Nelson Freitez
El reciente llamado del alto gobierno para que la burocracia estatal frene el despilfarro y contraiga sus elevados sueldos no puede sino sorprender. Desde la llegada al poder el actual gobierno ha hecho una gestión cuyas prácticas más que promover la austeridad, han estimulado un uso de recursos dispendioso, incontrolado y sin una planificación real. Con tal manejo se han beneficiado grupos de nuestra sociedad que celebran que este haya sido el rumbo seguido por esta administración. Al respecto se puede apuntar, por lo menos, cuatro rasgos básicos prevalecientes en esta última década en la gestión de recursos públicos.
En primer término, la casi total ausencia de control y evaluación. La Contraloría General de la República no ha ejercido efectivamente su rol y las investigaciones y auditorias que ha realizado, no han trascendido ni a los órganos judiciales y sancionatorios ni a la opinión pública “para no darle armas al enemigo”. Desde el Plan Bolívar 2000 hasta hoy una cantidad considerable de programas y proyectos gubernamentales han presentado irregularidades, desviaciones, retrasos, paralizaciones y hasta el presente no ha habido sanciones ni siquiera despidos para sus responsables. El Plan Bolívar y el Fondo Único Social fueron declarados inauditables; en éstos proyectos a pesar del volumen gigantesco de recursos que les fueron asignados no se rindió cuentas, comenzando a enriquecer –ya desde los primeros años del gobierno- a nuevos grupos de burócratas –sobre todo militares de alto rango- y sus aliados, hoy conocidos como ‘Boliburguesía’. Este estreno gubernamental marcó una pauta de actuación que se exacerbó en la medida que aumentó el ingreso petrolero sobre todo a partir del año 2003.
En segundo lugar, el gasto público no ha podido ser controlado –entre otras razones- por que no es plenamente programado. Los Planes de Desarrollo Económico Social 2001-2007 y 2007-2013 constituyen formulaciones sumamente genéricas, con Planes Operativos anuales por sectores y organismos carentes de lineamientos rigurosos sobre el gasto. Los presupuestos anuales son calculados con base en varios escenarios sobre el volumen de ingresos estimados, siempre con una subestimación del precio del barril del petróleo, para contar con un cada vez más mayor nivel de ingresos adicionales que son utilizados de forma absolutamente discrecional. Uno de los factores de mayor dificultad para la planificación y control del gasto público, lo constituye el elevado volumen del mismo que se usa sin programación previa, al establecerse en “Partidas Genéricas” que permiten su utilización caprichosa y dispendiosa. En última instancia ésta es la forma de administración que se corresponde con una autocracia presidencial que decide el gasto sin planificación previa y sin control posterior.
Un tercer rasgo, tiene que ver con la anulación y desviación de los mecanismos legales y universales de contratación de obras. En los primeros años de gobierno en los que –según el alto gobierno- se confrontaba una ‘emergencia social’ no se implementaron las licitaciones previstas de obras y servicios, sino que la alta burocracia decidía la asignación de contratos con la escogencia a dedo de las empresas. Uno de los más allegados generales vinculados al Presidente llegó a señalar que las licitaciones sólo servían para entrabar a la administración pública, por que él mismo se encargaba de escoger las “mejores empresas”. La práctica de la “contratación por emergencia” se implementó ampliamente en gobernaciones y alcaldías, predominando en Lara en varios organismos de servicios públicos. Por esta irregularidad fue destituido el gobernador del Estado Yaracuy, el único –‘chinito de Recadi’- sancionado.
Un cuarto elemento presente en la perversa administración de recursos públicos, está asociado con el plan político- estratégico de la élite en el poder de desplazar a algunos de los grupos económicos tradicionales para crear nuevos grupos que acumulen capital pero no le disputen el poder político. De tal manera se han ido constituyendo o fortaleciendo grupos bancarios, inmobiliarios e importadores en cuya integración puede identificarse tanto representantes del empresariado tradicional como nuevos ‘boliburgueses’ provenientes de los grupos en el poder. Este plan político explica –en parte- el elevado endeudamiento del gobierno nacional a través de la oferta de bonos de la deuda pública que son adquiridos por tales grupos financieros, generándoles beneficios que no habían obtenido en toda su historia. También la persistencia de las importaciones de alimentos en la medida en que se busca la quiebra de la producción nacional, beneficiando a unas cuantas empresas importadoras vinculadas a ministros del ramo.
De tal forma que con estas prácticas –sin incluir el subsidio recurrente y creciente a otras naciones- el llamado a la austeridad no puede sino indignar. Las riquezas acumuladas por las empresas de quienes hoy se encuentran enjuiciados en una Corte de Florida por el caso del maletín de los 800 mil dólares, constituyen una bofetada para quienes -creyendo en este gobierno- aún esperan por la contraloría social, para evitar que se repita el doloroso expediente de la impunidad de unas “cúpulas podridas” y una “burguesía parasitaria”.
