Arturo Peraza s.j.*
Para un defensor de derechos humanos debería resultar buena noticia una sentencia que busque reivindicar la verdad, sancionar a los responsables de hechos tan graves como los acontecidos el 11 de abril de 2002, y que indemnice a las victimas . Pero éste no es el caso.
Se trató de un juicio que injustificadamente duro más de 6 años, por lo cual se violentó el derecho al debido proceso de quienes se encontraban privados de su libertad. Se trató de un juicio que desde el principio arrojó dudas sobre su objetividad e imparcialidad. Se trata de que nuestro Poder Judicial sigue sin generar la garantía de independencia requerida para poder creer en sus sentencias, más cuando están involucrados aspectos políticos.
Lo grave del caso es que resulta imposible saber si efectivamente los funcionarios hoy sentenciados a 16, 17 y 30 años de prisión fueron los verdaderos responsables de los hechos que se le imputan o si por el contrario se trata de una burla más de la justicia venezolana. Las sentencias de hecho suenan más a una venganza política que resulta conforme con toda la actuación que el Estado en estas últimas semanas ha desplegado persiguiendo opositores políticos, usando para ello el aparato judicial.
No se puede decir que hoy haya triunfado la defensa de los derechos humanos, ni la verdad. No sabemos si se sancionó a los responsables, o quizás se siguen produciendo nuevas víctimas de aquellos hechos. Por eso más bien vale la pena recordar que desde aquel entonces la sugerencia de las ONG’s de derechos humanos fue la instalación de una comisión de la verdad que de forma imparcial estableciese la verdad de los hechos. Esto sigue siendo materia pendiente.
*Director de la revista Sic y defensor de derechos humanos.
