Gregorio Mirabal, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA) expresó el rechazo y la preocupación de las organizaciones y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana ante la reactivación del plan Arco Minero del Orinoco, y la entrega de concesiones a empresas nacionales y transnacionales para la exploración y explotación de oro, coltán, bauxita y otros minerales, en territorios habitados ancestralmente por los pueblos originarios, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada y amenazando el hábitat, la cultura y los modos de vida de los pueblos indígenas.
“Nos afecta el pronunciamiento del Presidente de la República Nicolás Maduro, cuando expresó ante el país la reactivación del Arco Minero que afecta a toda la región de Guayana y ahí estamos los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana. Nos afecta porque se está hablando de una explotación minera, de extractivismo, de la búsqueda de recursos a un alto costo para nosotros. ¿Por qué?, porque significa la destrucción de los bosques, de las cuencas hidrográficas de los ríos más importantes de la Amazonía venezolana”, manifestó Mirabal.
El Ejecutivo venezolano anunció el pasado 24.02.2016 la reactivación del Plan Arco Minero del Orinoco, para hacer frente a la caída de los ingresos provenientes de la renta petrolera, profundizando el modelo extractivista y contradiciendo las propias afirmaciones del Presidente Nicolás Maduro sobre la construcción de un “nuevo modelo productivo en el país”. El plan contempla la explotación de alrededor de 200 millones de toneladas de bauxita y un aproximado de 44 mil toneladas de oro y diamante, entre otros minerales como el coltán. En un evento realizado en la sede del Banco Central de Venezuela, el ente y la estatal petrolera PDVSA, junto al al Ministerio de Petróleo y Minería, presentaron un plan de inversión a 150 empresas transnacionales y nacionales para la exploración en el llamado Arco Minero del Orinoco ubicado en la zona norte del estado Bolívar y noreste del estado Amazonas, entidades en las que habitan la mayor cantidad de pueblos indígenas del país.
Además el Presidente Maduro firmó el decreto del Plan de Cuantificación y Certificación de Reservas de los principales minerales que se encuentran en el Arco y que prevé certificar tres áreas de ese eje estratégico de 111 mil kilómetros cuadrados, donde existen yacimientos de oro, niquel, coltán, piedras preciosas, hierro, bauxita y otros minerales. Según informó el Ejecutivo el Arco Minero del Orinoco está dividido en cuatro bloques: Área 1, de 24.717 kilómetros cuadrados (km2), limitada por el río Cuchivero (coltán y diamante); Área 2, de 17.246 km2, limitada por los ríos Cuchivero y Aro, (minerales no metálicos y oro aluvional); Área 3, de 29.730 km2, limitada con el río Aro (hierro y bauxita); Área 4, de 40.152 km2 (oro). A ellas se suma el Bloque Especial Icabarú, con superficie de 1.754 km2, con abundante presencia de diamante y oro.
El Programa de la Patria, oferta electoral del fallecido presidente Hugo Chávez, contempla entre sus objetivos estratégicos el impulso del plan Arco Minero del Orinoco, un proyecto que, de la mano de las transnacionales, está orientado a “duplicar las reservas minerales de bauxita, hierro, coltán…”, en los estados Bolívar y Amazonas, y con el que se pretende explotar minerales en territorios habitados por comunidades Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi, quienes ya sufren amenazas a su modo de vida debido al auge de la minería ilegal, la militarización de sus territorios y la presencia de grupos irregulares armados en sus hábitats. Cabe recordar que en septiembre de 2012, el gobierno venezolano y la empresa china Citic Group suscribieron un acuerdo en el que se contemplaba la instalación de 27 campamentos geológicos en todo el país, para elaborar el mapa geológico de la nación y “…ubicar los nuevos yacimientos minerales en el Escudo de Guayana, Sistema Montañoso del Caribe, Cordillera de los Andes y Sierra de Perijá…”, así como planificar la política minera nacional, un hecho violatorio de la soberanía nacional, al entregar a manos de empresas extranjeras una labor propia del Estado Venezolano.
En marzo de 2013 la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Amazonas (COIAM) difundió un comunicado expresando su preocupación por los planes y proyectos de desarrollo minero anunciados por el Gobierno Nacional basados en la activación del Arco Minero y en el acuerdo suscrito con la transnacional Citic Group. La COIAM rechazó la implementación inconsulta del Arco Minero del Orinoco, y denunció estos planes como la continuidad de una política desarrollista y extractivista con “marcados matices capitalistas y contraria a nuestra concepción sobre la vida y la madre naturaleza como bien primordial para el sustento colectivo”. Las organizaciones indígenas que conforman la Coordinadora señalaron además la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 120 de la Carta Magna y exigieron la revisión inmediata de los proyectos y el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, debido al impacto destructivo en términos ambientales y socioculturales del Arco Minero del Orinoco.
En sus Observaciones Finales sobre el examen periódico realizado en 2015 al Estado venezolano por el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) y el Comité de Derechos Civiles y Políticos (Comité DCyP) afirmaron que ante la profundización del modelo extractivista en el país, el Estado tiene la obligación de garantizar todas las medidas que sean necesarias para que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada antes de la implementación de proyectos que afecten sus territorios, su modo de vida y su cultura: “Particularmente en los procesos de concesión de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos”. Estos órganos de Naciones Unidas recomendaron al Estado la necesidad de aprobar un reglamento de Consulta Previa Libre e Informada, que asegure la participación activa de las propias comunidades en su elaboración.
Los Comités ONU también se pronunciaron sobre el proceso de demarcación y titulación de territorios, que como han denunciado las propias organizaciones indígenas se encuentra estancado y con menos del 15% de realización, a pesar que la Constitución Nacional establecía un período de dos años para ser llevado a cabo en su totalidad. Según la ONU se deben adoptar “las medidas necesarias para completar la demarcación y titulación de tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, a fin de garantizar el derecho que tienen a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”.
“Necesitamos urgentemente la reactivación de la comisión nacional de demarcación de los territorios indígenas, porque en Amazonas está paralizada. Hay muchos expedientes de los hermanos indígenas, el pueblo yanomami, el pueblo arawaco, el pueblo yekuana, el pueblo hoti, el pueblo sanema, que están esperando por la reivindicación de sus territorios para garantizar la vida los pueblos indígenas”, dijo Mirabal.
Finalmente Gregorio Mirabal lamentó que nuevamente los proyectos extractivos en el país se pretendan imponer a las comunidades indígenas, violando la garantía del derecho a la consulta previa. “Lo que más nos preocupa es que no hay la consulta previa como dice la Constitución. Tiene que haber una consulta con las personas que van a ser afectadas o beneficiadas por un proyecto, en este caso un proyecto extractivista que realmente afectaría, no solamente en lo económico, sino más que todo en la salud, en el ambiente, en el cambio climático. Nosotros queremos, desde este espacio, a todo el pueblo venezolano, al Gobierno Nacional, a buscar un diálogo, a aperturar una consulta previa porque los pueblos indígenas estamos realmente preocupados por esta situación. Para nosotros la minería no es progreso, para nosotros la minería es destrucción, es la muerte de los ríos, de los bosques, de los pueblos indígenas.”
Provea, junto a las comunidades y organizaciones indígenas, promoverá la articulación de esfuerzos para denunciar y declarar la inconstitucional imposición del plan Arco Minero del Orinoco, y exigir la garantía del derecho a la consulta previa y el incumplimiento de la obligación estatal de avanzar en el proceso definitivo de demarcación de tierras indígenas, elemento imprescindible para el pleno disfrute de los derechos de los pueblos originarios del país.
Fuente: Prensa Provea
