Por: Orlando Medina*
El imperativo de la institucionalidad y la dignidad social en el 2026
Venezuela inicia el año 2026 en una encrucijada que no admite postergaciones. Tras una década marcada por la erosión de los cimientos del Estado de Derecho, la nación se encuentra ante la imperiosa necesidad de redefinir su contrato social. Como articulista y estudioso del derecho, observo que la crisis nacional no ha sido meramente económica, sino fundamentalmente ética e institucional.
El “beneplácito” del pueblo venezolano, ese sentimiento de seguridad y esperanza, no vendrá de la mano de soluciones cosméticas, sino de una reconstrucción estructural que devuelva al ciudadano su condición de sujeto de derechos y no de receptor de dádivas.
1. La Dimensión Jurídica:
Autonomía de Poderes y Seguridad Jurídica
El primer pilar de esta reconstrucción debe ser, sin duda, la restauración del Sistema Judicial.
El artículo 253 de nuestra Constitución establece que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República. Sin embargo, la percepción de justicia selectiva ha sido el mayor desincentivo para la inversión y la convivencia ciudadana.
Lo que debe suceder en lo sucesivo es una reforma profunda que garantice la independencia judicial. Esto implica:
Concursos de oposición públicos: Eliminar la provisionalidad de los jueces, asegurando que su permanencia dependa de su probidad y conocimiento, y no de lealtades políticas.
Depuración de los órganos auxiliares: Fortalecer el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para que operen como verdaderos contrapesos.
Digitalización y Transparencia:
La justicia lenta es injusticia. La modernización de los procesos judiciales reduciría los márgenes de corrupción y los retardos procesales que hoy vulneran el derecho al debido proceso.
2. El Salario como Expresión de Dignidad Humana:
El salario en Venezuela ha dejado de cumplir su función constitucional (Art. 91 CRBV) de garantizar una vida digna. El esquema de “bonificación” del ingreso, aunque ha servido como paliativo inmediato, ha destruido las prestaciones sociales y el valor del ahorro.
Para el beneplácito de los trabajadores, la política económica debe virar hacia la formalización del salario. Esto no es una meta aislada; requiere una política de control inflacionario agresiva y una disciplina fiscal que evite la emisión de dinero sin respaldo.
El salario mínimo debe indexarse a una canasta básica real, permitiendo que el trabajador recupere su capacidad de consumo y su autonomía frente al Estado. Solo un salario fuerte permite que la educación y el esfuerzo vuelvan a ser las herramientas de ascenso social en nuestra patria.
3. Educación y Capital Humano:
El Rescate del Futuro
El sistema educativo venezolano atraviesa lo que podríamos denominar una “emergencia pedagógica”. La fuga de cerebros y el abandono escolar han dejado cicatrices que tardarán décadas en cerrar. La recuperación educativa debe ser abordada desde dos vertientes:
Dignificación del Magisterio:
Es imposible exigir calidad educativa cuando el docente lucha por su subsistencia diaria. Un plan nacional de rescate docente es prioritario.
Infraestructura y Conectividad:
En 2026, la educación sin internet es una forma de analfabetismo funcional. El Estado debe garantizar que cada escuela pública sea un centro de vanguardia tecnológica.
Debemos pasar de una educación de “contención” a una educación de “innovación”, donde las universidades recuperen su autonomía presupuestaria para volver a ser los centros de pensamiento crítico que el país necesita.
4. Servicios Públicos y Descentralización:
El Retorno a la Eficiencia
La centralización excesiva de los servicios públicos (agua, electricidad, gas) ha demostrado ser un fracaso rotundo. El ciudadano vive en una constante zozobra que afecta su salud mental y su productividad.
La propuesta técnica es clara:
La descentralización operativa. Las regiones deben recuperar la gestión de sus recursos hídricos y eléctricos, permitiendo alianzas estratégicas con el sector privado bajo una regulación estatal estricta. La inversión en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) requiere capitales internacionales que solo llegarán si existe transparencia y modelos de gestión que no dependan del centralismo caraqueño. El agua potable y la luz constante no deben ser vistas como promesas de campaña, sino como derechos humanos fundamentales que el Estado está obligado a proveer.
5. El Sistema Electoral como Válvula de Estabilidad:
La confianza en las instituciones del Estado tiene su génesis en el Sistema Electoral. Para que Venezuela logre una estabilidad duradera, el árbitro electoral debe ser un ente técnico y neutral. El beneplácito nacional surgirá cuando el resultado de las urnas sea el reflejo fiel de una voluntad popular respetada por todos los actores. Esto requiere una observación internacional robusta, la actualización permanente del registro electoral y fundamentalmente, la garantía de que el voto es el único mecanismo legítimo para la resolución de conflictos políticos.
6. Política Económica: Del Rentismo a la Producción Diversificada:
La política económica debe trascender el rentismo petrolero. Aunque el petróleo sigue siendo nuestra mayor ventaja comparativa, la “Venezuela del futuro” debe ser agrícola, industrial y turística. La generación de confianza para los inversionistas nacionales y extranjeros pasa por eliminar la burocracia asfixiante y garantizar el respeto a la propiedad privada. Un Estado promotor, y no un Estado obstaculizador, es lo que demandan los gremios productivos del país.
7. Generación de Confianza: El Activo más Valioso
Finalmente, nada de lo anterior es posible sin la reconstrucción del tejido de confianza. La opacidad en la gestión pública ha sido el caldo de cultivo para la corrupción. Propongo la creación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que permita a cualquier ciudadano auditar el uso de los fondos del Estado. Cuando el ciudadano vea que sus impuestos se traducen en hospitales dotados y carreteras seguras, la legitimidad institucional se fortalecerá de manera orgánica.
Reflexión Final
Venezuela no necesita un cambio de forma, sino un cambio de fondo. El camino hacia el beneplácito de los venezolanos es árduo y exige un desprendimiento de intereses particulares en favor del bien común. Desde mi posición como abogado, analista y dirigente social, sostengo que la ruta es la Constitución. No hay atajos para la prosperidad; solo el respeto a la ley, la educación de calidad y la dignidad del trabajo nos devolverán la nación que merecemos.
La historia nos juzgará por nuestra capacidad de reconstruir la institucionalidad sobre las ruinas de la polarización. Es hora de que el Estado vuelva a servir al hombre, y no el hombre al Estado
*Orlando Medina. Abogado. Pte IFEDEC Zulia
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