Este es un trabajo realizado por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) con relación a los comicios del 6 de diciembre de 2015, efectuados para elegir a los parlamentarios de la nueva Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021. El mismo fue elaborado a fin de ser entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE) e igualmente para ser dado a conocer públicamente. Aquí el lector encontrará un examen de dicho proceso, así como una serie de recomendaciones orientadas a mejorar nuestro sistema electoral, en el entendido de que este es una pieza clave de la democracia
Observatorio Electoral Venezolano (OEV)*
A continuación se describe, en trazos muy generales, el contexto en el que tuvo lugar la elección de la nueva Asamblea Nacional. El propósito es comprender mejor las circunstancias que rodearon el proceso que culminó con las votaciones del 6D, así como el marco general en el que el OEV llevó a cabo su trabajo.
La crisis general del país
El proceso electoral parlamentario de 2015 tuvo lugar en un contexto profundamente marcado por una crisis, expresada en varios planos de la vida venezolana.
Destaca claramente una profunda crisis económica causada, aunque no solo, por la notable caída de los precios petroleros en el mercado internacional, a partir del año 2014. Sin entrar en los detalles, los diversos indicadores económicos ofrecían el retrato de una situación grave: caída espectacular del PIB, una elevada inflación, un enorme déficit fiscal, aumento desorbitado de las importaciones….
Lo anterior tuvo derivaciones muy graves en términos sociales: desempleo en grados críticos, aumento de los niveles de pobreza, escasez de alimentos y medicinas (con las consabidas colas para tratar de obtenerlos). Por otro lado, la violencia en sus múltiples formas crecía dramáticamente, al tiempo que se manifestaban preocupantes signos de anomia social.
Finalmente, y como telón de fondo, se dejaba ver una severa crisis política y adicionalmente una crisis institucional, de muy negativas consecuencias que se dejaban ver en la debilidad de los diferentes sistemas de arbitraje social.
Las elecciones en el contexto descrito
Las elecciones se dieron en un contexto muy negativo y complicado que asomaba, por primera vez en muchos años, la posibilidad de una derrota política importante del Gobierno. En efecto, así lo registraba consistentemente la mayoría de las firmas encuestadoras, dibujando un escenario que en distintos sectores de la población abría interrogantes y temores sobre el proceso electoral.
Algunas medidas que marcaron el proceso electoral
Al margen de la campaña electoral propiamente dicha y, en buena medida también, de la denominada “pre-campaña”, se adoptaron previamente algunas medidas, de diferente naturaleza y alcance, no solo por parte del CNE, sino también de otros poderes públicos que, en diverso grado, según cada caso, influyeron en el proceso comicial.
Entre las mismas es importante destacar las que se mencionan a continuación.
La renovación parcial de la directiva del CNE
La prevista designación de tres nuevos rectores del CNE a quienes se les vencía su periodo, demoró casi dos años en realizarse con respecto a lo establecido en la Constitución. Adicionalmente, el nombramiento no corrió por cuenta de la Asamblea Nacional, sino del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya decisión ratificó el desequilibrio político de años anteriores, conservando en la directiva un evidente sesgo a favor del Gobierno, contraviniendo el espíritu del artículo 293 de la Constitución, e ignorando la percepción recogida en varias encuestas, en el sentido de que el electorado no confiaba en el CNE considerándolo como un árbitro parcializado en sus decisiones. Dicho de manera coloquial, vulneró el principio aquel según el cual “la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo”.
La fecha de las elecciones
Sin que el CNE diera razón alguna, la fecha de los comicios parlamentarios se fijó de manera tardía, generando desconcierto no solo entre los actores políticos, sino también en la ciudadanía, dando pie para que se reiteraran ciertas dudas en torno a la neutralidad del CNE en el desempeño de su papel de árbitro electoral.
La designación de los diputados del Parlatino
Atendiendo a un exhorto que le hizo la Asamblea Nacional, el CNE optó por no convocar a una elección popular con el propósito de designar a los diputados del Parlatino, según lo había hecho en ocasiones precedentes. Al contrario de ello, determinó que los diputados fueran nombrados en el seno del propio Parlamento, sin que fueran conocidas del todo las razones que fundamentaron la decisión.
Al proceder de esta forma el CNE le mandó a los venezolanos un mensaje muy negativo por cuatro razones. Primera, partidizó una decisión electoral, visto que el exhorto de la AN solo fue respaldado por la bancada oficialista. Segunda, menoscabó la autonomía del CNE como Poder Electoral al aceptar un planteamiento de la AN, hecho, además, sin que los venezolanos fueran informados de las razones para proceder de esta manera. Tercera, desmejoró la calidad de las elecciones al lesionar la participación política, impidiendo la elección universal, directa y secreta de los diputados venezolanos al Parlatino, tal y como se venía efectuando desde el año 1998. Y cuarta, no hay duda de que la medida adoptada le restó importancia política al Parlatino ante el electorado venezolano.
Las inhabilitaciones políticas
Otra medida fue el uso del recurso de “inhabilitaciones administrativas” para impedir candidaturas de líderes de oposición, como las de María Corina Machado y Carlos Vecchio o encarcelamientos y juicios que sacaron del juego a algunos otros dirigentes, como el caso de Leopoldo López. Las inhabilitaciones no fueron resultado de sentencias judiciales firmes, que son las únicas que constitucionalmente cercenan el derecho a ser elegido. Sin embargo, por carencia de independencia de los poderes públicos, el TSJ avaló este procedimiento.
El decreto de estados de excepción
A fines de agosto el presidente Maduro decretó el “estado de excepción” en cinco municipios del estado Táchira, con el propósito de controlar el contrabando hacia Colombia. Posteriormente, la medida se extendió a otros municipios del mismo estado, así como de otras regiones fronterizas (Apure, Amazonas y Zulia). En total fueron afectados 28 municipios en los que si bien no se afectó el derecho al voto, sí se limitó el desarrollo de la campaña electoral y creó un ambiente que ciertamente no era el más propicio desde el punto de vista de un proceso comicial.
Prohibición del registro de partidos
Sin que se informara a la opinión pública los motivos para ello, el CNE declaró inadmisible el registro de algunos movimientos políticos que manifestaron su voluntad de participar en las elecciones parlamentarias del 6D. El hecho de que fueran organizaciones de oposición o disidencias del oficialismo –caso notable fue en este sentido el de Marea Socialista, un desprendimiento del PSUV– subrayó también las dudas respecto a las decisiones tomadas por el máximo organismo comicial.
Decisiones que afectaron internamente a algunos partidos políticos
En relación al recurso interpuesto por miembros de los propios partidos ante el TSJ, este organismo decidió intervenirlos y desconocer la legitimidad de su dirección nacional. Tales fueron los casos, entre otros, de COPEI, el MIN, y el MEP. Esas intervenciones judiciales perturbaron los debates políticos internos de esas organizaciones, conducentes a la definición de los candidatos a ser postulados para la elección de diciembre. En este caso poderes públicos distintos al CNE actuaron de nuevo en forma sesgada en asuntos que conciernen al proceso comicial, con la aceptación silenciosa de las autoridades electorales.
La cuestión de género
El 25 de junio el CNE anunció la aprobación de un reglamento especial mediante el cual establecía el principio de la paridad de género en las postulaciones presentadas para las elecciones. Puede estarse o no de acuerdo con medidas orientadas a enmendar la desigualdad de la participación femenina en el parlamento venezolano. Lo que se objeta es que, si bien puede tratarse de una medida positiva, fue adoptada de mala manera por tres razones. La primera, porque el artículo 289 de la Constitución Nacional indica claramente que la ley que regula los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los 6 meses inmediatamente anteriores a la misma. Conforme a esta disposición es evidente que la medida se aprobó de manera tardía, violando esa disposición constitucional. La segunda razón estriba en que ya la MUD había conformado la lista de sus candidatos, mediante un trabajo laborioso que incluyó la realización de primarias en varias circunscripciones, con lo que el anuncio del CNE les generó no pocos problemas internos. Y la última, porque si bien el CNE puede reglamentar leyes electorales, no puede cambiarlas, como fue el caso en esta ocasión.
El simulacro
La celebración de simulacros, poco antes de la realización de una consulta electoral, es una buena iniciativa que el CNE ha llevado a cabo desde hace varios años con la finalidad de poner a tono el sistema electoral, contar con el tiempo suficiente para corregir las fallas que pudieran detectarse durante el evento y permitir a los electores interesados familiarizarse con el sistema. Fiel a esa práctica institucional, el 29 de noviembre las autoridades electorales organizaron este evento de cara a las elecciones parlamentarias del año 2015.
Todo simulacro electoral, además de someter a prueba los componentes tecnológicos y organizativos necesarios para realizar un complejo proceso comicial, debe servir para recrear las condiciones políticas en que dicho proceso deberá llevarse a cabo. Como en ocasiones anteriores, esta vez el simulacro también fue empañado al convertirse en un acto de proselitismo político del PSUV en muchos de los centros de votación, claramente prohibido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Cabe señalar, adicionalmente, que el CNE no intervino para impedir o controlar esta situación.
La definición de las circunscripciones electorales
Con ocasión de los comicios parlamentarios del 6D de 2015, el CNE decidió que fuesen usadas las mismas 87 circunscripciones definidas para las parlamentarias del año 2010. Hubo, sin embargo, poca transparencia en la definición de las proyecciones poblacionales necesarias para determinar el número de diputados a elegir en cada estado y en cada circunscripción. Esas proyecciones poblacionales, presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y aprobadas sin debate por la AN con el voto favorable de la bancada oficialista, en algunas circunscripciones entraban en franca contradicción con las proyecciones hechas por el mismo INE en el año 2013. Las nuevas proyecciones, además, alteraron el número de diputados en algunas circunscripciones.
El debate en torno a la observación internacional
En medio de la polarización política venezolana y, como se ha señalado anteriormente, de las grandes dudas que conforme a las encuestas generaba el CNE entre los ciudadanos, la presencia de la observación internacional fue un tema muy debatido a lo largo del proceso electoral. Al contrario de los sectores de oposición, que veían útil la presencia de organismos independientes venidos de afuera, a fin de encarar posibles irregularidades, las agrupaciones oficialistas no la consideraban necesaria ni conveniente, al igual que el CNE en cuya argumentación se aludía al tema de la soberanía nacional, así como la idea de que el sistema electoral nacional había probado sobradamente a través de dos decenas de eventos comiciales que era confiable y que por tanto no hacía falta la vigilancia por parte de tales organismos. La polémica pública entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, puso bastante en claro la posición de la máxima autoridad electoral respecto a este asunto.
El CNE adoptó, como en ocasiones precedentes, la figura del acompañamiento, distinta a la de la observación e, igualmente, autorizó la presencia de algunos organismos internacionales y de invitados especiales, formando parte de un grupo de más de cien autoridades y técnicos electorales, académicos y personalidades políticas de diversas partes del mundo, incluyendo diez invitados internacionales por cada agrupación política, los cuales debían ser debidamente acreditados por el CNE.
Unasur fue la organización considerada de mayor relevancia por parte del CNE y en general del Gobierno nacional, vino bajo la figura de acompañamiento (un tanto debilitada debido a la ausencia de Brasil). Por su parte Chile, Paraguay, Perú y Uruguay dejaron su representación en manos de sus respectivas cancillerías. Unasur quedó comprometida a redactar un informe final que solo sería del conocimiento del CNE.
Fue positiva, sin duda, la venida de las organizaciones y personalidades invitadas en calidad de acompañantes. Pero en la figura definida como acompañamiento, no se alcanzaba a compensar la falta de la observación de organismos como la Unión Europea y la OEA, cuya amplia experiencia en el seguimiento de procesos electorales habría servido para generar mayor confianza, nacional e internacionalmente, de cara al evento del 6D.
Las confusiones en el tarjetón electoral
El OEV, al igual que otras instituciones, advirtió sobre algunas confusiones que podrían provocar errores en los ciudadanos al momento de seleccionar su voto. Las mismas estaban relacionadas con la versión definitiva del tarjetón que mostraba a las diferentes agrupaciones políticas y a los distintos candidatos que aspiraban a ser elegidos como diputados a la Asamblea Nacional. En este sentido, la de más repercusión fue, sin duda, la relativa a la ubicación de la tarjeta de MIN-UNIDAD al lado derecho de la tarjeta de la MUD, que también incorporaba la palabra UNIDAD como parte de su diseño.
En efecto, vista la similitud, inclusive gráfica, de ambas tarjetas, era obvio que inducía a la confusión del elector respecto a dos opciones políticamente distintas y con sus propios candidatos. En el contexto político venezolano, marcado por la polarización entre la MUD y el Polo Patriótico organizado en torno al PSUV, era difícil que la ubicación, una al lado de la otra, de tarjetas tan parecidas, no fuera vista como un hecho tendiente a perjudicar a la principal alianza opositora.
Se trataba obviamente de una situación que retaba la transparencia del proceso electoral. Sin embargo, las autoridades competentes no tomaron ninguna medida efectiva para remediar lo que era sin duda, una “viveza” política inadmisible que iba en contra del juego limpio electoral.
Las auditorías de la plataforma tecnológica
El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó, como en oportunidades anteriores, auditorías al sistema electoral automatizado que contaron con la participación de sus propios funcionarios y técnicos designados por diversos partidos políticos. Fuimos también invitados, como observadores, representantes de las distintas asociaciones nacionales de observación electoral. Estas auditorías se desarrollaron en el marco de una relación caracterizada por la cordialidad y el respeto mutuo, así como el empeño puesto en el propósito de acumular todas las evidencias posibles para asegurar un buen desempeño del sistema automatizado de votación.
Es indiscutible el profesionalismo mostrado por los técnicos del CNE, que atendieron los requerimientos de los representantes de las organizaciones con fines políticos, llegando inclusive a hacer modificaciones in situ a la programación y al código fuente de los sistemas auditados, a fin de dar una mayor transparencia a los procesos o de mejorarlos, teniendo siempre como propósito garantizar el buen funcionamiento de los sistemas.
Se efectuaron veinte auditorías y el OEV puede dejar constancia de que se introdujeron distintas mejoras, entre las que destaca la incorporación de una nueva auditoría de duplicidad de huellas posterior a la realización de las elecciones, destinadas a asegurar la fiabilidad del sistema electoral venezolano. Dicho en breve, quedó claro una vez más que el voto se cuenta, es secreto y es auditable. Sin duda se trató de la señal positiva más importante emanada del CNE.
La campaña electoral
La evaluación de cualquier evento electoral no debe limitarse a los hechos que ocurren el propio día de las votaciones y a la forma en la que se procesan sus resultados. Es igualmente importante observar diversos aspectos que caracterizan el proceso que llevó a ese día. Hay, pues, que observar la campaña electoral y, en el caso venezolano, también la denominada “pre campaña”.
La “pre campaña” electoral
La normativa vigente establece que el CNE debe delimitar un período oficial para desarrollar la campaña electoral. En la práctica, sin embargo, la actividad proselitista se inicia antes de la fecha oficialmente establecida. A este período de campaña no-oficial se lo conoce como “precampaña”, o “campaña adelantada”, aunque como concepto no exista en la legislación electoral, ni en sus reglamentos. Es una actividad, por tanto, que se encuentra prohibida.
Para las elecciones parlamentarias del 6D, el CNE indicó que la campaña se iniciaba el 13 de noviembre y terminaba el 3 de diciembre. No obstante, los diversos actores políticos iniciaron sus actividades proselitistas alrededor de dos meses antes, actuando como si fuera una campaña electoral, incluyendo violaciones a la normativa. En otras palabras, la pre campaña se desarrolló conforme a un patrón similar, en particular en lo que atañe a la desigualdad manifiesta en las condiciones de participación de los diversos actores políticos.
El CNE hizo caso omiso a la realización fuera de tiempo de actividades desarrolladas por agrupaciones políticas y tampoco prestó atención a hechos irregulares que, de haberse cometido en tiempos de la campaña electoral, debieron haber sido sancionados. Incurrió el CNE en una doble omisión al dejar que se desarrollaran eventos no previstos en la ley –la pre campaña– e ignorar actos irregulares que configuraban un claro ventajismo con fines electorales.
La campaña electoral
La campaña electoral se encuentra definida en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Su artículo 71 dice: “…se entiende por campaña electoral las actividades de carácter público desarrolladas por los candidatos y candidatas, organizaciones con fines políticos y grupos de electores y electoras que tengan como propósito captar, estimular o persuadir al electorado para que vote a favor de un candidato o una candidata dentro del lapso señalado por el Consejo Nacional Electoral”. Además, el artículo 72 enumera principios y derechos que rigen la interpretación de las normas de regulación de la campaña electoral. Esas líneas encierran la naturaleza y el sentido básico de un evento de este tipo. Desde lo que allí se expresa, el OEV cree conveniente hacer las siguientes consideraciones:
a. La presencia del presidente de la República y de altos funcionarios públicos en actividades de proselitismo político
El Presidente se asumió como director de la campaña electoral del PSUV y sus aliados. Llevó a cabo largas y frecuentes intervenciones en medios de comunicación, muchas veces en formato de cadenas. Participó con sus ministros y otros altos funcionarios en actos que ciertamente se encontraban dentro de sus atribuciones como jefe del Gobierno (inauguración de obras, entrega de viviendas, distribución de computadoras, asignación de taxis, entre otras), pero siempre dándole connotación abiertamente electoral, con mensajes y consignas proselitistas, así como por la promoción de candidatos oficialistas al parlamento.
El presidente Maduro marcó el contenido de la campaña, incluso en el tono plebiscitario que la caracterizó. Propagó un lenguaje agresivo también asumido por otros voceros del sector oficialista. Un lenguaje que no solo descalificó sistemáticamente al adversario electoral, sino que advirtió acerca de los supuestos peligros que traería una victoria de la MUD, afirmando reiteradamente que el triunfo había que lograrlo “como sea”.
Pero no fue el Presidente el único funcionario público involucrado indebidamente en la campaña electoral reciente. Gobernadores y alcaldes, oficialistas y de oposición, siguieron los malos ejemplos presidenciales. Cabe recordar que la Lopre no permite que funcionarios públicos hagan campaña mientras están ejerciendo sus deberes públicos. La Constitución, en su artículo 145, expresa que dichos funcionarios “… están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna.” Se reitera este principio constitucional en el artículo 221 del Reglamento General de la Lopre, que detalla las prohibiciones a las que están sujetos los servidores públicos, al no poder “… favorecer o perjudicar electoralmente a una candidata o candidato, organización con fines políticos o grupo de electoras o electores”.
El OEV ha llamado la atención en distintas oportunidades, a propósito de eventos anteriores, acerca de las imprecisiones, ambigüedades y vacíos que, con relación a asuntos como los anteriores, muestra nuestra normativa electoral, así como a la necesidad de que se hagan las correcciones y mejoras correspondientes.
b. El uso de recursos públicos con fines proselitistas
El uso ilegal de recursos públicos para actividades electorales, se convirtió en un asunto álgido en el transcurso de la campaña, puesto de manifiesto principalmente en el uso de vehículos y edificios públicos para actividades proselitistas, contrariando lo establecido en las leyes venezolanas. El artículo 221 del Reglamento General de la Lopre, ya citado, también prohíbe “utilizar o permitir que otra persona utilice bienes del patrimonio público en beneficio de cualquier organización con fines políticos, grupo de electores, de las comunidades u organizaciones indígenas, o candidatura, o que se emplee su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato”.
Sobre esto también el CNE se abstuvo de actuar, siendo las irregularidades muy evidentes, tanto entre grupos de oposición, aunque no de manera tan abrumadora, como por partidarios del Gobierno. Prueba emblemática de lo aquí escrito es que el Alcalde de Caracas fue designado, sin que se separarse de su cargo, como jefe de la campaña electoral del PSUV y sus aliados.
Tampoco intervino la Contraloría General de la República respecto a las irregularidades observadas, a pesar de que el uso indebido de recursos públicos, en cualquiera de sus maneras, no es solo un acto que contraviene la normativa electoral, sino que representa una falta sancionada en la Ley Anticorrupción.
c. El financiamiento de la campaña electoral
Tema particular es el financiamiento de las campañas electorales con recursos públicos, hecho que se manifestó de manera evidente del lado del oficialismo. En efecto, la cuantía de los recursos empleados en la promoción de sus candidatos, alcanzó niveles muy altos, sin que el CNE, ni la Contraloría parecieran advertir lo que a todas luces fue una grave irregularidad administrativa, más allá de sus implicaciones en el terreno electoral.
Dada esta situación, cabe reiterar lo señalado desde hace varios años por el OEV y otras organizaciones, acerca de la necesidad de retomar la discusión sobre financiamiento público de los partidos políticos y las campañas electorales, cosa contemplada en la legislación de todos los países de la región, con la excepción de Venezuela. Sería una manera de mitigar desequilibrios que se advierten entre actores políticos, dadas sus desiguales posibilidades de acceder indebidamente al erario público. Igualmente disminuiría las necesidades de financiamiento privado que puede alientar perversos condicionamientos que afectan la transparencia y la igualdad que deben existir en los eventos electorales.
d. El acceso a los medios de comunicación
El acceso a los medios de comunicación social, pieza clave en cualquier campaña electoral, destacó por una clara asimetría a favor de la promoción de mensajes favorables al oficialismo.
Las desigualdades son reflejo de que el Estado pasó a controlar directamente doce canales de televisión, cerca de veinte emisoras de radio, una agencia de noticias y (directa o indirectamente) varios medios impresos, amén de un gran número de páginas web y medios comunitarios. En la campaña esos medios no funcionaron como instrumentos públicos, al servicio de todos los venezolanos, sino como instrumentos encargados de promocionar la opción electoral del PSUV y sus aliados. Constituye una inadmisible apropiación de lo público con fines privados.
Con relación a algunos aspectos mencionados en el párrafo anterior, puede encontrarse información más detallada en un estudio elaborado conjuntamente por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) y el OEV denominado Mutismo en la antesala electoral. Se trata de un estudio de percepción, y se construyó con la participación confidencial de 227 periodistas y trabajadores de medios estatales, privados, comunitarios e independientes en dieciséis estados del país, donde se revela la necesidad de introducir importantes cambios institucionales y legales que incluyan, entre otras cosas, el uso gratuito y equilibrado de los espacios pertenecientes al Sistema Nacional de Medios Públicos, que precisamente por su condición de instancias públicas, deben ser plurales.
e. El CNE y la promoción del voto
El CNE impulsó una positiva campaña para promover el voto en las elecciones del mes de diciembre. A través de distintos mensajes insistió en lo importante que era sufragar. “Ejerce tu soberanía” fue la consigna principal. El OEV estima, sin embargo, tres fallas en esa campaña. En primer lugar, no subrayó la importancia del nombramiento de la Asamblea Nacional para el sistema democrático venezolano. Al no hacerlo, el mensaje se centró en un debate que cobró forma plebiscitaria. Tampoco se insistió lo suficiente en mostrarle al elector cómo debía votar. Por último, no hubo un solo mensaje institucional para difundir la idea de que la plataforma tecnológica disponible garantiza que el voto es secreto, siendo que el temor a que se descubra por quién se votó sigue estando presente.
Cabe destacar que diversas organizaciones, entre ellas el OEV, elaboraron mensajes, inclusive videos, con la intención de reforzar la importancia de las elecciones y de la participación ciudadana, insistiendo, además, que no había manera alguna de violar el secreto del voto.
f. La calidad política de la campaña.
Repitiendo comportamientos de procesos anteriores, la calidad política de esta campaña dejó mucho que desear. Cabe señalar los siguientes elementos.
- El tono general lo dio la exacerbada polarización política, dándole un marcado acento plebiscitario.
- El lenguaje fue agresivo, de constante descalificación del adversario, particularmente, aunque no de manera exclusiva, por parte del lado oficialista.
- Hubo hechos de violencia, que si bien fueron aislados, no dejan de tener una enorme gravedad.
- La Asamblea Nacional, dado su importante rol dentro del Estado, no fue ni el centro del debate, ni pareciera haber sido la motivación principal del elector.
- No se puso el necesario énfasis en el hecho de que eran más de una centena de elecciones simultáneas, lo que le daba una dimensión local que debió haberle dado mucho peso al votante al momento de tomar su decisión.
- El CNE, con sus actuaciones y omisiones, fue tema de discusión. Fueron muchos los reclamos respecto a su falta de imparcialidad.
Como consecuencia de lo señalado, el OEV considera que la campaña electoral quedó en deuda con el ciudadano.
La jornada electoral del 6D
La observación de la jornada misma, el día en que los ciudadanos ejercen su derecho al sufragio es central. Es así como al igual que en otros procesos, el OEV se organizó para evaluar como transcurrirían las votaciones el propio 6 de diciembre. Para ello fue necesario realizar en los meses previos un trabajo técnico y logístico que sirviera para que su red de casi setecientos observadores, extendida a todos los estados del país, pudiera hacer su tarea ese día.
Se comenzó por definir objetivos generales y específicos a ser evaluados a lo largo de esa jornada. Dentro de los objetivos generales se encuentran observar el comportamiento de los electores, testigos y de los miembros de las mesas electorales durante el desarrollo de la votación; evaluar el cumplimiento de las normativas generales del proceso de votación; observar el desarrollo del acto de escrutinio y de la verificación ciudadana. Algunos de esos aspectos específicos fueron al inicio de la jornada, la hora de apertura de todas las mesas de votación en los centros de votación; el funcionamiento de las máquinas del Sistema de Autenticación Integrado (SAI) y de votación; la presencia de testigos en las mesas de votación; la ubicación de los miembros del Plan República; posibles electores inducidos a votar a favor de una agrupación política; quejas respecto del proceso de votación por parte de electores, miembros de mesa y testigos; la actuación del coordinador del centro; el voto asistido; el cumplimiento del voto secreto; el cumplimiento de la imparcialidad política de los miembros de mesa; hechos de violencia dentro y fuera del centro, así como probables amedrentamientos a electores y/o testigos en las mesas de votación; el uso de recursos públicos para movilizar electores.
Durante el acto de escrutinio, interesaba observar la hora de cierre de todas las mesas de votación en los centros; el anuncio formal del inicio del escrutinio; presencia de testigos; entrega de actas a testigos. Y durante la verificación ciudadana, describir cómo fueron seleccionadas de las mesas a auditar; si hubo ocurrencia de reclamos o impugnaciones respecto del proceso; presencia de testigos y público; entrega de actas a los testigos.
Metodología empleada
Para llevar a cabo la observación de la jornada electoral, la metodología empleada fue la encuesta por muestreo. Como marco muestral se utilizó la Tabla Mesa 2015 publicada por el CNE, la cual estuvo conformada por 40.601 mesas de votación distribuidas en 14.515 centros a nivel nacional, donde podían sufragar 19.496.365 electores.
Para la observación se fijó un tamaño de muestra de setecientas mesas, que fueron seleccionadas mediante un muestreo sistemático de tipo probabilístico con la finalidad de garantizar una selección equitativa de la población y así obtener una muestra representativa geográficamente. Fueron setecientas mesas distribuidas en los 24 estados del país, tomando en cuenta el número de electores por entidad federal y el número de mesas programadas por el CNE.
Desde inicios de septiembre la coordinación nacional del OEV comenzó a construir la red de observadores, primeramente con los coordinadores regionales, los cuales a su vez tendrían la tarea de reclutar setecientos voluntarios de acuerdo a los puntos muestrales (mesas electorales) seleccionados en las veinticuatro entidades del país, para su necesaria formacion como observadores electorales. Fueron también elaborados cinco formularios de observación a ser usados el día de la elección, cada uno de ellos para los cinco momentos de observación previamente definidos: a primeras horas de la mañana; a primeras horas de la tarde; terminando la tarde, pero antes del cierre de las mesas; al momento del cierre y del escrutinio; y para el momento de la verificación ciudadana de cierre.
Como complemento de la capacitación de los observadores, en dos oportunidades se realizaron simulacros durante los cuales los voluntarios debían trasmitir información simulada en cinco formularios, similares a los que serían usados el día de la elección.
Síntesis de los resultados de la jornada electoral
La jornada electoral en general transcurrió bien, destacándose la labor desempeñada por el CNE y sus funcionarios, pues la organización y ejecución de unas elecciones es un trabajo muy complejo y exigente, que requiere de un alto nivel de desempeño y trabajo en equipo de todos sus miembros.
Más de la mitad de los centros observados tenían todas sus mesas abiertas antes de las 7 de la mañana (56 %), y a las 8 am ya la gran mayoría de los centros tenían todas sus mesas abiertas (99 %). Aunque se presentaron problemas iniciales con el funcionamiento del Sistema de Autenticación Integrado –SAI– (11 %) y las máquinas de votación (21 %), fueron superados, permitiendo que el proceso de votación continuara.
Aun cuando el proceso de votación se desarrolló normalmente, en algunos pocos centros de votación y en sus alrededores se presentaron hechos de violencia (la mayoría menores), los cuales fueron provocados tanto por simpatizantes oficialistas, como por opositores o por grupos que no pudieron ser identificados. Adicionalmente, en algunas mesas de votación se evidenciaron hechos que no cumplían con las normas o principios electorales como son el derecho al voto secreto (8 %), propaganda electoral en un 5 % de los centros, y miembros de mesa trabajando con parcialidad política en un 17 % de las mesas observadas. Este hecho pudo haber ocurrido debido a deficiencias en la selección realizada por el CNE para asignar a los nuevos miembros de mesa para las elecciones parlamentarias. Es probable que estos nuevos integrantes no estuvieran debidamente capacitados ya sea porque no asistieron a la capacitación o porque fueron sustituidos el día de la jornada por electores de la cola, y esto provocara parcialización en su labor. Respecto de la violación del secreto del voto, se pudo observar en algunas mesas de votación, que la boleta electrónica y los parabanes plegables no estaban colocados de forma que se garantizara debidamente el secreto del voto. Adicionalmente, otros hechos, como el desconocimiento de las funciones que debían realizar los miembros de mesa, desencadenaron una serie de irregularidades como el acompañamiento indebido de electores al momento de sufragar, así como observar la elección de preferencia de los votantes.
Otro hecho resaltante es que en el 19 % de los centros observados se registraron quejas por parte de electores, destacándose como la queja más frecuente, la lentitud del proceso de votación en la herradura.
Por otra parte, el 44 % de las mesas cerraron a la hora establecida (6:00 pm) sin electores en cola para ejercer el voto. No obstante, el 31 % de las mesas observadas permanecieron abiertas después de las 6 de la tarde, sin electores en cola. Este hecho se debió principalmente a la extensión dada por el CNE para el cierre de las mesas de votación. A la fecha, el CNE no ha explicado qué lo motivó a adoptar esta acción.
Por último, la alta participación en estas elecciones no fue solo realizada por parte de los electores, quienes acudieron masivamente a votar de acuerdo a las cifras publicadas por el CNE en su primer boletín (74,25 %), sino también por los partidos y agrupaciones políticas, que tuvieron sus testigos presentes en la mayoría de las mesas electorales durante todo el desarrollo de la jornada. La presencia de testigos tanto del PSUV y sus aliados como de la Mesa de la Unidad (MUD) en horas de la mañana fue 80 % y 77 % y durante el escrutinio 90,0 % y 87,1 % respectivamente.
Conclusiones
El 6D fue un día tranquilo
Contra algunas aprensiones previas que advertían sobre la posibilidad de que el domingo 6, día de las votaciones, se produjeran desórdenes y se generaran situaciones de violencia, el evento transcurrió normalmente, de manera tranquila y pacífica. Unos pocos incidentes, aislados y de escasa gravedad, no alcanzaron de manera alguna a empañar la que fue una expresión cívica notable, probándose nuevamente que los venezolanos militan en la idea de que el sufragio es un instrumento fundamental de la convivencia democrática.
Un acto determinante para que el día electoral terminara en paz fue, sin duda, el rápido reconocimiento de los resultados oficiales anunciados por parte del presidente Maduro. Más allá de la lectura que hizo de las cifras y del acento poco conciliador de sus declaraciones, le salió al paso a ciertos rumores que propagaban dificultades y contribuyó a rubricar una jornada democrática, protagonizada fundamentalmente por los ciudadanos, que no merecía tener un final que no fuera tranquilo, como ordena la democracia.
Los resultados electorales
El 6 de diciembre hubo en Venezuela unas elecciones complicadas ya que se adelantaron simultáneamente 114 elecciones. Sin embargo, la participación fue masiva. El 74,9 % de los electores inscritos acudieron a ejercer su derecho. Esa elevada participación puede ser parcialmente explicada por la polarización, que fue también muy elevada. La lógica polarizada simplifica, reduciendo la elección parlametaria a un plesbicito. De acuerdo a esa lógica se trata de votar a favor o en contra de alguna de las dos propuestas políticas mayoritarias. Únicamente en dos estados, Delta Amacuro y Táchira, la concentración de votos entre la MUD y el PSUV y aliados fue inferior al 95 % de los votos, en Delta Amacuro la concentración alcanzó el 94,73 % y en Táchira el 94,78 %.
Ese día la soberanía popular se manifestó con nitidez. La MUD obtuvo nacionalmente más votos lista que la alianza del PSUV: 7.720.587 (56,23 %) contra 5.615.870 (40,90 %). Ganó también la MUD en más estados: 18 a 6. Lo mismo ocurrió con las circunscripciones: 61 a 29. Como era de esperarse a partir de esos resultados, en número de diputados la MUD también salió victoriosa: 112 a 55.
Pero la representación proporcional, igual que en 2010, quedó severamente vulnerada. Con representación proporcional, la asignación de diputados ha debido ser cercana a 94 a 68. En la nueva Asamblea Nacional la MUD quedó muy sobre representada, tal como quedó el PSUV en 2010. Pero en las entidades federales, ámbitos donde la Lopre circunscribe la representación proporcional, la desproporción llegó a ser aún mayor. En el Distrito Capital, para poner un ejemplo, una diferencia de 17,5 % en votos a favor de la MUD, se tradujo en una diferencia de 87,8 % en número de diputados, 8 diputados a 1. Con representación proporcional la distribución ha debido ser 5 a 4, o cuando mucho, 6 a 3. Para cumplir con la Constitución, la representación proporcional debe ser restablecida.
Por otra parte, en esta oportunidad también fueron denunciados supuestos fraudes que podrían haber alterado los resultados en algunas circunscripciones. Fueron ahora varios candidatos derrotados del PSUV quienes, dadas las vacaciones colectivas del CNE, acudieron ante la Sala Electoral del TSJ para impugnar las elecciones en varias circunscripciones del país de los estados Amazonas, Aragua, Falcón y Yaracuy, solicitando además medidas de amparo cautelar que impidieran la juramentación de varios diputados proclamados por el CNE. La Sala Electoral aceptó varias de las impugnaciones e hizo efectiva el amparo en contra de los tres diputados proclamados del estado Amazonas (2 de la MUD y 1 del PSUV) y del diputado indígena de la región sur conformada por los estados Amazonas y Apure. Estas impugnaciones y, sobre todo el amparo cautelar que ha dejado –hasta el momento de escribir este texto– al estado Amazonas sin representación en la Asamblea Nacional, han sido fuente de fuertes tensiones, llegando a ser la AN amenazada de desacato por el TSJ.
Persisten las deficiencias del sistema electoral venezolano
Aunque el CNE haya logrado adelantar con razonable éxito un proceso electoral complejo, el OEV estima que ello no es suficiente para afirmar que el CNE cumplió a cabalidad el rol de árbitro de acuerdo al dibujo trazado en la Constitución y en las diversas normas que regulan los asuntos electorales en Venezuela.
En efecto, si bien con ocasión de estas elecciones se mejoró aún más el sistema automatizado de votación, un aspecto cuya importancia es difícil de exagerar, las condiciones en las que tuvo lugar el proceso electoral dejaron a la vista un arbitraje precario, tal como quedó expresado en las páginas anteriores.
El presente artículo repite gran parte de los rasgos negativos puestos en evidencia durante procesos anteriores. Dicho en síntesis, el CNE actuó de manera sesgada, esto es, no mantuvo durante el proceso electoral la obligada equidad en la participación de los diversos actores políticos. La desigualdad, exteriorizada en diversas modalidades de ventajismo, continúo siendo un dato del paisaje electoral nacional determinado, en gran medida, aunque no exclusivamente, por el uso de los recursos públicos con fines proselitistas, y la participación activa y directa de funcionarios públicos en tareas de campaña.
Agenda de cambios en la legislación electoral venezolana
Como quedó señalado también en esta ocasión, el sistema electoral venezolano presenta varias fallas que afectan en grado importante la calidad de nuestros procesos electorales sobre todo, aunque no solo, en cuanto a cuatro aspectos fundamentales: a) la manera como fue integrada la dirección del CNE en diciembre de 2014, b) la inequidad en las condiciones de participación, c) el uso de los recursos públicos con propósitos de proselitismo político y d) la eliminación, también de hecho, de la representación proporcional, con la promulgación de la Lopre en 2009[1].
Visto lo anterior, el OEV ha considerado presentar, mediante acuerdos de diversa naturaleza y alcance con otras organizaciones, un conjunto de propuestas, referidas a estos y otros aspectos para que puedan ser consideradas y derivar así en una importante mejora de nuestro sistema electoral, componente de enorme relevancia en todo régimen democrático.
*Equipo del Observatorio Electoral Venezolano (OEV).
Notas
[1] En las elecciones de 2010 para la Asamblea Nacional, el sistema definido en la Lopre e implementado por el CNE por vez primera en esas elecciones, favoreció al PSUV y sus aliados al permitirle que con solo el 48,5 % de los sufragios (5.862.244 votos lista), lograra controlar 59 % de los escaños del parlamento, mientras que la MUD con el 47,1 % de los sufragios conseguía el 38,7 % de las curules y otros grupos conseguían con el 5 % de los sufragios, el 1 % de los diputados.
