Por Alfredo Infante s.j.
Hace dos semanas, Nicolás Maduro introdujo ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la inconstitucional ley antibloqueo, la cual fue aprobada, de manera exprés y sin discusión, por los miembros del órgano ilegítimo, y tiene como base teorías conspirativas que señalan que la causa de nuestros males son las sanciones impuestas a nuestro país por Estados Unidos, y, en menor escala, por la Unión Europea (UE).
Desde Signos de Los Tiempos hemos venido insistiendo en que las sanciones internacionales -que comenzaron en 2015, cuando el gobierno de Obama decretó el bloqueo a los fondos de funcionarios corruptos del régimen1, y continuaron en agosto de 2017, cuando la administración de Donald Trump las extendió a Pdvsa y el Estado Venezolano2- han agudizado, sin duda alguna, nuestra emergencia humanitaria compleja, pero de ninguna manera pueden ser consideradas la causa estructural de la crisis venezolana.
Por el contrario, hay suficientes datos para afirmar que la imposición de un Estado paralelo y un modelo económico improductivo a imagen y semejanza del autócrata (por la vía de leyes habilitantes, a partir de 2007, después de la fallida reforma constitucional, y, más tarde, en la administración de Nicolás Maduro, por vía de los sucesivos decretos de emergencia económica) ha sido la variable de más peso en el colapso del país, pues con esta estrategia se fueron colocando los destinos de la Nación a discrecionalidad del autócrata de turno y se puso el erario público a merced de la corrupción desmedida, como lo denunciaron, en 2013, exministros de la propia revolución3 organizados en la llamada “Plataforma para la auditoria pública y ciudadana”.
Dicho esto, dejamos claro que, en primer lugar, validamos el congelamiento de fondos a funcionarios que han saqueado las arcas públicas para sus fines privados y abogamos por la repatriación de dichos capitales para el bien común de nuestro país; y en segundo lugar, reiteramos nuestro rechazo a la ampliación de las sanciones económicas al Estado venezolano por parte de la administración Trump, porque las mismas han agravado la emergencia humanitaria compleja, no siendo la causa, pero sí una variable importante en la profundización del hambre, las enfermedades y el colapso de los servicios públicos; además, han servido de pretexto para el diseño de instrumentos jurídicos autocráticos e inconstitucionales, como los sucesivos decretos de emergencia económica y, recientemente, la ley antibloqueo, instrumentos fundados sobre la base de las teorías conspirativas.
Estas teorías conspirativas son un reflejo de la paranoia del poder de facto y han servido de apalancamiento ideológico para una política de seguridad nacional represiva y de violación sistemática a los derechos humanos, sin precedentes en nuestra historia. En parte, esta situación está visibilizada en el informe de 2019 de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y se ha hecho más evidente en el informe presentando, en septiembre de 2020, por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, avalada por la ONU, que señala al Estado venezolano y sus altos funcionarios de “crímenes de lesa humanidad”. Esto ofrece indicios de que el régimen trata al cuerpo social como su potencial enemigo y a la sociedad civil organizada y los partidos políticos de oposición como enemigos internos.
La reciente ley antibloqueo es una señal clara de que el gobierno de facto no está dispuesto a ceder un ápice en su propósito de permanencia y concentración de poder y, mucho menos, piensa corregir o modificar su patrón represivo, pues la mencionada ley, como lo señala el constitucionalista Alejandro González Valenzuela, tiene como finalidad esencial “consolidar un nuevo paradigma constitucional, signado por un régimen de excepción con vocación de permanencia, que apunta a un deslinde definitivo con los objetivos programáticos y el proyecto político (democrático), establecidos en la Constitución de 1999, el cual viene a sumarse a otros dos estados o situaciones de excepción, que de manera inconstitucional ha establecido la coalición dominante: el estado de emergencia económica (Vid. artículo 6 de la pseudo ley) y el estado de alarma por el Covid-19… En suma, la coalición dominante, en el contexto de excepcionalidad y facticidad precitado, al autoatribuirse poderes excepcionales, extraordinarios y exorbitantes, ha creado (en los hechos) un nuevo ‘orden constitucional´, en virtud del cual, aspiran a asumir de manera ilegítima la dirección política del Estado o Indirizzo Político (Ejecutivo y Parlamentario), lo que consolidará a la Constitución de 1999, como una Constitución fachada”4.
Por su parte, para la filo-chavista “Plataforma en defensa de la Constitución”, con la ley antibloqueo, en materia económica “el gobierno de Maduro pretende vaciar al Estado de su sustento constitucional escudándose en las sanciones imperiales, con el fin de avanzar hacia un proceso opaco de reorganización del Estado, privatización de los sectores estratégicos de la economía, particularmente de la industria petrolera, y de transferencia de los activos de la Nación a una burguesía emergente surgida del cazarentismo y la acumulación mafiosa de capital procedente de la corrupción. En el capítulo II de esta ley se sientan las bases del modelo neoliberal desterritorializado, típico de los países primario exportadores subordinados al capital corporativo transnacional, que pierden la soberanía sobre sus territorios y el Estado termina convirtiéndose en un simple instrumento de administración e intermediación colonial, porque pierde su autonomía y soberanía al someterse a la lógica del capital corporativo y las leyes de la globalización neoliberal, plasmadas en el llamado derecho mercantil privado internacional, en el régimen de protección de inversiones y del comercio internacional, mediante los cuales se crean obligaciones que perforan el ejercicio de la soberanía económica y de jurisdicción de la República”.5
En su exhortación pastoral del 15 de octubre, la Conferencia Episcopal Venezolana también advirtió la ilegalidad de este instrumento, señalando que “la llamada ley antibloqueo, aprobada por la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente, es una expresión más de la voluntad del gobierno de conducir a nuestro país por caminos distintos a la legalidad, y así, dilapidar los recursos nacionales que son de todos, con el agravante, que ahora pretende hacerse de forma oculta y totalmente discrecional”.
Como Iglesia, alzamos la voz ante esta nueva herramienta que contribuye con la destrucción de la institucionalidad democrática y muestra el carácter depredador del régimen. Una vez más se confirman las palabras de Jesucristo, cuando alertó que “los amos de las naciones tiranizan y oprimen, no sea así entre ustedes”. (Mt 20,25)
Referencias:
- https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150309_ultnot_eeuu_venezuela_sanciones
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41055728
- https://www.laiguana.tv/articulos/14702-plataforma-para-la-auditoria-publica-y-ciudadana-desfalco/
- latina-son-de-250-afirmo-la-profesora-del-centro-de-formacion-fe-y-alegria-luisa-pernalete-78025
- https://revistasic.gumilla.org/2020/las-implicaciones-politicas-y-constitucionales-de-la-ley-antibloqueo/
- https://www.aporrea.org/actualidad/a296040.html
Fuente: https://mailchi.mp/917bdb5e16c3/signos-de-los-tiempos-n-75-9-al-15-oct-2020
