Por Alfredo Infante s.j.
Con la reciente publicación del informe sobre violaciones a los derechos humanos elaborado por la “Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, la voz de miles de víctimas ha sido escuchada a nivel internacional, gracias, en primer lugar, a su empeño en hacerse respetar y transitar el largo y tortuoso camino de la verdad y la justicia, aún incipiente; y en segundo lugar, al incansable trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Esto, por supuesto, también ha sido posible gracias a la capacidad de escucha de los integrantes de la misión de la ONU, convirtiéndose en un hito en la lucha por la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Un espaldarazo para seguir el camino.
Hoy, el gobierno venezolano está bajo la lupa por graves señalamientos que, en palabras de la propia Misión de Naciones Unidas, constituyen crímenes de lesa humanidad con responsables directos.
Se trata de una violación sistemática y generalizada de DD.HH. y de crímenes que ocurren, además, en un escenario país con colapso de los servicios públicos más básicos como agua, electricidad, salud, educación o transporte; escasez de gasolina y una devaluación del bolívar que ha pulverizado el poder adquisitivo, llevando el actual salario mínimo al valor de menos de 1 dólar mensual.
Ante esto, se ha acrecentado el malestar y la indignación en la población y el país ha estallado en protestas por los cuatro puntos cardinales. Así lo explicó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) a través de su cuenta de Twitter:
“Lo que caracterizó la conflictividad social en agosto y lo que siguió en septiembre fue la escasez de gasolina y exigencia por servicios públicos”. La mayoría de las manifestaciones pacíficas de este año han sido por derechos sociales. Hay un descontento evidente por problemas que aquejan la vida cotidiana de todos: precariedad en servicios públicos, escasez de gasolina, acceso a alimentos y medicinas”.
Las protestas han sido brutalmente reprimidas por la fuerza pública y los colectivos paramilitares: “Colectivos paramilitares actúan con total impunidad y coordinación con los cuerpos de seguridad”, agregó el OVCS. En pocas palabras, continúan las graves violaciones de derechos humanos y se reafirma nuevamente, con los hechos, los señalamientos del informe de la misión de expertos independientes de la ONU.
Por si fuera poco, toda esta situación acontece en un contexto de pandemia, donde el Estado está obligado a garantizar las condiciones de vida y de convivencia que posibiliten el resguardo social, pues, como fue anunciado meses atrás por la acosada y vilipendiada Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), “el país debe prepararse para el impacto que representa un número entre 1.000-4.000 casos nuevos diariamente durante el pico de la epidemia, que podría producirse entre junio y septiembre de este año”1. Sin embargo, el Estado no sólo no está garantizando los derechos básicos y el derecho a la vida, sino que sigue reprimiendo con brutalidad el descontento, criminalizando el derecho a la protesta y, de igual modo, persiguiendo y criminalizando la disidencia política.
En medio de esto, resulta necesario que volvamos la mirada al informe de la comisión independiente y repasemos las valoraciones que, al respecto, tienen dos emblemáticos defensores de derechos humanos del país2.
Para Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, el reporte constituye un hito histórico:
“Es un documento histórico porque resume los errores que el régimen ha cometido. Lo que finalmente ha dicho a las víctimas es que la violación de derechos humanos en Venezuela, no solo ha sido responsabilidad de un funcionario sino una política de Estado. Finalmente, es dicho por un órgano de la ONU. Esto dice mucho de la realidad del país, en el sentido de que señala las conductas de los mecanismos del Estado, particularmente de la Dgcim, el Sebin, las Faes, lo cual hace un patrón de desapariciones forzosas y de tortura. El informe agrega que los centros de detención son lugares clandestinos, que son utilizados para la tortura y para aislar a los prisioneros. Es claro destacar que estas violaciones son declaradas como delitos de lesa humanidad. Cabe destacar que el informe no se limita a la violación de derechos humanos de los opositores en contra del régimen, a los diputados, sino también a la población en general, al ciudadano común, ya que la represión no es solo con la oposición política, sino también con el ciudadano como un medio de control social. Otra cosa que distingue este informe es que sí se pone con nombre y apellido a los responsables de estas atrocidades. Es verles el rostro a los autores de estos delitos y mostrarlos ante la comunidad internacional, y esto es muy importante porque es un paso hacia la justicia”.
Por su parte, Susana Raffalli, experta en seguridad alimentaria y asesora de Cáritas Venezuela, valora el informe como un primer paso hacia la sanación y reconciliación nacional:
“Yo pensaría que hoy, esta fecha, debe ser recordada como el día de la memoria, o el inicio de la divulgación de la memoria. Al divulgarse nos sirve de espejo (…) porque nos tiene que doler a todos, porque vernos en ese espejo hace que esa vejación sea un maltrato colectivo a la nación como un todo, y solo pasando por ahí, garantizaremos que esto no se vuelva a repetir y que se designen las responsabilidades individuales y colectivas en todo esto. Es un informe del todo contra el olvido, no puede haber Estado, no puede haber política, no puede haber Fuerza Armada que imponga el olvido. Este informe es la reparación integral para que no se olvide lo que ha sucedido en Venezuela, y lo que nos han hecho. Mi corazón y mi alma están con las víctimas, con los familiares y con todos los venezolanos que nos sentimos maltratados. Esto es un primer paso de sanación, de garantía, de esperanza, de reconciliación y de perdón”.
Ante esta tragedia, la Iglesia sigue acompañando a las comunidades, con paciencia histórica, defendiendo los derechos humanos, asistiendo humanitariamente a las poblaciones más excluidas y vulnerables y apostando por una solución pacífica ante tanto sufrimiento, consciente de que «La cosecha es abundante, pero los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como ovejas entre lobos” (Lc 10,2-3)
NOTAS:
1.-https://efectococuyo.com/salud/la-academia-de-ciencias-fisicas-matematicas-y-naturales-proyecta-un-pico-mil-casos-de-covid-19-diarios-en-el-pais/
2.- Transcripciones de entrevistas concedidas al programa Humano Derecho de PROVEA a través de Radio Fe y Alegría
Fuente: Boletín N° 73 del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco.
