Nils Castro
Al dirigirse a la multitud que se congregó ante el Congreso coreando ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!, el 25 de agosto el presidente Juan Manuel Santos anunció: “Como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras fuerzas militares he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las 00:00 horas del pasado lunes 29 de agosto. ¡Se termina así el conflicto armado con las FARC!”
Santos dio esa orden enseguida de entregar al presidente del Congreso los textos finales del acuerdo de paz suscrito la víspera en La Habana, para iniciar el trámite de convocatoria al plebiscito nacional, que él propuso realizar el 2 de octubre. Aunque a ley no pide hacer esta consulta para que el acuerdo entre en vigencia, el mandatario prefirió asumir ese reto para darle aún mayor legitimidad y fuerza.
Con eso deberán terminar 54 años de la guerra civil que sucesivos gobiernos granadinos sostuvieron frente a las FARC, en los cuales dos generaciones de colombianos sufrieron 260 mil muertos y 45 mil desaparecidos por la violencia armada, y casi 7 millones de desplazados por la guerra y la expoliación agraria cometida a su sombra por los paramilitares y terratenientes. Aparte de las calamidades económicas, sociales y demográficas que todo eso implicó, también significa que esas dos generaciones quedaron inmersas en ese ambiente de diaria cohabitación con una barbarie de dimensiones genocidas.
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