La salud agoniza en Venezuela

El derecho a la salud es un derecho profundamente imbricado con la vida, la justicia, la igualdad y la libertad. En Venezuela, pese a las garantías constitucionales, hay evidencias que revelan retrocesos significativos en el goce efectivo del derecho a la salud para los sectores más vulnerables de la población; quienes no pueden acceder a los servicios y tratamientos o no son atendidos porque los establecimientos públicos de salud carecen de personal médico calificado, equipos básicos, insumos y medicamentos

Por Cristyn Quiroz* | Revista SIC 826

El derecho humano a la salud es el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, entendida como la mejor capacidad alcanzable de integridad y bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Este derecho garantiza a todas las personas la disponibilidad, acceso y disfrute de establecimientos, servicios, medicinas, insumos y personal capacitado, sin discriminación, además de alimentación y servicios básicos que se consideran determinantes para la salubridad. Comprende también estar libre de coerción, violencia, tortura, aislamiento, esclavitud y de riesgos de enfermedad por factores que puedan generar una mala salud. Este derecho es parte del derecho a la vida, lo cual significa protegerla de amenazas por actos u omisiones cuya intención o expectativa sea causar muertes evitables y/o prematuras.

En Venezuela no se garantizan ninguna de las condiciones anteriores, por el contrario, la población venezolana enfrenta una situación de extrema escasez y desabastecimiento de alimentos, medicinas, insumos, materiales y equipos médicos. Ello ha provocado una severa interrupción del funcionamiento de las redes alimentarias y de los servicios de salud, tanto del sector público como privado en todo el territorio nacional. Durante las últimas dos décadas Venezuela experimenta un contexto de inestabilidad política, destrucción del Estado de derecho y desmantelamiento de las instituciones democráticas que ha generado graves y múltiples violaciones de los derechos humanos. Desde 2016 hasta hoy, el Gobierno nacional ha decretado catorce estados de excepción y emergencia económica continuos y sus respectivas prórrogas, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para imponer un régimen no democrático al margen de las normas constitucionales, y bloquear el funcionamiento de la Asamblea Nacional como Poder Legislativo cuyos miembros, en su gran mayoría de oposición, fueron electos por voto popular para el periodo 2016-2021¹.

Desde el año 2015 Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja (EHC), un tipo de crisis humanitaria originada por factores políticos que causa una grave situación de inseguridad humana, con necesidades masivas de protección y asistencia humanitaria, como consecuencia de una privación sistémica de derechos humanos. Este tipo de crisis se gestan durante un largo período de inestabilidad que erosiona las estructuras jurídicas, institucionales, económicas y sociales de un país, hasta producir el derrumbe de las capacidades que dependían de esas estructuras para garantizar la vida, la seguridad, las libertades y el bienestar de la población.

La EHC en Venezuela ha generado graves daños a la salud de millones de personas, la reaparición y propagación de epidemias y miles de muertes en creciente ascenso por la destrucción del sistema sanitario público, sometido a un deterioro sistemático como consecuencia del desfinanciamiento, el uso de recursos para crear un sistema paralelo al institucional que prescindió de los profesionales y trabajadores calificados, la exacerbación de las importaciones y el control abusivo de las divisas, la censura y la ausencia de datos oficiales sobre las condiciones sanitarias y la situación de salud de la población.

Algunos indicadores que permiten evidenciar las capacidades deterioradas o pérdidas del sistema sanitario son los siguientes: para el año 2019, del máximo alcanzado en cuanto a centros de atención primaria, al menos el 50 % se encontraban cerrados o inoperativos, mientras que los ambulatorios públicos especializados cerrados o inoperativos sumaban más del 60 %, y con relación a los hospitales públicos se contabilizaban en más del 60 % los cerrados o inoperativos². En cuanto a las camas instaladas en el sistema sanitario público, más del 50 % se encontraban inoperativas³, y con relación a las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aproximadamente 35 % del total requeridas en el sistema sanitario público se encontraban operativas⁴. Otro indicador importante tiene que ver con el personal médico capacitado: en los últimos diez años más del 50 % se ha retirado de sus funciones⁵. El personal de enfermería en los hospitales públicos también ha disminuido más del 50 % en los últimos cinco años⁶.

Además de la afectación del derecho a la salud, la EHC trajo la agudización extrema de privaciones en los derechos a la alimentación, educación, medios de vida, seguridad y acceso a servicios básicos. Frente a esta situación extrema el Gobierno se negó a recibir asistencia humanitaria internacional, prolongando la emergencia por más de cuatro años. Hasta 2019, el Estado venezolano acumulaba más de 1.500 observaciones de los sistemas de protección internacional para corregir o enmendar sus políticas ante el creciente deterioro de los derechos humanos, la mayoría emitidas entre 2011 y 2017 luego de su revisión en seis exámenes de tratados internacionales y dos ciclos del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas (ONU)⁷. En 2018, la Oficina del  Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) publicó un informe sobre el considerable descenso de las garantías a los derechos humanos en Venezuela⁸. Ese año el Consejo de Derechos Humanos dictó una resolución en la que se dio mandato a la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas para continuar el seguimiento a la situación de los derechos humanos en Venezuela⁹.

La afectación de los servicios básicos, como agua y electricidad, en toda la población también se encuentra presente en los centros de atención médica. En el año 2019 se estimó que al menos 60 % de los hospitales públicos presentó fallas de energía eléctrica, mientras que más del 80 % presentó fallas en el suministro regular del servicio de agua¹⁰.

Debido al prolongamiento de la EHC y a la falta de protección y asistencia humanitaria, Venezuela ocupa hoy el quinto lugar entre las crisis de largo plazo a nivel global más empeoradas o deterioradas en los últimos diez años –de 2010 a 2020–; el país comparte esta categoría con Libia, Yemen, Mozambique y Mali¹¹, según el Índice de Estados Frágiles (FSI –Frágil Estates Index–), herramienta  que permite medir las capacidades de los Estados y las vulnerabilidades que los colocan en mayor riesgo de fragilidad. Las doce categorías del índice con las que se miden las naciones son: situación y respuestas de seguridad; comportamiento de las élites gobernantes; divisiones sociales; rendimiento económico; desigualdad económica; emigración; legitimidad estatal; servicios públicos; derechos humanos y Estado de derecho; presiones demográficas; refugiados; intervención externa.

Desde 2018 Venezuela fue el país con el mayor éxodo de refugiados y migrantes de América Latina y el Caribe en su historia moderna¹² y hasta ese año el país concentraba 33 % de la población en pobreza extrema de la región, la cual seguía en ascenso por la profunda recesión económica¹³. En 2020, la situación en Venezuela es considerada la cuarta crisis alimentaria del mundo¹⁴ y se encuentra entre los veinte países con las más bajas capacidades de seguridad y prestación sanitaria para prevenir, detectar y responder a brotes importantes de enfermedades infecciosas¹⁵.

Con la llegada de la pandemia por la COVID-19, en marzo del año 2020 el Gobierno decretó un estado de alarma y ordenó una “cuarentena social y colectiva” a nivel nacional, bajo controles centralizados y al mando de las fuerzas militares, policiales y otros agentes no-estatales. La situación durante la pandemia ha exacerbado la precaria situación económica de millones de personas que perdieron sus medios de vida y cuyos ingresos son extremadamente insuficientes para comprar alimentos a precios dolarizados por una hiperinflación sostenida durante más de tres años, y la cual ha destruido el valor de la moneda nacional. Por otra parte, un sistema de salud público gravemente afectado en sus capacidades para prestar servicios y con elevadas carencias de materiales, insumos, medicinas y equipos, no garantiza atención adecuada a las personas enfermas por la COVID-19 ni a un gran número de personas que ya tenía muy poco acceso al sistema de atención¹⁶.

*Politóloga. Civilis Derechos Humanos.

Notas:

1. Informe Conjunto sobre Patrones de Violación del Derecho a la Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela (2020). Elaborado por 43 organizaciones de la sociedad civil de quince estados de Venezuela. En: https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Informe-sobre-Patrones-de-Violaci%C3%B3n-de-DDHH-Completo-01.pdf
2. Observatorio Misiones de Transparencia Venezuela. En: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/05/Registro-visual-de-hospitales.pdf
3. Ministerio del Poder Popular para la Salud. En: http://www.mpps.gob.ve/index.php/sala-de-prensa/notnac/379-un-total-de-23-762-camas-hospitalarias-y-1-213-camas-para-cuidados-intensivos-activas-en-venezuela
4. Crisis en Venezuela. En: http://crisisenvenezuela.com/2020/04/23/jose-felix-oletta-venezuela-tiene-uno-de-los-escenarios-mas-dificiles-frente-al-coronavirus/
5. Federación Médica Venezolana. En: https://www.elimpulso.com/2019/09/12/fmv-30-000-medicos-se-han-ido-de-venezuela-12sep/
6. Gremio de enfermeras. En: https://cronica.uno/ana-rosario-contreras-no-descarta-una-renuncia-masiva-del-gremio-de-enfermeria/
7. Informe Conjunto sobre Patrones de Violación del Derecho a la Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela (2020). Elaborado por 43 organizaciones de la sociedad civil de quince estados de Venezuela. En: (ob. cit.)
8. OACNUDH (2018). En: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf
9. OACNUDH (2019). En: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
10. Encuesta Nacional de Hospitales (2019). En: https://www.encuestanacionaldehospitales.com/
11. Fund for Peace. Fragile States Index (2020). En: https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2020/05/fsi2020-report.pdf
12. Global Humanitarian Overview (2019). En: https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2019
13. Panorama Social de América Latina (2019). En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf
14. Informe Global de Crisis Alimentarias (2020). En: https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2020_ONLINE_200420.pdf
15. NTI y Center of Health Security de la John Hopkins. Índice de Seguridad Sanitaria Global (2019). En: https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2020/04/2019-Global-Health-Security-Index.pdf
16. Informe Conjunto sobre Patrones de Violación del Derecho a la Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela (2020). Elaborado por 43 organizaciones de la sociedad civil de quince estados de Venezuela. En: (ob. cit.)

Fuente: Revista SIC 826