El estado de Roraima, en Brasil, ha sido el escenario de incidentes violentos que muestran el rechazo de parte de la población local contra la masiva llegada de venezolanos. Los voluntarios que intentan ayudar a los solicitantes de asilo también son objeto de amenazas, denuncia el Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados
María Andreina Pernalete
Pacaraima, una pequeña población de sólo 12.000 habitantes del estado de Roraima, Brasil, en la frontera con Venezuela, se convirtió hace una semana en un termómetro de la presión que la emigración desde el país está insuflando a la región. Las cifras oficiales del gobierno brasilero indican que, durante el primer semestre de 2018, más de 16.000 venezolanos solicitaron asilo o refugio en el estado de Roraima, de un total de 56.740 que lo hicieron en todo ese país. La cifra representa un incremento de 20% con respecto a quienes empezaron ese procedimiento durante todo 2017.
Hasta la semana pasada, se calculaba que más de 2.000 venezolanos permanecían en Pacaraima, la mayoría de ellos pernoctando en las calles. El asalto que sufrió un comerciante, del que se culpó a uno de los emigrantes, fue el desencadenante de una protesta, en principio pacífica, que luego se convirtió en una violenta turba que quemó las pertenencias los campamentos improvisados y obligó a cerca de 1.200 personas a regresar al país. Debido al incidente, el gobierno de Michel Temer decidió militarizar la zona, a la que envió 120 efectivos de seguridad, y anunció que reforzaría la acción humanitaria con nuevos contingentes de voluntarios.
No fue el primer hecho de este tipo del que se ha tenido noticia. En marzo se había producido otra agresión en contra de los venezolanos, cuando un grupo de residentes de Mucajaí, también Roraima, expulsó a 50 emigrantes de una escuela abandonada en la que se habían alojado y quemó sus pertenencias. En otro incidente de febrero, la vivienda de un grupo de 13 refugiados en Boa Vista fue atacada con una bomba molotov.
El 6 de agosto, el gobierno de Roraima había intentado cerrar las fronteras con Venezuela mediante una acción judicial ordenada por Helder Girao Barreto, juez de primera instancia del estado, que fue aplicada por unas cuantas horas hasta que fue suspendida por orden del Tribunal Supremo de Brasil y que, de acuerdo con los observadores, incrementó las tensiones entre la población local y los inmigrantes.
Las amenazas también se han extendido a quienes prestan su ayuda a los venezolanos. Recientemente, hubo intimidación contra miembros del equipo del Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados en la región, tras comenzar a circular en redes sociales un video en el que se muestra a un colaborador de esa organización que explica los derechos que asisten a los emigrantes para no ser desalojados, acompañado de mensajes que, de acuerdo con un texto publicado por Vatican News “manipulan y descontextualizan” el contenido e incentivan “el odio y la xenofobia”.
La acción fue rechazada por la diócesis de Roraima y la Red Eclesial Panamazónica. “En Brasil, esta acción estatal (el desalojo) está regulada por una serie de procesos formales para salvaguardar los derechos fundamentales de esas personas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad social. Y era esto lo que el colaborador estaba explicando a las familias”, aclara el texto.
Carlos de Brum, escolar jesuita y miembro del servicio, describe el estado de ánimo bajo el que trabajan: “Nuestro equipo está muy mal acá. La mayoría son voluntarios venezolanos y todos estamos bajo amenaza por ayudar a los que no tienen protección. Los venezolanos están cansados de recibir solo un no como respuesta, nosotros debemos darles esperanza”, dice.
De Brum además denunció que la Policía Federal no está emitiendo los protocolos de refugio ni de residencia desde principios de mes. “Los inmigrantes no tienen posibilidad de arreglar sus papeles en Boa Vista”, denuncia, y esto pone obstáculos a la hora, por ejemplo, de solicitar empleo, porque para eso es necesario la Cartera de Trabajo, que debe solicitarse con el protocolo de refugio y el CPF (Registro de Personas Físicas). “Tanto la Policía Federal como el Ministerio del Trabajo están siendo negligentes. Uno de sus argumentos es que no tienen personal para atender a tantos venezolanos”, afirma.
Esta nota fue publicada por Siete Días el 26 de agosto de 2018.
