Por Alfredo Infante, SJ*
Estar bien informado reduce los niveles de ansiedad e incertidumbre. La información da la certeza básica para vivir nuestra rutina cotidiana y tomar decisiones sin gastos de energías innecesarias. Las energías humanas son limitadas y lo propio es invertirlas en asuntos importantes y no en cosas que, por su naturaleza, deben estar dadas en un Estado de derecho, donde el acceso a la información forma parte de las condiciones mínimas de vida.
A cualquier nivel en el que nos movamos, bien sea en lo personal, comunitario o en el ámbito social impersonal, la información adecuada es necesaria para el bienestar psicológico y la convivencia porque genera certidumbre y confianza. En el ámbito público, la información veraz y fundada científicamente, es clave para la toma de decisiones favorables de cara al bien común y general. En cualquier grupo humano donde los flujos de información circulan adecuadamente, sin controles y cortocircuitos, se potencia la capacidad de respuesta ante los desafíos y contingencia, y se dinamiza el desarrollo humano.
Una clave para medir el nivel de democracia en un país es calibrar el grado de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. Se dice que “la información es poder” y, dependiendo del modo como se maneje, la información se convertirá en “poder para construir” o “poder para controlar y destruir”. Por tanto, un indicador democrático es la calidad, rigurosidad y transparencia de la información pública, si se cuenta o no con los mecanismos adecuados para que la ciudadanía acceda a ella y las garantías para deliberar los asuntos públicos. Un modelo político cuya estrategia es la desinformación y la mentira no pretende otra cosa que manipular, engañar, controlar y, por tanto, cerrar los espacios de intercambio de ideas.
Lo propio de la cultura democrática es la deliberación y para que esta sea cualificada y densa, la sociedad en su conjunto debe estar bien informada para elegir y decidir responsablemente su destino. Así lo plantea el documento “Rescatemos el derecho a vivir en democracia: decálogo para la acción”, hoja de ruta que ha presentado la UCAB junto a Provea y Espacio Público para orientar a la ciudadanía en la defensa del Estado de derecho y la recuperación de las condiciones de vida, iniciativa que desde el Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco estamos impulsando.
Amparado en el marco constitucional y desde la perspectiva de los derechos humanos, el tercero de sus 10 principios, titulado “Hay oportunidades para la libre formación de la opinión pública”, recuerda que “la democracia presupone un espacio público de libre deliberación sobre los asuntos que interesan a los ciudadanos. Esto sólo es posible si está protegida la libertad de expresión e información, incluyendo el acceso a la información pública” (arts. 57, 58 y 143 de la CRBV).
En Venezuela, este derecho humano ha sido conculcado por el poder de facto. Ya en 2007, cuando la revolución bolivariana enfiló todas sus baterías hacia la reforma constitucional, la coalición dominante comenzó a hablar abiertamente de “hegemonía comunicacional”, y Andrés Izarra, para entonces ministro de Comunicación, declaró en entrevista a la periodista Laura Weffer que:
Para el nuevo panorama estratégico que se plantea, la lucha que cae en el campo ideológico tiene que ver con una batalla de ideas por el corazón y la mente de la gente. Hay que elaborar un plan y el que nosotros proponemos es que sea hacia la hegemonía comunicacional e informacional del Estado. Construir hegemonía en el sentido gramsciano [1].
Estas declaraciones, hechas por un alto funcionario del Gobierno en el contexto de persecución y expropiación de Radio Caracas Televisión, representaron un hito en el cierre de los espacios de libertad de expresión y acceso a la información, a partir del cual se profundizó esta estrategia y le siguieron medidas cada vez más restrictivas, tales como la distribución politizada de la propaganda oficial, los impedimentos para el acceso a papel de ciertos medios impresos y la asignación arbitraria de frecuencias radioeléctricas, todo esto a contra vía de la Constitución.
Los medios de comunicación deben contar con un marco jurídico propicio para el desempeño de sus tareas y la sociedad debe tener oportunidades para hacer sentir su voz, según lo consagran los artículos 53 y 68 de la carta magna. Por ello, el tercer punto del Décalogo concluye contundentemente con esta idea: “La hegemonía comunicacional del gobierno vulnera la democracia”, porque “los ciudadanos estamos sometidos a serios obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información” y “los comunicadores sociales se exponen a sanciones u otras formas de persecución por el desempeño de sus labores”. Así como también “los medios de comunicación han sido controlados por el gobierno o se encuentran intimidados y acuden a la autocensura para evitar medidas administrativas de retaliación”.
Hoy, en el contexto de pandemia, se ha profundizado esta dinámica hegemónica de control, por parte del Estado, a los medios de comunicación y de nulo acceso a la información pública; por ejemplo, la ONG Espacio Público reseñó que marzo de 2021:
Finalizó con la documentación de 18 casos, que se tradujeron a 47 violaciones a la libertad de expresión. Entre las agresiones más frecuentes estuvieron, al igual que en el mes pasado, la censura, la intimidación y las restricciones administrativas. Este mes, periodistas (40 %), plataformas y páginas web (25 %) y los medios de comunicación (18 %) fueron las principales víctimas, mientras que los victimarios resultan en su mayoría instituciones del Estado, los cuerpos de seguridad y funcionarios. En marzo hubo 7 detenciones, la mayoría de los casos corresponden a difusión de información en plataformas digitales e impedimentos de la cobertura o búsqueda de información realizada por trabajadores de la prensa [2].
Ante este escenario restrictivo y autocrático, las organizaciones de desarrollo social, de derechos humanos, la Academia, medios alternativos y la Iglesia han venido, desde sus competencias, produciendo información cualificada sobre las distintas dimensiones de la vida, convirtiéndose en fuentes creíbles y, al mismo tiempo, creando espacios para la discusión y el debate sobre los asuntos estructurales y públicos que el país requiere.
La pasión por la verdad es una fuerza incontenible de la dignidad humana, capaz de romper cualquier cadena y poner en evidencia, con su luz, las mentiras del poder, porque estamos convencidos de que “conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn 8,31-38).
*Sacerdote jesuita. Párroco en San Alberto Hurtado, La Vega, parte alta. Coordinador del área de DDHH de la Fundación Centro Gumilla.
Notas:
[1]http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2007/01/08/entrevista-Andres-Izarra-considera-que.html
[2]http://espaciopublico.ong/marzo-censura-intimidacion-y-restricciones-a-la-libertad-de-expresion/
[3] Te invitamos a leer y compartir el documento: Rescatemos el derecho a vivir en democracia. Decálogo para la acción. Disponible en: https://elucabista.com/wp-content/uploads/2020/11/Derecho-a-vivir-en-democracia-Decalogo-para-la-accion.pdf
Fuente:
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco. 09 al 15 de abril de 2021. N ° 98 Disponible en: https://mailchi.mp/ad7316b35b6f/signos-de-los-tiempos-n-98-09-al-15-de-abril-2021
