Foto de Daniela Paola Aguilar.
Ubicada en el municipio Libertador, al sur-oeste de Caracas, es una comunidad con una larga trayectoria de organización y luchas sociales, donde la Iglesia católica ha tenido una presencia evangelizadora importante desde los años 70. El pasado jueves 7 de enero esta comunidad se convirtió en escenario de una supuesta confrontación entre las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) y presuntas bandas delictivas que, según versiones oficiales, tenían como objetivo conquistar, expandir y consolidar su control territorial
Daniela Paola Aguilar*
Para aproximarnos a la parroquia La Vega y entender esta situación que está atravesando, conversamos con el padre Alfredo Infante, s.j, párroco de la Parroquia San Alberto Hurtado y coordinador del área de derechos humanos de la Fundación Centro Gumilla.
–Padre Alfredo, este tipo de tragedias como “la masacre de la Vega”, asumida además como una flagrante violación a los DD. HH., podría reforzar los prejuicios del habitante de la ciudad hacia las zonas populares y su gente. Usted que vive la cotidianidad en el ‘corazón’ de la comunidad… ¿Qué lectura puede ofrecernos al respecto?
–Lo primero que debo decir, a los que miran al barrio como un antro de perdición, es que toda generalización es injusta y, sin afán de idealizar a la gente del barrio, tengo que decir –fehacientemente– que los barrios, y especialmente nuestra Vega, son una mina de humanidad. Cuando contemplo cómo, en medio de tanta adversidad, reluce tal finura humana me convenzo de una idea clara: si quienes gestionan el país –cualquier gobierno que sea– centrarían sus esfuerzos en explotar y poner su interés, no en el “Arco minero” que está destruyendo nuestra ecología, sino en la mina de talento humano que habita en nuestros barrios, Venezuela cambiaría realmente.
En la Vega, por ejemplo, se han hecho grandes milagros, hay relatos emblemáticos de emprendimientos comunitarios, tenemos una memoria fecunda de muchos frutos. Citaré tres ejemplos: en principio, la historia de la escuela Canaima, una escuela ecológica que hasta hace poco era autosustentable, con una lógica productiva, que el colapso económico quebró y hoy sobrevive sin perder los sueños.
Segundo, los liceos de vacaciones y las olimpiadas escolares de Matemáticas, Castellano, e Historia y Geografía, animadas por el padre J. P. Wyssenbach, s.j., de feliz memoria; un apóstol de la educación que organizó a los jóvenes en el grupo “Utopía”, y contaban con una red muy bien organizada para acompañar y fortalecer el proceso educativo de nuestros niños y adolescentes. De toda esta experiencia han surgido excelentes académicos y profesionales en todas las áreas del saber. Tristemente, tanto el liceo de vacaciones como las olimpiadas se han debilitado, pero la memoria nos dice que los mismos jóvenes pueden ser impulsores de procesos de enseñanza y aprendizaje con un capital organizativo admirable. Por último, la construcción de las escuelas de Fe y Alegría, con participación de las comunidades lideradas para entonces por el padre Henry Mendoza.
Hoy, en medio de este colapso, también están surgiendo múltiples iniciativas para afrontar los desafíos. Por ejemplo, el Centro de Pastoral Integral “San Alberto Hurtado”, que ofrece a nuestros niños y adolescentes espacios para la formación cultural y deportiva; los comedores comunitarios de Alimenta la Solidaridad y los comedores de nuestros centros educativos los cuales, si sumamos a todos los beneficiarios, tienen un alcance que supera a las 2 mil 200 personas. Asimismo, la Red Educativa “San Alberto Hurtado”, un esfuerzo por mantener en pie nuestra educación católica, y los Comités de DD. HH., junto a muchas otras iniciativas comunitarias de distintos tipos. Y, para resumir, puedo decirte que hace unos cuatro años la UCAB hizo una investigación llamada “Tapiz” con el fin de identificar la calidad del tejido social en varios sectores populares, y nuestra comunidad de La Vega despuntó como el lugar con mayor consistencia comunitaria; claro, este estudio fue previo al deslave migratorio, pero, aun así, esto indica que hay un capital social importante.
–Y en este contexto que usted nos plantea ¿no le parece paradójico que sucedan hechos como la reciente “masacre de la Vega”? que, según el activista y defensor de DD. HH. Marino Alvarado, vocero de la ONG Provea, “[…] no se conocía en la historia del país ni antes ni en el transcurso de los gobiernos de Chávez y Maduro, un operativo de ‘seguridad ciudadana’ con tan alto número de víctimas”. Ante esta cruda realidad, por un lado, la policía habla de confrontación con bandas delincuenciales y, por otra, las ONG de DD. HH. de ejecuciones extrajudiciales y la violación a los derechos humanos… ¿Cuál es su lectura al respecto?
– Como te comenté no idealizo al barrio, pero tampoco lo denigro; como toda comunidad humana está tejido de luces y sombras, y yo apuesto por las luces, por los talentos. Pero hay que reconocer que una de esas sombras es, sin duda alguna, la violencia delincuencial, representada por una minoría con poder que mantiene en jaque a una mayoría honesta y laboriosa. También es el resultado de políticas de seguridad no integrales y solo represivas. Además, recuerda que esta dinámica delincuencial surge en respuesta a la política de las “zonas de paz”, donde el Gobierno entregó zonas suburbanas a las bandas, sin consulta ni consentimiento de las comunidades y ahora, al parecer, la situación se le ha escapado de las manos. Yo coincido con la versión de las ONG: “es una masacre”, es una violación a los DD. HH. Nada justifica un operativo tan letal como el que se desplegó y dejó como saldo, hasta el momento, veintitrés personas fallecidas. Aunado a esto, según los testimonios de Monitor de Víctimas, muchas de las víctimas eran inocentes y su desaparición muestra un patrón de ejecución extrajudicial.
Creo que lo que ha pasado es resultado de la ausencia del Estado de derecho. Es preocupante que la comunidad sea escudo humano en una guerra entre bandos y que la respuesta del Estado sea la violencia desmedida. La lucha contra la delincuencia es necesaria, pero, la misma, pierde legitimidad cuando se hace con violencia excesiva e injustificada por parte de unas fuerzas de seguridad que irrespetan los derechos humanos.
–¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades?
–A estas alturas ni la Fiscalía, ni la Defensoría del Pueblo se han pronunciado frente a estos hechos, cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en sus artículos 281 y 285 señala que estos órganos están a cargo de velar por los derechos humanos y administrar justicia. A pocos días de ocurrir esta tragedia, para las familias de La Vega no hay derechos humanos ni justicia. Solo silencio impune.
–Y, luego de lo ocurrido, ¿cómo se percibe la convivencia en el barrio?
–Este hecho ha enlutado a toda la comunidad de la Vega, particularmente a las familias de las personas asesinadas, a quienes les envío mis más sentidas condolencias y solidaridad en el largo y necesario camino para que haya verdad, justicia y reparación, único camino para superar la impunidad y así garantizar la no repetición. También, hay miedo y aprehensión en las madres de adolescentes y jóvenes, porque ser joven en el barrio significa, hoy por hoy, ser objetivo de los operativos policiales y estos son letales.
–¿Le gustaría agregar algo brevemente para finalizar?
–Sí, me llama mucho la atención que esta masacre ocurra después de unas semanas de protestas en varios sectores de la comunidad, exigiendo agua potable y gas; y, por otro lado, a pocas semanas de la celebración del 23 de Enero, hito histórico en la transición de la dictadura a la democracia (1958). Además, en un contexto de persecución a medios alternativos y a organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Creo que el poder busca inocular miedo a la sociedad para desmovilizarla. Enero y febrero son meses muy sensibles en la historia social y política del país.
*Internacionalista (UCV). Jefa de redacción de la revista SIC.
