Posición del Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos (Moinaddhh) en el marco del encuentro de la Red Eclesial Panamazónica en Puerto Ayacucho, estado Indígena de Amazonas, 07 de diciembre de 2018:
Consciente de la realidad que afrontamos sobre la amenaza que representa la minería ilegal en la Amazonía Venezolana en el contexto de la Panamazonía ante el creciente extractivismo o la explotación del oro desenfrenado en los últimos tiempos, que ha generado consecuencias desatrozas en áreas sensiblemente frágiles y complejas y en diferentes campos desde el punto de vista socioambiental, expone un modelo de extractivismo depredador de ecosistemas y culturas representada por los pueblos indígenas, hoy también amenazado por proyectos transnacionales conocido como el “ARCO MINERO DEL ORINOCO”, el cual ya se encuentra instalado en nuestra Amazonas a través de la ONAFIM, Oficina Nacional de Fiscalización Minero, pronto a ser aperturada en la ciudad Capital Puerto Ayacucho, sin previa consulta alguna, el cual genera incertidumbre de toda la población regional, porque es un asunto que nos incumbe a todos, y nos debe llamar la atención al compromiso solidario por el futuro de la preservación ambiental de la Amazonía y de la vida humana.
Hoy más que nunca reafirmamos nuestra relación con la Madre Tierra y nuestra responsabilidad con las generaciones futuras de mantener la paz, la equidad y la justicia. Creemos que la Red Eclesial Amazónica juega un papel preponderante, que reanima en nosotros la alegría, la voluntad y la esperanza, para enfrentar situaciones y peligros que nos amenazan a toda la Amazonía como país y a todos los que abarca los países amazónicos. En ese contexto, el Movimiento Indígena Amazonenses de Derechos Humanos (MOINADDHH), exige el cumplimiento, la protección, la garantía y el respeto de los derechos humanos, colectivos y ambientales que exigen los Pueblos Indígenas en el marco legal constitucional, relacionados con los derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida, las cuales además son asiento de sus referentes sagrados e históricos.
Todo ello implica un profundo cambio de perspectiva política, jurídica y cultural del país. Consciente también de que el Estado Venezolano cumpla con las obligaciones contraídas en los tratados, pactos, convenios internacionales y otras normas de aceptación universal que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas, los mismos son asuntos de preocupación, interés y responsabilidad internacional, y tienen carácter internacional, que afirman la importancia fundamental de que los Estados Partes en al ámbito internacional cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, la previa consulta y cooperación con los pueblos interesados.
