los investigadores fue el de Gregory Hinds, quien relató cómo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) usaron una celda para cometer actos de violencia contra los detenidos. En una ocasión, presenció cómo funcionarios golpearon severamente a tres adolescentes. Los funcionarios golpearon tanto a uno de los adolescentes que temió perder un ojo.
Un adolescente superviviente contó a la prensa que unos soldados le desnudaron y le golpearon con la culata de un rifle, antes de colgarle del techo de sus brazos e interrogarle sobre las bandas. Declaró: “Me dijeron: vamos a jugar un pequeño juego […]. Se llama electrocución.” Le administraron choques en el abdomen, el cuello, el pene, las nalgas, la espalda, las manos: “Sentí como si mis tímpanos fueran a explotar”.
