Por Eduardo Soto Parra, s.j.
Hay muchos modos de abordar las relaciones entre dos países que comparten una historia y una frontera tan extensa como lo son Colombia y Venezuela. Para nosotros, los jesuitas, la frontera además es donde se sitúa el lugar de nuestra misión, de acuerdo con la Congregación General número 35, en su primer decreto titulado “Con renovado impulso y fervor”. Las fronteras, en efecto, “… pueden ser lugares de conflicto y tensión que ponen en peligro nuestra reputación, tranquilidad y seguridad”, en donde luce más necesario expresar nuestra misión de “… defensa y propagación de la fe y la promoción de la justicia”.
Como jesuita, siempre he estado vinculado a misiones en diversas fronteras culturales, religiosas y sociales, y mi abordaje de las mismas ha correspondido al rol que me ha tocado desempeñar. Sin embargo, desde hace poco más de un año fui destinado a acompañar como párroco encargado –el término canónico es Administrador Parroquial– a las comunidades y personas de la Parroquia San Camilo de Lelis en El Nula, estado Apure. Esta parroquia se encuentra ubicada en un área limítrofe con Colombia por el Páramo del Tamá, y en el paso hacia la frontera fluvial del Arauca, luego de cruzar el puente sobre el río Sarare, límite sur de la Parroquia Eclesiástica, en coincidencia con la Parroquia Civil San Camilo del Municipio Páez, del estado Apure.
En este ensayo intentaré esbozar algunos de los aprendizajes que, como cura de frontera, he obtenido a lo largo de este intenso año apostólico en El Nula, y que están basados exclusivamente en mi experiencia inmediata al convivir con y servir a las comunidades de esta zona del Alto Apure. Por lo tanto, más que datos cualitativos y exhaustivos sobre las realidades de las cuales disertaré, lo que deseo compartir es mi vivencia de las relaciones colombo venezolanas desde la perspectiva de un agente pastoral que, junto a otros, goza y sufre la cotidianidad de quienes habitamos en este sector de la geografía nacional. Por este motivo, de antemano advierto y me disculpo, si es el caso, sobre el modo personal en el cual me dirijo a los lectores.
La frontera como oportunidad
Lo primero que se puede afirmar en relación a las relaciones entre Colombia y Venezuela, es que la frontera es el lugar geográfico en donde más se van a sentir los cambios en las mismas y las expectativas que generan. Y lo que es más importante, esos cambios siempre van a ser vistos como una oportunidad. En efecto, la total apertura y transparencia, como el cierre y la clandestinidad en las relaciones entre los gobiernos generan, para la población fronteriza, chances que se aprovechan en cuanto la actividad socio-cultural y económica. La resiliencia constitutiva del sujeto que vive en la frontera le impulsa a estar siempre en busca de oportunidades y de ver en toda situación, incluso en las adversas, un escenario que lo favorezca, aun cuando lo que se construya sea liminal a la legalidad.
Para completar esta idea, les proporciono un ejemplo. Cuando hace veinte años fui destinado como maestrillo a El Nula, una de las fuentes principales de ingreso de las familias era el contrabando de gasolina desde Venezuela hasta Colombia, con todos los riesgos y la corrupción asociada al “negocio”. Hoy en día, dada la carestía y costo del combustible del lado venezolano, sigue operando el “negocio”, pero es la gasolina colombiana la que entra ilegalmente al país, y es ofrecida a todos quienes necesitamos combustible para cumplir con nuestras actividades. En el pasado, en esta ribera del Arauca vibrador, solo quienes contaban con vehículos y logística podían beneficiarse. En el caso actual, muchos se benefician al vender el producto en pequeña escala. En ambos casos, hay quienes siempre se han aprovechado: las autoridades de uno y otro país que facilitan el paso, no precisamente de manera gratuita o inspirados en principios humanitarios.
La permeabilidad de la línea fronteriza
En el Alto Apure, la alta permeabilidad de la frontera juega un papel muy importante a la hora de medir los impactos de las decisiones que se tomen en la definición de las relaciones colombo-venezolanas. Por ejemplo, al estar los pasos fronterizos legales cerrados y desaparecer la atención consular, la movilidad humana se trasladó a los puntos fronterizos menos vigilados, entre los cuales se encuentran el de La Victoria –Arauquita y el de Puerto Contreras– y Saravena, ambos de rápido acceso atravesando la Parroquia San Camilo. Ciertamente, una regularización de las relaciones y la vuelta de la atención consular hará que disminuya la gran cantidad de personas que de manera definitiva o pendular han estado utilizando estos pasos fronterizos, así como el despliegue económico y social que ha generado la presencia de los “caminantes”. Ya sean los que se van, o los que en la actualidad regresan a territorio venezolano; todos en notoria vulnerabilidad, lo que ha ameritado un aumento de la acción humanitaria en la zona.
A diferencia de Colombia, que siempre ha estado en la mira de las organizaciones de acción humanitaria internacionales por su prolongado conflicto armado, Venezuela es ahora cuando ha sido testigo del crecimiento del tercer sector asociado o financiado con fondos destinados a la acción humanitaria mundial. La inversión de estos fondos en la frontera ha sido un alivio no solo para las familias afectadas y vulnerables por la movilidad humana, sino también para los agentes económicos, turísticos y comerciales en la frontera, quienes se han capacitado y mejorado a fin de cumplir con los estándares internacionales y ser proveedores de estas organizaciones. En este sentido, la disminución de la actividad humanitaria producto de un nuevo modo de abordaje de la emergencia compleja que atraviesa el país, en las relaciones entre Colombia y Venezuela, pondría en peligro la generación de empleos, la modernización y profesionalización que los agentes humanitarios han traído a la frontera.
Sin embargo, aun con todos los esfuerzos hechos desde el tercer sector para aliviar el sufrimiento de las víctimas de la violencia social que se vive en esta zona, falta mucho para que el Gobierno nacional y local puedan garantizar a plenitud la satisfacción de los derechos asociados a la prestación de los servicios públicos y de salud en Venezuela, hoy todos ellos en manos del Estado. Por este motivo, muchos de los habitantes de la frontera solo logran su satisfacción accediendo a los servicios prestados por agentes públicos, privados y/o humanitarios del lado colombiano. A esto se suma que toda la economía de esta área se maneja casi exclusivamente en pesos colombianos (COP) y, por ende, lo que ganan aquí les rinde mucho más que en Colombia. La cercanía y permeabilidad de la frontera hace más fácil conseguir lo que se necesita, tanto en prestación de servicios, como en medicamentos e insumos alimenticios. Independientemente de que, al regresar, se arriesgue la conservación de los productos perecederos adquiridos o recibidos, debido a los frecuentes cortes de luz, algunos de ellos por más de ocho horas.
Aspectos menos visibles, pero igualmente importantes
Otra realidad que sin duda se afectaría dependiendo de la orientación de la nueva política binacional es lo concerniente a la acción de los grupos armados irregulares colombianos en territorio fronterizo venezolano. Una de las mayores expectativas que ha generado la regularización de relaciones entre los dos países es la definición del rol de dichos grupos, los cuales realizan actividades de distinta índole en esta zona desde hace más de treinta años. Algunos apostamos por su desmovilización, desarmamiento e integración en la sociedad tanto en territorio colombiano como venezolano, dadas las similitudes ideológicas de muchos de ellos con el proyecto gubernativo de los presidentes Petro y Maduro. Otros, por la misma razón, temen una perpetuación del conflicto entre ellos, y su fortalecimiento como fuerzas “populares y de choque” para defender la zona de los gobiernos y agrupaciones que apoyan las políticas globales del capitalismo, léase, los Estados Unidos.
Esta presencia, que ha sustituido en algunos casos la ausencia del poder nacional en la frontera –en cuanto a administración de justicia y seguridad–, ha sido eficaz por el temor que su apariencia y poder generan en la población, así como en los vínculos que han tratado de hacer desde sus inicios con el denominado “poder comunal”, aun de pendiente consagración constitucional, pero que se organiza con grandes esfuerzos y es ejercido en los distintos concejos y ciudades comunales en construcción. Efectivamente, esta búsqueda de legitimación de los grupos armados irregulares al querer apoyar la gestión del poder popular o comunal en la frontera, les convertiría en garantes de las decisiones que los distintos organismos comunales realizan sobre todo en lo atinente a resolución de conflictos y reparto de servicios públicos (gas doméstico, mercado, suministro de agua, asignación de lotes para vivienda, etcétera). Sin embargo, preocupa que los entes del poder popular reciban este “apoyo” a riesgo de ceder la soberanía e independencia de sus decisiones, ante el temor que genera la violencia perpetrada por dichos grupos. Un código ético de guerra que, al ser acatado, produce una tensa paz social armada, pero que, al ser desobedecido, enfrenta a un poder sin límites, cuyas sentencias son inapelables e innegociables.
Una oportunidad que no puede desaprovecharse
Estas situaciones, por su complejidad, son difíciles de cambiar a corto plazo. Sin embargo, no puede desaprovecharse la oportunidad histórica de coincidencia ideológica y regularización de relaciones de los gobiernos de Caracas y Bogotá para aliviar el sufrimiento de la población fronteriza, y para que el modo como se ejerce el poder en esta zona sea cada vez más justo y humano. Lo propio sería combatir el abandono y la irregularidad con propuestas concretas que involucren mayor presencia gubernamental civil y consular, mayor inversión social y atención por parte de los dos gobiernos a sus pobladores de frontera, quienes siempre se han destacado por su hospitalidad, creatividad y fe profunda, no solo en Jesucristo, sino en sí mismos, en sus comunidades y en quienes venimos a acompañarlas.
La gente de El Nula y de todas nuestras fronteras merece vivir en paz y en justicia. Una justicia que no puede depender de actores armados, ni de organismos internacionales, sino de un pueblo y gobiernos debidamente capacitados e institucionalizados, sometidos a las leyes y a la Constitución. Esta igualdad ante la Ley, con el favor de Dios y la buena voluntad de todos, nos permitirá aprovechar este viraje en las relaciones binacionales para construir progresivamente una frontera más fraterna, próspera y en paz, fortaleciendo su conciencia ciudadana, compromiso social y civilidad; lejos de soluciones rápidas, armadas y violentas que solo generan más dolor, miedo, movilidad y abandono. Como jesuita y hombre de fe, que acompaña y se afana junto a este pueblo creyente, espero y trabajo porque así sea.
