Carlos F. Lusverti
En su reciente intervención ante la Asamblea Nacional, la Fiscal General de la República, con motivo de la propuesta de ley contra los delitos mediáticos indicó:
“Constituye un valor constitucional la protección a la seguridad de la Nación, y este valor, si lo colocamos frente a la libertad de expresión, debe prevaler la seguridad de la nación, siendo su defensa responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, personas naturales o jurídicas que se encuentren en el espacio geográfico nacional.” Vea la fuente original en documento de la Fiscalía General
La Fiscal comete un error pues subordina los derechos humanos a la seguridad de la nación cuando es al revés: la seguridad de la nación está subordinada a los derechos humanos, es decir que la seguridad de la nación existe para proteger a los derechos de las personas. Contrario a la opinión de la Fiscal, la Constitución a texto expreso dispone en general la preeminencia de los derechos humanos (Art. 2) no de la seguridad del Estado. Si bien es cierto que la seguridad de la nación es importante, ella es instrumental al verdadero fin del Estado: la defensa y protección de los derechos humanos, uno de los cuales es el derecho a la libertad de expresión e información. (Art. 326).
Si bien las normas sobre derechos humanos (Art. 13 Convención Americana sobre Derechos Humanos) admiten restricciones a la libertad de expresión en función de asegurar la protección de la seguridad nacional y el orden público; dichas restricciones no pueden desnaturalizar el contenido del derecho, siendo aquellas estrictamente necesarias. Ello significa que tales limitaciones deben estar previstas en detalle en las leyes y no quedar sometidas a regulaciones vagas u oscuras, que conlleven a restricciones o censura indirectas que “impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” como la que puede derivarse en casos de autocensura por el temor a sanciones desproporcionadas.
