Por Saidé Puga
Al sur de Venezuela se ubica el estado Bolívar, un hermoso territorio que guarda una generosa muestra del origen milenario de nuestro país. Exuberantes paisajes naturales, lleno de riquezas minerales, enormes y caudalosos ríos, fauna y flora exótica, y mucha humanidad de sus pueblos originarios.
Hoy día esta región, que antiguamente fue próspera, vive una lamentable situación que desde el análisis de su contexto social, político, económico y ambiental, pareciera ser irreversible, sobre todo si no se genera un cambio radical en la forma de explotación de sus riquezas y el destino de la inversión en sus once municipios. Los daños que ha ocasionado esta situación se manifiestan significativamente en pérdidas ambientales, económicas, sociales, materiales y humanas hasta el punto en el que las necesidades básicas han sobrepasado las capacidades en un 67,5 %.
Hoy su principal fuente de riquezas juega en contra de la región
En el contexto de la actividad minera, existe una creciente violación del medio ambiente y los derechos humanos, donde la minería es la principal causa de deforestación en la Amazonía venezolana, después de la agricultura. Al respecto, en el año 2016, el presidente Nicolás Maduro declaró –ilegalmente– la creación de una zona de minería especial al norte del estado Bolívar, que cubre el 24 % de la selva amazónica del país. El área ha perdido más de 230.000 hectáreas de bosque, conforme indican estudios que hacen organizaciones no gubernamentales, como SOS Orinoco, Serlas, entre otros.
En líneas gruesas, y con argumentación específica de las investigaciones, se estima que las actividades mineras actualmente ocupan al menos 20.000 hectáreas de la zona especial, lo que, a su vez, comprende 14 territorios indígenas, cuyos residentes no fueron previamente consultados para su creación. En tal sentido, miembros de distintas comunidades indígenas dentro de la zona especial y Río Abajo están padeciendo de una grave intoxicación con mercurio, sustancia tóxica utilizada para separar el oro de las impurezas.
La minería ilegal de oro en el estado Bolívar es controlada en su mayoría por organizaciones criminales, conocidas en Venezuela como sindicatos o colectivos, además de los grupos armados colombianos que vigilan a los ciudadanos. Estos grupos establecen condiciones de trabajo abusivas y tratan brutalmente a quienes son acusados de cometer robos y otros delitos, recurriendo, en algunos casos, al desmembramiento y asesinato de forma pública.
Esta economía minera, que originariamente representaba la principal fuente de recursos del Estado, ha convertido a un gran número de la población en rehenes del sistema, ya que esta actividad extractivista, actualmente fuera de control, ha trastocado los precios y el valor de los productos, haciendo que la carestía de la vida en la región sea mayor a la del resto del país. Sumado a esta condición, el deterioro de los ingresos salariales, el empeoramiento del empleo como consecuencia de la desindustrialización de Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar –al igual que en resto del país– y el debilitamiento y persecución de las organizaciones sindicales son las principales causas del incremento de la pobreza en la región.
La violencia sistemática y muy presente
Según lo publicado por el Observatorio de Violencia, en el año 2020, el estado Bolívar era el segundo estado más violento del país, con una tasa de 62 por cada 100 mil habitantes (m/h), superado por el estado Miranda y seguido por los estados Sucre, Aragua y Distrito Capital. Los municipios con más muertes violentas por cada 100 m/h continúan siendo El Callao, Sifontes y Roscio, con la particularidad de que dichas jurisdicciones están ubicadas al sur del estado, y su principal actividad económica está enmarcada en la minería y las actividades conexas.
Resulta importante comprender que los sistemas de violencia en Bolívar, de conflictos de dominación y control de espacios, han mutado a conflictos de supervivencia, produciéndose robos, hurtos, linchamientos, ajuste de cuentas, lesiones, entre otros; motivados, principalmente, por la obtención de bienes y productos tangibles y canjeables que puedan ser vendidos o intercambiados para poder subsistir, debido a la dificultad que existe para la adquisición de productos de primera necesidad.
Por su parte, en medio de estos contextos de violencia, los sindicatos actúan con complicidad del Gobierno y, en algunos casos, también con su colaboración. Las pandillas venezolanas, las élites políticas y militares del país y grupos armados colombianos siguen siendo actores clave en el comercio del oro y minerales estratégicos.
Un sistema educativo muy impactado
El contexto educativo, muy poco mencionado ante la opinión pública, también se ve afectado en el ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, como consecuencia del funcionamiento deficiente del mismo, ante la complejidad de la realidad actual, donde encontramos escuelas con servicios básicos parciales o completamente ausentes.
Por su parte, los padres, madres y representantes ven y comentan con preocupación la insuficiencia de personal docente calificado, el cual se ha visto en la necesidad de migrar forzosamente fuera del país como consecuencia de la crisis económica que se vive en la región. Este déficit en el personal docente ha impactado en la calidad académica, lo que, en un mediano plazo, ha determinado deficiencias en las nociones básicas de los alumnos para ingresar a niveles de educación superior, ya que no logran acabar el pensum que les permitirá avanzar correctamente en su aprendizaje.
El estado Bolívar cuenta con 1.311 instituciones educativas (en el nivel de Educación Básica), de las cuales, 883 son administradas por el ministerio de Educación, 134 son dependientes del Ejecutivo regional, 12 son municipales, 32 son dependencias autónomas, 59 son subvencionadas, y 191 son privadas. Debido a las múltiples situaciones ya mencionadas, muchas de estas instituciones se encuentran muy deterioradas.
La mayoría de ellas fueron construidas en la segunda mitad del siglo XX; por esto, y sin un plan de mantenimiento sostenido, se puede prever como resultado unas infraestructuras destruidas o desmejoradas en su totalidad.
Hay que enfrentar la realidad
Hablar y hacer un análisis de la realidad en el estado Bolívar es conjugar lo que pasa en el país, pero con un mayor grado exponencial de complejidad, ya que somos un estado fronterizo y con un gran cúmulo de minerales y alternativas potenciales para el desarrollo del país.
A pesar de poseer estas riquezas, la situación muestra la profunda crisis humanitaria que vive el país y el sufrimiento que padecen los habitantes de la provincia de Guayana. Un reflejo significativo de esta crisis es la migración de venezolanos al vecino estado de Roraima, en Brasil, que hoy cuenta con más 50 mil personas en condición de refugiados y que, según las autoridades brasileñas, al menos 560 mil venezolanos viven en esta nación sudamericana.
Lo que ocurre en la provincia de Guayana, comparado con la capital del país, no solamente es discriminatorio, como en el resto del interior del país, sino que pone en evidencia la perversidad de las autoridades, ya que se sacrifica a la mayoría del país para que Caracas mantenga la fachada de un Gobierno que viola constantemente los derechos humanos. El Gobierno ha creado una visión en el estado Bolívar del dinero fácil por la influencia de la minería, la delincuencia o la ciberdelincuencia. Esta situación tan compleja, nos lleva a preguntarnos: ¿qué vamos a hacer como sociedad demandante?
