Por Alfredo Infante, s.j.
En pleno siglo XXI la humanidad pareciera haber alcanzado un grado elevado de conciencia sobre los derechos humanos, y los Estados –en el concierto de la comunidad internacional y en gran parte presionados por la sociedad civil global– han expresado esta conciencia a través de tratados y convenios vinculantes en materia de protección de garantías fundamentales. En la práctica, la violación de DD.HH. sigue siendo recurrente en todo el planeta. Esta realidad es aún más preocupante cuando se trata de la mujer, pues las dinámicas de abuso, explotación, discriminación y todo tipo de violencia de género siguen siendo el pan nuestro de cada día en la mayoría de los países y, más gravemente, en las zonas de conflicto.
En el contexto de la guerra rusa-ucraniana, los testimonios de violencia contra la mujer son escandalosos. Basta pasearse por titulares como este: “Mujeres en la guerra de Ucrania: 10% en el Ejército, 75% de la población desplazada”.[1]
Según ONU Mujer, “la violencia sexual contra mujeres y niñas se generaliza en el conflicto y hasta se utiliza como táctica de guerra”, por lo que:
Las Naciones Unidas han aprobado compromisos internacionales para abordar la violencia de género relacionada con los conflictos, entre ellos la resolución 1960 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ofrece un sistema de rendición de cuentas para la violencia sexual relacionada con los conflictos; estipula una recopilación de información sobre este tipo de violencia de forma coordinada y oportuna; e insta a los países a establecer compromisos específicos con fechas delimitadas. Por otra parte, la resolución 2122 del Consejo de Seguridad establece la necesidad de contar con ayuda humanitaria que garantice el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los que atienden embarazos como consecuencia de una violación. [2]
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) reporta que:
Las desigualdades de género se incrementan durante los conflictos. Según las Naciones Unidas, las niñas tienen un 90 % menos de probabilidad de tener acceso a la educación que los niños en zonas de conflicto. También son víctimas de matrimonios infantiles, de trabajo esclavo o de ser reclutadas como niñas soldados. En un intento de huir de la guerra o de sus consecuencias, muchas mujeres se convierten en desplazadas o refugiadas, a pesar de los peligros a los que se exponen, como el tráfico de personas y la trata con fines de explotación sexual. Los conflictos las separan de sus maridos, hijos y familiares, las dejan solas y en el exilio, y las obligan a afrontar en solitario todas las responsabilidades y el cuidado. [3]
¿Y qué pasa en Venezuela en el contexto de la emergencia humanitaria compleja? Por los indicadores pareciera que en el país hay una guerra invisibilizada contra la mujer, amparada por una estructura impune que atenta contra muchos de sus derechos, comenzando por el derecho a la vida. Según refiere la ONG Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), entre enero y diciembre de 2021, se registraron 290 femicidios y 84 muertes violentas de venezolanas en el exterior. [4]
Al hablar de pobreza, las féminas también son las más afectadas. Una investigación realizada por el portal Prodavinci, en alianza con la firma de investigación Anova Policy Research, señala que nueve de cada diez hogares con jefatura femenina están en situación de pobreza y,
La tasa de pobreza en hogares liderados por mujeres (solteras o no) es superior a la tasa de pobreza nacional (76,7 %) por 4 puntos porcentuales”. Además, “las tasas de pobreza en hogares liderados por mujeres solteras son en promedio 13 puntos porcentuales mayores que las de hogares liderados por hombres solteros y 2 puntos porcentuales mayores que los hogares biparentales”. El estudio advierte que las brechas de género están acentuando estas cifras: “La baja participación laboral femenina, las limitaciones económicas de los trabajos informales y las desigualdades con base en los roles de género –reforzados durante la emergencia humanitaria– limitan la independencia económica de las mujeres venezolanas. [5]
La realidad no es muy distinta si se trata de las nuevas generaciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud (ENJUVE) de 2021, de cada 100 jóvenes que se encuentran en la escala más baja de pobreza, 76 son mujeres. [6]
Ahora bien, las mujeres no son solo víctimas de estructuras injustas y una cultura de la impunidad; son, sobre todo, protagonistas de un proceso de luchas y conquistas de derechos humanos. Son numerosos los ejemplos de organizaciones e individualidades, de todos los sectores del país, que trabajan para lograr equidad y justicia de género con base en un nuevo paradigma de relación y de conciencia universal, fundado en el respeto a la dignidad humana.
Es imprescindible modificar las legislaciones y erradicar las costumbres que toleran las violaciones, la violencia sexual y la discriminación, para lograr ciudades seguras para las mujeres y niñas, generadoras de oportunidades sostenibles, que contribuyan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Dijo hace algún tiempo en una conferencia la activista para los derechos de la mujer y directora de CEPAZ, Beatriz Borges. “Algunos llaman a este tipo de problemas, los problemas del primer mundo, pero sabemos que no es así…Sin derechos para todas y todos no hay democracia”. [7]
No olvidemos lo que ha expresado el papa Francisco, abogando por una cultura de respeto y reciprocidad: “Cuánta violencia hay contra las mujeres. ¡Basta! Herir a una mujer es ultrajar a Dios, que tomó la humanidad de una mujer, no de un ángel, no, directamente de una mujer”.
Notas:
[1] france24.com
[2] www.unwomen.org
[4] cepaz.org
[5] pobrezaydesigualdaddegenero.prodavinci.com
[6] elestimulo.com
[7] cepaz.org
Fuente:
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco del 4 al 10 de marzo de 2022/ N° 136. Disponible en: mailchi.mp