A pesar de la pandemia del COVID-19, las FAES no descansaron su violencia y terror contra los más vulnerables de Venezuela, el estado Mérida no fue la excepción y registró 24 muertes a manos de estas fuerzas de seguridad de Maduro, solo en los primeros seis meses de 2020. La Policía Nacional Bolivariana (PNB), a través de su cuerpo élite las FAES, se convirtió en el cuerpo policial más letal en esta región andina. El 100 % de las víctimas fueron hombres entre 18 y 25 años.
Especial Provea | Centro Gumilla*
El 46 % de las muertes ejecutadas por organismos de seguridad en el estado Mérida las perpetraron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), durante el primer semestre de 2020. En este lapso, lamentablemente, se registraron 24 nuevas víctimas por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, violentando el derecho a la vida y siendo una muestra del uso desproporcionado de la fuerza policial en Venezuela.
El estado Mérida ocupa el tercer lugar con menos casos de ejecuciones extrajudiciales en comparación con los estados Táchira y Trujillo. Sin embargo, esta región andina se distingue por registrar más actuaciones de letalidad por parte de las FAES, reconocida por las constantes violaciones a los derechos humanos a nivel nacional.
¿Qué es una ejecución extrajudicial? Una ejecución extrajudicial es un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen, sin pasar por ningún proceso judicial.
El municipio Alberto Adriani ocupa el primer lugar de ejecuciones extrajudiciales con 38% de los casos, en esta jurisdicción fueron 9 víctimas de presuntos asesinatos cometidos con armas de fuego de los cuerpos de seguridad del Estado.
Los municipios Campo Elías, Zea, Santos Marquina y Libertador registraron 3 muertes cada uno para un total de 12 presuntas ejecuciones extrajudiciales en cuatro municipios. También hubo incidencias en los municipios El Rosal, Sucre y Pueblo Llano con una víctima en cada jurisdicción.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue el segundo cuerpo policial más violento, con 8 presuntas víctimas en Mérida, lo que representa el 33% de todas las personas que murieron por violencia policial en el estado andino. Mientras que la Guardia Nacional (GNB) fue adjudicada con 3 presuntas víctimas por violencia, para un 13% de todas las víctimas.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) sin la actuación de las FAES, fue el responsable de una presunta ejecución extrajudicial en seis meses. Y otra muerte se correspondió a una actuación mixta del CICPC y la Guardia Nacional (GNB).
Varias de las muertes ocurrieron en circunstancias poco claras, siendo reportadas como jornadas de investigación o patrullaje policial, donde supuestamente la mayoría de las víctimas usaron armas de fuego para provocar enfrentamientos, sin más detalles sobre los acontecimientos.
Este tipo de muertes se reporta como “neutralizados” o “abatidos”, como una forma de omitir que fueron personas asesinadas, y así evitar el derecho universal a la vida, consagrado en la Constitución. Estos crímenes han sido perpetrados por funcionarios de seguridad en el ejercicio de sus funciones, haciendo uso arbitrario, abusivo e innecesario de la fuerza, lo que constituye una violación a los estándares nacionales e internacionales de actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
¿Qué es el derecho a la vida? El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. Artículo 43, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Más víctimas los lunes
En Mérida, el único día en los seis meses donde no ocurrieron ejecuciones extrajudiciales fue el jueves. Mientras que en los registros se observa que los demás días de la semana sí registraron casos. Los lunes, miércoles y viernes fueron los días con más procedimientos de letalidad. Estos indicadores muestran que los cuerpos de seguridad son fieles a días programados para realizar operativos de muerte.
El número de muertes por mes es poco variable en esta región andina. En enero ocurrieron 5 muertes de personas a manos de la fuerza pública. En febrero hubo una víctima y en marzo volvió a aumentar a 4 víctimas. En abril los funcionarios siguieron su ritmo de muertes con 5 fallecidos, en mayo unas 4 y en junio otras 5 personas murieron de la misma manera.
Las víctimas son los más jóvenes
De las 24 víctimas, 9 tenían una edad comprendida entre 18 y 25 años. 7 personas tenían entre 26 y 40 años de edad. Mientras que, de 8 personas en las publicaciones de medios regionales no se aportó la edad.
De las personas fallecidas, 18 víctimas fueron reportadas con nombre y apellido, pero 8 las reportaron sin identificación. A varios de los que no tenían identificación les fue añadido un apodo para referirse a la persona.
El caso de Yosnier de Jesús Calderón Guzmán resalta entre los más jóvenes, con solo 24 años de edad, murió por disparos con arma de fuego por presuntos funcionarios del CICPC, a las cuatro de la tarde del 1 de junio de 2020.
El cuerpo policial CICPC indicó que los funcionarios se encontraban en una investigación relacionada con delitos contra la propiedad de Yosnier, por la calle principal de El Rosal, municipio El Rosal, del estado Mérida.
Bajo el discurso que utilizan en gran parte de las muertes, los funcionarios confesaron que “notaron la presencia de un joven, quien al ver los uniformados, mostró un arma de fuego y disparó contra la comisión policial, por lo que se inició un intercambio de disparos, donde Yosnier resultó herido”.
EL CICPC asegura que luego de dispararle, trataron de auxiliarlo y lo trasladaron al Hospital II San José, donde el personal médico de guardia procedió a atenderlo, falleciendo a los pocos minutos de su ingreso, según reseñó el Diario Frontera. Luego lo nombraron con un apodo para no identificarlo con su nombre y apellido.
La versión de los familiares de Yosnier es diferente, ellos indican que el joven de 24 años estaba dentro de su casa bañándose, cuando los funcionarios del CICPC entraron a la vivienda sin orden judicial. Los testigos aseguran que no hubo intercambio de disparos entre Yosnier contra el CICPC, sino que estos dispararon sin mediar palabra alguna, acabando con su vida y dejando otra víctima más de las ejecuciones extrajudiciales de los cuerpos policiales de Venezuela.
*Trabajo realizado entre el Centro Gumilla y Provea como parte del monitoreo a la violencia institucional policial y militar en Venezuela.
