Carmen Pérez
Flashes. “En tres días 178 colombianos han sido deportados desde Venezuela” (El Espectador, 3 de febrero de 2015). “Venezuela ha deportado más de mil colombianos” (Descifrado, 12 de marzo de 2015). “1.070 colombianos han sido deportados desde Venezuela en 2015: Cancillería” (Vanguardia.com, 12 de marzo de 2015). “Más de mil colombianos han sido deportados de Venezuela en 2015” (El Nacional, 13 de marzo de 2015). “Chivos expiatorios: a los migrantes colombianos los hostigan, les impiden comprar alimentos, los detienen y los deportan con maltratos…” (Socorro Ramírez en El Tiempo, 13 de marzo de 2015). “Deportados colombianos enfrentan un doble drama” (Últimas Noticias, 18 de marzo de 2015). “Más de 2 mil colombianos deportados de Venezuela en 2015” (Radio Fe y Alegría Noticias y diario El Universal, 24 de abril de 2015).
De esta manera podría continuar con la innumerable lista de titulares publicados en medios digitales e impresos que hacen referencia a las masivas expulsiones sufridas por los ciudadanos de nacionalidad colombiana en Venezuela. Titulares que escasamente muestran la realidad, pero en cambio diluyen los rostros e historias de quienes se ven obligados a salir del país bajo el manto de la humillación. Si bien es cierto que el Estado tiene la potestad para regular todo lo relativo a la admisión, ingreso, permanencia, registro, control e información, salida y reingreso de los extranjeros al país (de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Extranjería y Migración), también es cierto que la deportación requiere de un procedimiento administrativo llevado a cabo por las autoridades competentes en materia de extranjería y migración. Pero, en el día a día, estas medidas han sido violentadas de principio a fin, veamos:
¿Qué pasa con el derecho a la unidad familiar?
En un sector conocido como Caño Las Monas, ubicado en El Nula, Alto Apure, un autobús lleno de ciudadanos colombianos indocumentados que se dirigía a Arauca fue detenido por una cadena humana de niños, estudiantes de una escuela primaria de la zona. En la unidad de transporte se encontraba la madre de uno de los niños, que logró bajarse; el resto de los que le acompañaban no corrieron la misma suerte y de manera arbitraria fueron expulsados del país. Estas personas fueron detenidas en un puesto de control por efectivos militares. Luego de largas horas de espera, mientras lograban juntar un número importante de colombianos, se ubicó la unidad de transporte para realizar el traslado. Ahora bien, ¿son los efectivos militares las autoridades competentes para realizar una expulsión?, ¿dónde queda el procedimiento administrativo señalado en la Ley antes mencionada?, ¿qué pasa con el derecho superior del niño y el derecho a la unidad familiar?
Otro caso es el de la señora Aurora, quien tenía aproximadamente veinte años en Venezuela y sus tres hijos son venezolanos. Ella fue retenida en La Caramuca, puesto de control ubicado en el estado Barinas. Efectivos militares le retiraron su documento de identidad colombiana y la citaron para la oficina de Saime en Guasdualito, estado Apure, donde le sería devuelta su documentación; además le comunicaron que allí le darían respuesta para su proceso de regularización. Sin dudarlo, la señora Aurora se dirigió a la oficina con todos los documentos y papeles que demostraban su arraigo en el país (partidas de nacimiento de sus hijos venezolanos, carta de residencia otorgada por el consejo comunal de su sector, carta donde declaraba ser beneficiaria de la misión vivienda, etcétera). Mientras era atendida por un funcionario del Saime se le hizo firmar, bajo engaño, una carta de salida voluntaria del país. Sin saber qué hacer, llena de miedo y desconcierto, solo pudo esperar para ser trasladada a otra oficina del Saime en El Amparo y de allí salir en dirección a Arauca-Colombia, junto a su hijo venezolano de 11 años. Esta es una abierta violación a los derechos humanos del niño y la mujer, sumado a un desconocimiento y atropello, nuevamente desde el poder, al principio de unidad familiar.
Una política anticolombiana
La expulsión arbitraria de la señora Aurora sucedió a mediados de 2013 y como ella muchas otras personas, inocentemente y bajo engaño, se dirigían de igual manera a esa oficina soñando con la obtención de un papel que les hiciera valer aquí. Tristemente encontraron la salida en un abrir y cerrar de ojos, sin tiempo de empacar o despedirse de algún ser querido. Es necesario traer a colación estos hechos porque dan cuenta de un triste proceso xenofóbico que se ha venido gestando poco a poco desde las instituciones públicas, y que ha convertido a los ciudadanos colombianos en los principales responsables de casi todos los males que aquejan a los venezolanos.
Hasta el mes de abril suman más de 2 mil personas expulsadas bajo una práctica irregular de deportación. El modus operandi ha variado; ya no se les engaña con falsos procesos de regularización, ahora son capturados en medio de una cola para hacer mercado. La señora Etelbina, de 38 años de edad, colombiana, con cinco hijos, expresa con tristeza: “Solo puedo comprar alimentos en los chinos, ya que no nos dejan comprar en Bicentenario, Garzón ni Sandrita. Nos dicen que no podemos comprar, esa es la orden y si no nos retiramos va a venir migración [Saime] y nos van a deportar”. En la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, los efectivos militares realizan redadas diariamente para cumplir con el número de deportados. Ya no hay amenazas; hombres, mujeres embarazadas, mujeres con niños, adultos mayores, todos son trasladados al módulo de migración del Saime, de allí son llevados a San Antonio y luego a Cúcuta, sin tiempo ni oportunidad para demostrar elementos de arraigo en el país. De esta manera, los más de 2 mil colombianos expulsados se convierten en más de 2 mil historias de atropello y vejación que están quedando detrás de cámara porque la escena principal muestra y justifica políticas de Estado para la protección de la soberanía nacional, ¿protegerla de qué? es la pregunta que se hacen algunos con mayor sensatez.
Por su parte, la respuesta de Colombia ha sido, en gran medida, de atención a las personas que entrega el Estado venezolano de manera formal. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores se le ha otorgado a los diferentes Centros de Migraciones financiamiento para el alojamiento, alimentación y transporte terrestre para dirigirse a sus ciudades de origen. La Defensoría del Pueblo ha intentado atender y hacer seguimiento a casos de mayor gravedad, tales como menores no acompañados, solicitantes de refugio y personas con problemas de salud.
¿Culpable hasta que se pruebe lo contrario?
El a priori debería ser: inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero en el caso de los extranjeros colombianos esta sentencia parece convertirse en una prueba diabólica (como le llaman los abogados). Frecuentemente señalados y culpabilizados de todo: la escasez, el contrabando, las guarimbas, etcétera. A la señora Irene un efectivo militar le hizo saber parte de las ideas que sostienen el mal trato que reciben sus connacionales en el estado Barinas: “Todo lo que aquí pasa es culpa de los colombianos. Eso de las guarimbas, todo eso es culpa de los colombianos. Los colombianos son los que están haciendo saqueos, son los de los paramilitares. El problema que hay en este país es por los colombianos”.
Tales ideas realmente son inquietantes, se van impregnando en la conciencia de algunos venezolanos, e incluso de colombianos que no se han visto en riesgo de expulsión. Nada puede justificar que seres humanos sean objeto de acciones discriminatorias debido a su nacionalidad, especialmente cuando el Estado pareciera estar ciego, sordo y mudo para garantizar un verdadero proceso de regularización de extranjeros. Desde el año 2004 no se realizan jornadas de cedulación para extranjeros, las personas que se registran en el Saime (primer paso para su regularización migratoria) no obtienen respuesta para continuar con el proceso. En el caso de las personas solicitantes de refugio, 90 % tienen de uno a once años esperando respuesta, y desde el año 2011 fue suspendido el visado de pasaportes colombianos, lo que convierte a cualquier ciudadano del hermano país en un indocumentado forzado.
Toda nación tiene derecho a regular y modificar sus políticas migratorias, no obstante ninguna modificación debe vulnerar los derechos humanos de las personas. Es realmente triste y vergonzoso pronunciar un discurso de hermandad Latinoamericana y al mismo tiempo ejecutar políticas migratorias discriminatorias que atropellan la dignidad de los ciudadanos colombianos, ¿a eso se le puede llamar doble moral?
Voces
“El sábado 25 de abril yo iba hacia La Fría donde trabajo en una finca. Pararon el autobús en una alcabala, era un operativo especial. Nos agarraron a todos los colombianos: niños, mujeres embarazadas, ancianos con lentes. Nos llevaron a la capilla detrás del terminal de San Cristóbal, teníamos mucho miedo porque no nos decían qué estaba pasando. Un señor muy mayor sufrió un infarto. De allí nos llevaron al Saime de San Antonio, nunca nos explicaron, solo nos decían: ꞌUstedes no tienen derecho a nada, por dos años no pueden pisar Venezuela, si se regresan los metemos presosꞌ. Yo le dije que me había venido por la violencia en Colombia y que tenía papel de refugio y el del Saime solo me dijo: ꞌEso no vale nadaꞌ. De allí nos sacaron y nos soltaron en Colombia”.
“La verdad es que yo me siento aquí, en Venezuela, bastante preocupada porque es muy triste que uno vaya, por ejemplo, como me pasó hace dos semanas que fui para el Pdval de Tacabacare (Barinas) y pues me encuentro con que hay un señor de Migración en la cola y que cuando uno llega afuera en la cola, recogen las cédulas. El extranjero, los colombianos, llegan y entregan su cédula tranquilitos. Cuando recogen cincuenta cédulas ahí no te dicen nada, el colombiano llega y entrega su cédula inocentemente y cuando entran a la puerta para pasar a la caja, ahí de una vez, te hacen a un lado y llaman al señor de Migración y no sé para dónde te llevan. Lo que sí he visto es gente llorando en esa cola. Hace dos semanas yo fui y me encontré seis personas detenidas ahí, unas señoras con los ojos hinchados de tanto llorar, se me hizo un nudo en la garganta de no poder decir nada”.
