Por Víctor Álvarez R.*
La legitimidad del liderazgo político descansa en la autoridad que le confiere el apoyo que recibe. En el más reciente estudio de Dantin Corp y Focoos Surveys, a la pregunta ¿Cuánto confía usted en el liderazgo político venezolano para solucionar la crisis del país?, el 47 % respondió “nada” y el 36 % “muy poco”. En total, un 83 % de los consultados rechaza al liderazgo político del país.
Esta realidad se traduce en una pérdida de la capacidad de los partidos para ser intermediarios de la sociedad civil ante los poderes públicos y para la representación autorizada y movilización electoral de la ciudadanía. El desprestigio y debilidad de los partidos políticos emplaza a la ciudadanía a organizarse para asumir una mayor responsabilidad en la vida política y en la gestión pública, sin pretender desplazar a los partidos ni a los órganos de gobierno. En las primarias abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) podía votar cualquier ciudadano inscrito en el Registro Electoral, pero realmente fue un evento para medir el caudal electoral que aún le queda al partido de Gobierno.
El PSUV se atrevió a hacerlo, probó su maquinaria de movilización electoral y ahora tiene una idea más clara de cuántos son los que irán a votar por sus candidatos en las “Megaelecciones” del próximo 21 de noviembre (21-N).
Más allá de cómo quedó la correlación de fuerzas internas entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, lo cierto es que estas primarias no generaron heridas graves. La desgracia en la que han caído los disidentes del chavismo crítico es suficiente escarmiento para mantener la cohesión interna. En el PSUV temen que, en caso de dividirse y perder el poder, serían víctimas de una persecución aún mayor. Y ante esa convicción, la lucha por la sobrevivencia es un incentivo muy fuerte para mantenerse unidos. De allí que uno de los asuntos claves para lograr una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano sea el tratamiento que va a recibir el bloque político que resulte perdedor en una elección presidencial.
Para preservar la cohesión interna en el chavismo sus máximos líderes se hacen generosas concesiones internas. Por eso, la Dirección nacional del PSUV se reserva la prerrogativa de ratificar estas candidaturas o cambiarlas por otras. El mismo día de las primarias, voceros del PSUV advirtieron que la Dirección nacional podría decidir candidatos diferentes a los ganadores en las primarias y revisar las candidaturas de aquellos estados donde los ganadores no lograron la ventaja de 10 puntos. Así fue como en los estados de Trujillo, Monagas, Cojedes, Apure y Bolívar fueron seleccionados como candidatos a gobernador otros dirigentes del PSUV que ni siquiera participaron en las primarias, desconociendo así la voluntad de los militantes que votaron por los precandidatos que si se habían postulado.
La vida interna de un partido es el retrato o la imagen del país que quiere construir. El régimen interno de una organización política se refleja en su forma de actuar, en las vías que toma para tener acceso y preservar el poder, en la forma como ejerce el gobierno, en la manera como trata a quienes lo adversan. A partir de estos comportamientos de los partidos se pueden proyectar los diferentes regímenes democráticos o no democráticos que van a instaurar en caso de conquistar o mantenerse en el poder.
Si entendemos por régimen político el conjunto de instituciones y mecanismos que regulan la lucha por el poder y su ejercicio, así como los valores que sustentan esas instituciones, la pugna interna en el partido de gobierno deja ver cuál es su orientación predominante. Como vimos en las primarias, en varios estados se impusieron unos criterios de selección de los ganadores que, en definitiva, le dieron la última palabra a la cúpula dirigente y no a la militancia. El problema de este modelaje interno es que se proyecta a la vida del país, donde la voluntad de la soberanía nacional ejercida a través del voto termina desplazada por la decisión arbitraria de la élite gubernamental. El ejemplo más emblemático es la reiterada designación de los llamados protectores por encima de los gobernadores y alcaldes elegidos por la mayoría de los electores.
Una de las claves para caracterizar una forma de gobierno está en la mediación política entre gobernantes y gobernados. Los regímenes autoritarios no tienen una base real de legitimidad popular. El voto termina siendo un mecanismo aparente, simulador, mediatizado. Solo si es abrumadoramente mayoritario podría servir para presionar cambios sustantivos en el acceso y manejo del poder.
Ante un gobierno que apenas cuenta con un precario apoyo del 20 %, si se impone la abstención, el descontento del país no pasará de ser una fuerza potencial que no logrará convertirse en energía cinética para impulsar el cambio que el país necesita. El Gobierno no quiere que el 80 % de sus adversarios voten porque serían barridos en las Megaelecciones del 21-N. Llamar a la abstención desorganiza y desmoviliza políticamente a los ciudadanos. Pero la oposición abstencionista considera colaboracionista y traidor a todo aquel que rompa con su línea y decida participar en el proceso electoral.
Si la mayoría descontenta se abstiene ante una oferta electoral mediocre y dividida, la minoría que vote por el PSUV devendrá en una mayoría. Para capitalizar electoralmente el 80 % del malestar nacional hay que presentar una oferta electoral que interprete el sentir nacional, exige la presentación de buenos candidatos cuya experiencia, trayectoria y compromiso sean su mejor credencial ante los desgastados dirigentes políticos alejados del sentir de la gente. Pero los partidos de la oposición no terminan de concretar candidaturas unitarias. La pugna de egos y resentimientos impide a las cúpulas llegar a acuerdos. Tampoco hay tiempo para realizar primarias ni recursos para contratar encuestas.
Las falsas expectativas de una mayor presión internacional que resuelva el conflicto nacional tienen que ser sustituidas por un mayor protagonismo de los ciudadanos en la vida política del país. Es necesario abrir nuevas vías para renovar y legitimar el liderazgo del país descontento. Para convertir en una mayoría política el malestar nacional la ciudadanía no militante en los partidos está llamada a resignificar la acción política, romper la inercia, recuperar la confianza en el voto y retomar la ruta electoral para lograr una solución democrática y pacífica del conflicto venezolano.
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*Economista. Premio Nacional de Ciencias | @victoralvarezr
