Javier Contreras, s.j.
Entre diversas manifestaciones de realidades compartidas transcurrió el 2015. Elecciones, fragilidad institucional y escándalos por corrupción fueron signos visibles de un año en el que la noticia más esperanzadora ha sido el significativo avance del Proceso de Paz en Colombia.
Muchas cosas han sucedido desde el 26 de agosto del 2012, fecha en la que se firmó en la Habana, Cuba, el instrumento que cobijaría el proceso de negociaciones entre los representantes del Gobierno de Colombia y los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito Popular (FARC – EP). El recorrido que comenzó en ese momento estaba lleno de incertidumbres y obstáculos que ahora parecen haberse sorteado, dentro de lo que sea posible en un proceso de esta naturaleza en donde los intereses de mayor peso no son siempre los de las víctimas.
Luego de alcanzar acuerdos en puntos como la lucha contra el narcotráfico y sus implicaciones, la futura presentación de un proyecto de reforma agraria y la participación de los guerrilleros en la vida política, el 23 de septiembre del 2015 las partes delinearon el marco dentro del cual los actores del conflicto resarcirán a la sociedad colombiana. La discutida y polémica justicia transicional fue punto de encuentro entre los negociadores, al mismo tiempo que representa una suerte de carta de navegación para lo que está por venir, el posconflicto.
Tildar de polémica la instrumentación de la justicia transicional es recordar cómo su invocación divide la opinión de colombianos y analistas internacionales respecto a su posible efecto. Internamente, el más mediático de los detractores del proceso de paz es el ex presidente Álvaro Uribe, quien sistemáticamente ha tratado de aglutinar voluntades y acciones en contra de lo que considera es “entregarle el país a las FARC”[1].
La pulseada entre la corriente uribista y el rol negociador de la administración Santos evidencia la polarización aun existente en sectores específicos de la sociedad, pero con el avance del proceso de paz y los resultados de las elecciones regionales de octubre del pasado año, en las que el partido liderado por el ex presidente perdió en sus dos grandes aspiraciones, la alcaldía de Bogotá y la alcaldía de Medellín, centros poblacionales claves en la dinámica social política y económica, se intuye que más allá de las dudas y algunos temores la atmósfera nacional favorece la implementación de los acuerdos.
Cuando llegue el 23 de marzo del 2016 se conocerá si la propuesta de firmar el fin de conflicto no fue demasiado ambiciosa en cuanto a tiempos. Independientemente de lo que suceda esa fecha, y de lo que representará el posconflicto, Colombia y Latinoamérica, mayoritariamente, celebran este tipo de procesos cuyo momento presente condensa la aspiración de millones de personas: paz, reconciliación y futuro.
Argentina entre temores
Pretender gobernar o llegar al gobierno teniendo como principal característica la defensa a ultranza de una serie de postulados, fácilmente atribuibles a deformaciones ideológicas en tanto son capaces de negar el sentido de realidad, es perjudicial para cualquier sociedad ya que la incapacidad de dialogar con otras opciones y corrientes se impone, por una especie de contagio programático, a los ciudadanos que a la hora de manifestarse, en este caso a través del voto, quedan inmersos en la lógica del blanco y negro, ambiente en el que los filos y las fobias ganan terreno a la racionalidad y la libertad.
Lo anteriormente expuesto ilustra la imagen que rodeó las elecciones presidenciales en Argentina, evento en el que las propuestas del derrotado Daniel Scioli (candidato de un ala del peronismo y afín a la expresidenta Fernández) y el ahora presidente Mauricio Macri giraron, en buena parte, en magnificar los temores que producía pensar en la opción contraria. Así las cosas, las alusiones a los desgastados términos izquierda y derecha fueron una constante en la campaña electoral.
En concreto, lo que cobra notoriedad y genera expectativa en los países de la región es cuál va a ser la dirección político – económica del nuevo Gobierno y cuál será entonces, desde ese punto de partida, la repercusión en el ensamblaje latinoamericano en los próximos años. Esto de cara a las relaciones internacionales, sin dejar de lado el impacto que dicha dirección llegue a causar en la cotidianidad de los argentinos, quienes idealmente están llamados a ser la prioridad de toda acción emprendida por su dirigencia.
Desde la toma de posesión Macri ha echado mano de la figura de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para proponer e implementar ciertas acciones que dibujan su plan de Gobierno. En palabras del periodista Gustavo Cirelli, colaborador de Info news, los DNU son “un recurso que le permite al Gobierno avanzar sin detenerse a dar demasiadas explicaciones”.
Observar las principales medidas tomadas por el Gobierno durante su primer mes de gestión ayuda a tener una idea del impacto (real y simbólico) que están teniendo en la sociedad argentina y más allá de sus fronteras. 1) Eliminación del cepo cambiario[2]. 2) Eliminación o disminución de las retenciones para el trigo, el maíz y la carne. 3) Eliminación de los subsidios al servicio eléctrico, medida efectiva partir del mes de febrero.
Estas decisiones, sumadas a la tensión existente por la reforma a la Ley de Medios, instrumento que regula el manejo y la distribución de competencias de los medios de comunicación, inviable para Macri pero valorada por sectores del país, invitan a pensar en la importancia de los hechos que superan al discurso. Racionalidad económica para algunos, viraje a la derecha para otros; una nueva etapa o retroceso histórico, según quien lo analice. Hoy es prematuro juzgarlo, pero no se puede obviar ninguna señal, por mínima que parezca, de cuál será el derrotero de las políticas argentinas, que por obvias razones tienen un gran peso en todo el continente.
Crisis política y escándalos de corrupción en Brasil
Al hacerse público en el año 2014 el manejo ilegal detrás de las contrataciones en el área de la construcción vinculada a la estatal Petrobras, se abrió una puerta que permitió ver la magnitud y la longevidad del multimillonario entramado de relaciones ilícitas que hacen vida, casi naturalmente, en la política brasileña. Como era de esperarse, la onda expansiva de la detonación afectó la reputación, y por ende, la estabilidad del Gobierno.
Durante el 2015 la situación se agudizó desde lo institucional, teniendo como hecho fundamental la solicitud de inicio de un proceso de juicio, con la consecuente destitución de su cargo, a la presidenta Dilma Rousseff. Dicha solicitud cuenta con el aval de los cuatro principales partidos de oposición y con disidentes del oficialista Partido de los Trabajadores. Vale destacar que este proceso no está directamente ligado con el caso Petrobras, se sustenta en una supuesta irregularidad en el manejo de fondos para seguros de desempleo y créditos para campesinos.
Claro está que un juicio político siempre permite dudar sobre la motivación de fondo que lo impulsa, entendiendo que el deseo de hacer justicia y la oportunidad de ganar en tribunales lo que no se pudo a través de elecciones, queda separado por una línea muy delgada. En todo caso, y con la intención de ampliar la mirada sobre lo que sucede en Brasil, conviene tener presente la declaración del juez federal Sergio Moro: “Hay pruebas e indicios de un escenario de corrupción sistemática”[3].
El desenlace de este caso será de suma importancia para la gobernabilidad en Brasil y en alguna medida para la institucionalidad de la región. Puede ser también un parámetro para analizar la salud de los proyectos de gobierno que como el brasileño, han logrado avances significativos pero comienzan a dar señales de fisuras internas.
Haití: elegir en un marco de fragilidad
Clima de violencia y la siempre presenta pobreza signaron el previo a las elecciones presidenciales, fijadas para el 25 de octubre del 2015. Más de 40 candidatos pero pocas propuestas realmente solidas conformaron la oferta electoral que lejos de ganar en profundidad recordó el estancamiento socioeconómico del país, producto de la falta de conexión entre los intereses de una minoría dirigente y las necesidades de las grandes mayorías.
Los resultados de la elección ubicaron al candidato del partido oficialista, Jovenel Moise en primer lugar, y a Jude Celestin en segundo. Ambos tendrán que medirse en una segunda vuelta que inicialmente debió realizarse el pasado 27 de diciembre, pero que por faltas de garantías técnicas y de seguridad, quedó pautada para el 24 de enero del 2016.
Indudablemente la situación de Haití es un llamado de atención para el hemisferio. El deterioro tan prolongado como progresivo de su economía, la debilidad institucional llevada a extremos, la corrupción y las catástrofes naturales han conspirado contra los habitantes de un país que se rezaga ante la mirada de todos.
El espejo mexicano
Una historia como la del narcotraficante Joaquín Guzmán, alias el chapo, representa la síntesis de la degradación de un sistema de seguridad y justicia, de la misma forma que interpela respecto al maridaje entre algunos funcionarios de los Gobiernos nacionales y regionales con las organizaciones delictivas de mayor poder e influencia económica.
Como los asistentes a una tragicomedia, la sociedad mexicana ha presenciado mediante los medios de comunicación los hasta ahora dos últimos grandes actos del guión: una nueva fuga (julio 2015) y una nueva captura (6 de enero 2016). En lo repetido de los episodios está la comedia, lo trágico lo constituye que con el paso de los años no es la solidez y transparencia de los organismos del Estado lo que gana protagonismo, lo hace la impunidad y la soberbia de los delincuentes y mafiosos.
Todavía está fresco el recuerdo de los estudiantes víctimas de la vinculación gobierno – delincuencia que dieron nombre propio al drama en Ayotzinapa. Son muchas las familias que han perdido a sus seres queridos, y que a pesar de sus denuncias no encuentran respuesta por parte de las autoridades, no en pocos casos lo que encuentran es intimidación y maltrato.
Ahora se prepara el escenario para un nuevo acto: la posibilidad de la extradición de Guzmán hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En realidad no cambia nada si lo trasladan fuera de México o no, ya que el debate de fondo, la imagen que debe ser tomada como referencia por otros países para evitar dar el mismo reflejo, es la urgente recomposición del tejido social, junto a la ineludible tarea de intentar adecentar a la dirigencia política y su entorno.
Javier Contreras, s.j. es miembro del Consejo de Redacción de SIC.
Notas
[1] Declaraciones de Uribe en un acto en el que anunció la posibilidad de recoger firmas para mostrar el desacuerdo ante el manejo de las negociaciones. Tomado de la revista Semana en su edición digital. 20/09/2015.
[2] Equivalente a control cambiario o restricción de manejo de moneda extranjera.
[3] Tomado de elobservador.com.uy con fecha del 31/10/2015.
