Texto publicado en El Nacional. Domingo 29 noviembre 2009
Adriana Rivera
El director de la revista SIC asegura que el Ejecutivo falló al no haber convocado el Consejo Federal de Gobierno, lo que le habría ahorrado las críticas por la falta de planificación. Advierte que si el proyecto de ley que regirá esta instancia se aprueba, el país tendría un modelo de “democracia indirecta”
Cuando el padre Arturo Peraza revisó el proyecto de ley del consejo federal, que está en manos de la Asamblea Nacional, comenzó a preguntarse nuevamente qué clase de socialismo propugna el Gobierno, que dice darle más poder al pueblo mientras aleja la posibilidad de que las comunidades decidan sobre los asuntos de su interés. El abogado y doctor en Ciencias Políticas emplea una metáfora médica fiel a su oficio docente para ilustrar cómo se detenta el poder en Venezuela: el país tiene una cabeza hidrocefálica y un cuerpo raquítico, anatomía que poco se diferencia a la de décadas pasadas.
El Consejo Federal de Gobierno, la instancia de coordinación con las regiones que estableció la Constitución de 1999, es la arteria a través de la cual se delegan funciones y erogan recursos. Pero el sistema se congestionó: “Se buscaron otros canales, que muchas veces no funcionan. El Presidente se queja de la falta de planificación de su gestión pública, pero el consejo, que nunca ha convocado, era el canal institucional para hacerlo.
Implica la reunión de alcaldes y gobernadores de cada entidad para discutir cómo transferir competencias y recursos para un mejor y más eficiente gasto público al servicio de la comunidad”.
—¿Entonces cómo se ha definido ese gasto?
–De manera no planificada ni coordinada. En la Constitución soñamos con un federalismo cooperativo, en el que todas las instancias colaboran en función de un fin común.
Lamentablemente, lo que ha ocurrido es que sólo las gobernaciones afectas al Presidente han tenido alguna coordinación relativa con el Ejecutivo.
El día que la gente decide cambiar de gobernador, como pasó con el estado Miranda, los progresos comienzan a tener problemas porque no es una cooperación institucional, sino afectiva, de identificación ideológica y sentimental con el primer mandatario. El Estado es una organización institucional que pasa por encima de esos agentes porque lo que interesa es el servicio público, la gente. En función de ese objetivo se acuerdan políticas públicas en común. El Ejecutivo es responsable de que no se haya reunido el Consejo Federal de Gobierno, porque independientemente de que no hubiera ley, está en la Constitución y con eso era suficiente para convocarlo. Además, fue una omisión grave de la Asamblea Nacional, que esperó 10 años para discutir la norma.
Ambos entes tienen responsabilidad en esa inexistencia de planificación. Las gobernaciones, alcaldías y el Gobierno nacional, cada uno por su cuenta, hacen lo que creen mejor.
—Pero quienes defienden el proyecto observan que más bien promueve la participación popular…
–El artículo 13 del proyecto tiene como buena intención la participación e incluso menciona a los consejos comunales y las comunas, que son organizaciones de base territorial. El problema tiene que ver con cuál es el mecanismo para que participen.
Se habla de organizaciones de base popular, pero uno no entiende cuál es el concepto de pueblo aquí, si son sólo los sectores empobrecidos o si la clase media y los más pudientes también entran. Esa ambigüedad puede generar discriminación y eso está prohibido constitucionalmente. Hecha la advertencia, vemos que el proyecto dice que estas organizaciones elegirán a sus respectivos voceros, que a su vez eligen a otros voceros más, que reunidos en asamblea eligen a un delegado. Hay tres grados entre el delegado y el ciudadano. Eso se llama elección indirecta. Yo al gobernador lo elijo directamente, voto por nombre y apellido; también elijo a los diputados. Pero el proyecto de ley plantea una elección de tercer grado. ¿Y ese funcionario pretende representarme de la misma manera que un gobernador que fue electo directamente por la población? Detrás de esto hay un modelo piramidal, que busca el control del poder.
— ¿Más poder para el Presidente?
–Se autoriza la creación de lo que el artículo 7 del proyecto llama “regiones federales de desarrollo”. Esa figura, que depende en infraestructura, organización y funcionamiento de la Presidencia de la República, es el reforzamiento del poder nacional y del presidencialismo. Tenemos que fijarnos en la tendencia que se estableció con la Ley de Distrito Capital: la creación de un funcionario, no electo por los ciudadanos sino por el Presidente, para el ejercicio del gobierno local, que atenta contra el sentido de democracia establecido en la Constitución. Si el funcionario no es electo, tampoco puede ser revocado por la población. ¿Cómo acercas al pueblo a un funcionario que no eliges ni revocas, sino que depende del Ejecutivo y casi seguro del Presidente? Sería imponer a un funcionario sobre los gobernadores y crear una instancia de poder público que no existe en la Constitución. Incluso, se requiere la autorización del Presidente para convocar el consejo, cuando ésa era una competencia del vicepresidente. El jefe del Estado no sólo autoriza la reunión, sino que lo allí decidido debe también recibir su visto bueno. Ese consejo no podrá decidir por sí mismo aquello que convenga a los centros de descentralización.
–El gobernador Rafael Isea ha dicho que la ley permitiría cambiar la estructura del Estado burgués, al que culpa de no permitir el desarrollo del socialismo.
–Me pregunto si esto es realmente socialismo, que no permite la participación directa de los ciudadanos y niega la estructuración de un mecanismo de control del poder. No se ha logrado ejecutar una verdadera relación entre los consejos comunales y las comunas con las alcaldías y gobernaciones, sino que la relación se ha centralizado con el poder nacional. Si no se pasa por las mediaciones de gobernaciones y alcaldías, se rompe el marco democrático y el derecho a la participación, porque el ciudadano común no tiene acceso al Presidente ni a los ministros. Al funcionario que está cerca de mí, que es electo, como el gobernador, el alcalde o el concejal, lo puedo revocar, pero al que es designado no. El ciudadano no puede revocar al delegado en el Consejo Federal de Gobierno. Para el que esté encargado de las “regiones federales de desarrollo” tampoco hay revocatoria. Se anula la posibilidad de demanda directa, de tú a tú, frente al funcionario. En el proyecto se describe un modelo tan indirecto de democracia que termina rompiendo la posibilidad real de participación.
–Sin gobernadores ni alcaldes, ¿cómo se ejecutarían las políticas públicas?
–A través de un sistema de elección indirecta, que es como el partido. Vamos a poner el caso de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Sindicatos y federaciones integraban la confederación y, con un modo de elección indirecta, no había manera de que cambiara el presidente de la CTV porque el mecanismo está hecho para que la organización no se modifique. ¿Por qué todos en Acción Democrática se peleaban el cargo de secretario de organización? Porque él tiene el control de la maquinaria y en ese mecanismo indirecto siempre tendré la posibilidad de imponer mi voluntad.
En los sistemas directos no; la gente vota por quien representa sus intereses en un momento determinado. Los delegados para este modelo de Consejo Federal de Gobierno se moverían en términos de maquinaria; se reeditaría el funcionamiento de la CTV y AD. En el fondo seguimos siendo lo mismo. No hemos logrado ser una democracia verdaderamente participativa. Este modelo habla de participación, pero genera estructuras que no la permiten.
–¿Los consejos comunales tienen la capacidad para asumir esas responsabilidades?
–Seguramente no, por eso su dependencia del poder nacional, que es en el fondo el que asume esas competencias.
La participación ciudadana no es el ejercicio del poder, sino la influencia determinante sobre quienes toman las decisiones.
No es la gente la que ejecuta las políticas públicas. En los Estados modernos tienes un equipo de gente, de burocracia en el buen sentido, que se encarga de ejecutarlas y están entrenados para ello. Por ejemplo, en el tema de la seguridad no le puedo entregar armas al barrio y decirles que se defiendan. Hay que tener una policía entrenada, bien formada. Los consejos comunales tienen un conjunto de ideas muy importantes sobre a dónde deben ir las inversiones en las comunidades, qué se necesita, incluso pueden colaborar en el desarrollo del programa, pero el abandono del Estado genera desorden. No puede seguir dejando solas a las comunidades, tiene que acompañarlas con una burocracia efectiva que atienda los problemas reales de la gente. Esa burocracia está en las alcaldías, en las gobernaciones. La interrelación entre el consejo comunal, la alcaldía y la gobernación permitiría ser eficientes en los gastos, en la prestación de servicios básicos como agua, salud y vivienda.
–¿Qué modelo de Estado pudiera configurarse a la luz de este proyecto de ley?
–Llevamos 10 años conviviendo con un modelo de Estado doble. Las misiones son un sistema paralelo al institucional. Casi todas las políticas públicas han funcionado así. Se cree que hay que desmontar el sistema institucional para armar uno nuevo. El problema de la propuesta es que llevamos 10 años y la sensación que la gente tiene es como lo que ha pasado en Barrio Adentro, que en un momento fue una muy buena idea y solucionó problemas, pero progresivamente demandó de nuevo una institucionalidad.
Y te consigues con lo que se topó Jacqueline Faría, que había que rehabilitar más de 500 módulos y no hay atención médica. Pero es peor porque tampoco los hospitales funcionan; fueron abandonados porque, justamente, los iban a sustituir.
Promesas rotas
El director de la revista SIC del Centro Gumilla, Arturo Peraza, critica con vehemencia los retrasos de la Asamblea Nacional en la sanción de leyes en materia social y laboral. Recuerda que en 2007, en la campaña por la reforma constitucional que fue rechazada en las urnas electorales, se hicieron promesas que aún siguen sin cumplirse: la disminución de la jornada laboral y la propuesta de que la seguridad social alcanzara a todos los trabajadores, incluso a los del sector informal. Para Peraza, introducir cambios como estos en las leyes era más fácil y menos controversial que otros puestos en marcha como el de la creación del cargo de jefe de gobierno del Distrito Capital. “De la reforma se han implementado legislativamente sólo aquellos aspectos relacionados con la centralización y el crecimiento del presidencialismo, con el control del poder. Pero lo que el Gobierno más publicitó y le vendió a los ciudadanos como una necesidad es, justamente, lo que no se ha hecho”.
