Todo sistema político democrático que sea diseñado para tener ciertos niveles de durabilidad en el tiempo, requiere unas “válvulas de escape” en función de poder escuchar las voces que disientan de quienes ostenten el gobierno en un momento determinado. Esto es clave, si pensamos en procesos de oxigenación necesarios para mantener la vitalidad democrática por largo tiempo. No hacerlo, implica generar acumulaciones de frustraciones colectivas que, de proporciones minoritarias, llegan a convertirse en verdaderos tsunamis que culminan con saldos enormes que lamentar.
La democracia requiere dar cabida a todas las voces, en mayor o menor proporción, según su peso específico de apoyo popular, para canalizar mediante los mecanismos legales consensuados por la amplia mayoría y así evitar “coladas” o “atajos” e inclusive, eventos lamentables que socaven las bases de una convivencia ciudadana mínima. Por eso, el tema de la libertad de expresión y de opinión es fundamental en esto de la convivencia y del procesamiento de las diferencias en paz y de acuerdo a las reglas. Al propio tiempo, se necesitan canales, vías, mecanismos de comunicación para que todas estas voces puedan manifestarse oportunamente y sin cortapisas o manipulaciones partidistas. Cualquier hegemonía en este sentido, sea económica o partidista e inclusive institucional, simple y llanamente, cierra las válvulas de escape necesarias.
En esta dirección, pareciera que las redes sociales son el mecanismo más propicio por excelencia para la práctica de la democratización de la información y la opinión. Pero estamos en el comienzo apenas y las consecuencias políticas de este fenómeno todavía están por verse en sus múltiples dimensiones. Con respecto a este último punto, también es importante ver la calidad de la conexión a internet y si hay monopolios en su acceso porque esto limitaría por vías indirectas su potencial democratizador.
En todo caso, Venezuela hoy vive un momento complejo que requiere de válvulas de escape institucionales. Si no se lee bien correremos riesgos innecesarios de socavamiento democrático a mediano y largo plazo.
