Aunque los diálogos vinculantes ya culminaron y se recogieron en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, queda una inquietud sobre cómo el Gobierno va a seguir promoviendo la construcción de paz “desde abajo” en los territorios
Por Mauricio García Durán, s.j.
La Paz Total se ha ido configurando como el gran eslogan del actual Gobierno colombiano, con el cual el presidente Gustavo Petro ha querido dar más identidad a su gestión y lograr así ser
recordado en el futuro. De ahí la relevancia de la Paz Total en sus actuaciones y discursos, así como en las acciones de la vicepresidenta Francia Márquez y de gran parte de los funcionarios públicos. Sin embargo, es preocupante percibir niveles de improvisación y desaciertos en esta política, como se ha evidenciado en la falta de claridad en los acercamientos, el tipo de negociación y el cese al fuego con sectores criminales y del narcotráfico.
El Gobierno tiene que mostrar resultados muy concretos para evitar que sus esfuerzos terminen convertidos en otra “paz parcial” o en un recrudecimiento de la violencia. Tiene el reto de potenciar eficazmente los elementos positivos de la política de paz, aclarar los que todavía están confusos y proponer alternativas frente a los obstáculos, en pos de una paz posible.
Carencias y nuevas negociaciones
En la discusión sobre la Paz Total, tanto en el ámbito político como en el académico y de activistas por la paz, surgen muchas preguntas sobre su real significado. Algunos analistas consideran que predomina la improvisación: el Gobierno no ha dado a conocer un documento que explicite y muestre contenidos, objetivos y estrategias de dicha política. El debate se ha centrado en los procesos de negociación y sometimiento de los actores armados. No se observa una búsqueda de una hoja de ruta sobre cuál es la paz posible en las actuales circunstancias ni una promoción de dinámicas de desarrollo integral, fortalecimiento de la democracia y promoción de una cultura de paz y reconciliación, condiciones para consolidar un país en paz, potencia para la vida, como reza el Plan Nacional de Desarrollo (DNP 2022 y DNP 2023).
Se necesita que el Gobierno explicite una política de paz propiamente dicha en todos sus componentes. Significa generar no solo estrategia, sino también mecanismos concretos que garanticen su implementación, mediante una adecuada coordinación entre las instancias del Estado. Una política comprensiva de paz, como la Paz Total, requiere una política de negociación, contención y disuasión de los actores armados para frenar la violencia y las afectaciones a la población civil. Ello implica al menos el cumplimiento del Acuerdo de paz con las FARC en 2016, una ruta de negociación con actores de carácter político –como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que no entraron en los acuerdos de 2016– buscando un acuerdo de paz y un proceso de desmovilización, una política criminal que fije pautas para el manejo jurídico y el control institucional de actores vinculados a la economía ilícita, y una política de seguridad, que ofrezca lineamientos claros para la operación de la Fuerza Pública.
El actual Gobierno ha logrado avances al retomar desde noviembre de 2022 la negociación con organizaciones que persiguen objetivos políticos y reconstruir el soporte internacional al proceso, incluyendo a Venezuela, México y Cuba. Sin embargo, no existe un cese al fuego, lo que lleva a situaciones dramáticas, como el atentado del 29 de marzo en Norte de Santander donde murieron nueve militares. También hay preguntas sobre el horizonte final del proceso de paz, es decir, hasta dónde terminará con la lucha armada y la desmovilización del ELN como guerrilla.
El Gobierno acaba de abrir otro frente de negociación con las disidencias de las FARC. Queda por saber si será para acogerse a lo acordado con las FARC o ir más allá de ese acuerdo. Y se ha suscitado un gran debate acerca de si las disidencias pueden ser consideradas de nuevo como sujetos de negociación política, pues traicionaron el acuerdo de 2016. Hay dudas de si es viable una negociación centrada en “amnistía, perdón y olvido”, como se ha señalado.
¿Es posible la Paz Total sin una política de seguridad?
Dados los grupos armados ilegales existentes y sus vínculos indiscutibles con las dinámicas de las economías ilícitas, particularmente narcotráfico y minería ilegal, los niveles de violencia se vienen incrementando de forma importante desde 2018, luego del descenso significativo registrado tras la firma del mencionado Acuerdo de Paz. El incremento de la violencia se ha concentrado en zonas vinculadas con las economías ilegales, pero su impacto va creciendo a nivel nacional. El asesinato de líderes sociales ha crecido de manera exponencial, llegando a mediados de marzo a 1.438 desde noviembre de 2016.
Una política de paz no es viable sin contar de forma paralela con una política de seguridad. El actual Gobierno ha hablado de una Política de Seguridad Humana, pero no hay un documento público claro que muestre sus componentes y estrategias. Las consecuencias de esto han sido de gran impacto sobre la Fuerza Pública, pues sus miembros no cuentan con directrices claras para responder a los retos que plantea la compleja situación de orden público y violencia. Algunos analistas evalúan que las fuerzas militares están desconcertadas porque no saben cómo actuar en este escenario; se las observa inmovilizadas y desmotivadas. Contribuye a esto el trato del presidente Petro a esas fuerzas, lo que se expresó en el descabezamiento de fuerzas militares y policiales registrado en agosto de 2022, pasando a retiro a cincuenta altos oficiales.
¿Cuenta el gobierno de Petro con el respaldo efectivo de la Fuerza Pública para hacer frente a estos retos? En años recientes las Fuerzas Militares (FF.MM.) habían reducido sustancialmente su presión sobre las organizaciones criminales, deteriorándose la seguridad en todo el país. En esto hay miedo jurídico, ausencia de liderazgo de parte del Gobierno, ausencia de una política de seguridad clara, y un posible cálculo político de las FF.MM. sobre su futuro. Cualquiera sea la razón, la política de la Paz Total no logrará funcionar sin contar con un claro respaldo de estas fuerzas, cuya capacidad disuasiva es condición necesaria para la desmovilización de grupos armados ilegales.
¿Una Paz Total que lleva a una paz integral y sostenible?
La construcción de una política de paz comprensiva e integral también demanda que la política tenga una dimensión de paz positiva que explicite las estrategias hacia una paz grande e integral, la que demanda los esfuerzos mancomunados de todos los colombianos. Los escritos gubernamentales que han ido más a fondo en esto serían los documentos del Departamento Nacional de Planeación, tales como las Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, presentado en noviembre, y la propuesta entregada al Congreso en febrero del 2023, “Colombia, potencia mundial de la vida”. Se plantea en ellos que, además de las estrategias de paz negativa –como son el diálogo con actores armados y el desescalamiento de la violencia–, se requiere cumplir los acuerdos pactados, instaurar cambios culturales que erradiquen la violencia como herramienta de trámite de conflictos, e impulsar ajustes institucionales que permitan instaurar la paz como política de Estado.
Lo anterior implica una política de desarrollo económico integral, procesos de ampliación de la democracia, y un esfuerzo sostenido por promover una cultura de paz y reconciliación, que haga frente a las culturas de violencia y exclusión arraigadas en la sociedad colombiana a lo largo de sesenta años de conflicto armado.
El Gobierno ha hablado de la necesidad de participación más amplia de la sociedad en estos procesos. Los diálogos vinculantes que ayudaron a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo ya fueron recogidos, pero queda una inquietud sobre la manera como el Gobierno promoverá la construcción de paz “desde abajo” en los territorios, y así animar un proceso social verdaderamente democrático y empoderador en toda la sociedad.
En conclusión, si el presidente Petro quiere avanzar hacia una Paz Total en Colombia, su equipo de gobierno debe diseñar un plan realista de una paz posible y alcanzable en las actuales circunstancias, así sea una paz imperfecta e incompleta, pero con un norte claro que permita consolidar los logros alcanzados hasta el momento, y seguir trabajando para que una paz grande e integral se vaya haciendo realidad y con la participación social más amplia posible. “El horizonte final es la ´paz grande´, que incluye las otras dos [paz total y paz posible] y hay que construirla todos los días, y significa la convivencia en los territorios y la reconciliación nacional” (De Roux, 2023: p. 1-12).
Fuente: este artículo es un extracto del original enviado por el equipo del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), de Colombia, y fue publicado en la revista Cien Días.
Referencias
Departamento Nacional de Planeación–DNP. (2022): “Colombia, potencia mundial de la vida – Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”. Bogotá, DNP.
Departamento Nacional de Planeación–DNP. (2022): “Colombia, potencia mundial de la vida – Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026” (Versión final presentada al Congreso Nacional para aprobación). Bogotá. DNP.
ROUX, Francisco (de) (2023): “Si algo tiene una negociación de paz es fricciones”. En:
El Tiempo, 12-02-2023. P. 1-12.
