La mujer venezolana es una de las más afectadas por la migración forzada

Por Alexander Medina y Alfredo Infante, s.j.

Merimar Paola Gómez Díaz caminó 13 días para cruzar la intransitable Selva de Darién, ubicada entre Colombia y Panamá, pero un infarto le impidió seguir su camino. La zuliana había emigrado forzadamente con su esposo, sus tres hijos (1, 2 y 15 a) y su madre. Lamentablemente, el 17 de marzo se convertía –en menos de un mes–, en la tercera mujer venezolana que perdió su vida, intentando atravesar esa montaña en busca de “un mejor destino”.

Días antes, Andreína Chiquinquirá Acosta, otra zuliana, había salido con su hijo desde Colombia, país donde se encontraba en tránsito y también falleció de un paro cardíaco.

El relato que circuló por las redes sociales cuenta que Andreína salió con su niño desde la localidad de Necocli hasta Capurgana, lugar donde empiezan los caminantes a adentrarse a la intrincada selva. Al parecer, el recorrido para subir la montaña transcurría con total normalidad, pero al pasar las horas, el agotamiento y la desesperación conspiraron contra la vida de la joven madre.

A todos los caminantes les tocaba subir una ruta montañosa de 7 horas con muchas dificultades debido a la gran cantidad de lodo y lo empinado de la cima. El grupo que la acompañaba le brindó asistencia, pero su estado de salud era muy débil. La joven madre ya no podía avanzar y, aunque trataron de socorrerle en reiteradas oportunidades, no pudieron hacer nada. Murió de un infarto fulminante. Su bebé quedó bajo la custodia de las autoridades panameñas.

Estos dos relatos –entre muchos otros–, dan cuenta de lo tremendamente vulnerable que son las mujeres venezolanas cuando deciden emigrar hacia otros países por vías irregulares y las condiciones extremas a las cuales deben enfrentarse.

La región del Darién es un área selvática y pantanosa sin ningún tipo de comunicación y transporte terrestre. Se ubica entre la zona norte del departamento colombiano del Chocó y los distritos Chimán y Chepo de la provincia de Panamá.

Desde el estado Zulia en los últimos años esta ruta se ha estado utilizando por los migrantes venezolanos para salir de Colombia y transitar a otros países con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. El endurecimiento de las políticas migratorias de los países del sur y los cambios de escenarios políticos han ido reconduciendo el flujo migratorio hacia el norte, tras “el sueño americano”.

No obstante, sortear las complicadas condiciones naturales para poder pasar es solo un escollo que no todos los migrantes pueden lograr. También deben enfrentarse, y mucho más las mujeres, a las mafias vinculadas al tráfico de personas que operan en la zona, con indicadores alarmantes en abusos sexuales extorsivos y asesinatos –si las víctimas “no cumplen” sus expectativas–.

Las mujeres venezolanas que deciden dejar su terruño, en su mayoría con toda su familia a cuestas (hijos, parejas, padres y hermanos), no solo corren peligro en esta región colombo-panameña. Recordemos que para finales del año 2020, el equipo Binacional del Servicio Jesuita para Refugiados (JRS) de Arauca- Colombia y Apure-Venezuela, reseñaba en un informe que lo más encontrado por la organización en ese eje fronterizo era población venezolana que está migrando hacia Colombia con unas necesidades muy profundas frente al sistema de salud.

“En esta medida, había personas con enfermedades degenerativas crónicas o enfermedades graves que requieren de un constante tratamiento, al que no están accediendo en Venezuela y que se ven en la necesidad de migrar hacia Colombia para poder satisfacer estas necesidades básicas y derechos fundamentales”, –señala una integrante del equipo del Servicio Jesuita a Refugiados.

Por otro lado, destacaba que el refugio por el derecho a la alimentación lo encabezan las “mujeres cabeza de familia con algún grado de jefatura de hogar”, en su afán de garantizar el sustento de los menores de edad y adultos mayores, bajo su responsabilidad.

Además, recordemos que en este corredor fronterizo prevalece un conflicto armado entre grupos irregulares por el control de la población y los territorios adyacentes, que se ha recrudecido en el último año. Este escenario repercute tremendamente en el deterioro de las condiciones de vida y coloca en alto riesgo a las mujeres y a la población migrante en general.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de la Compañía de Jesús, sobre este grupo alerta que:

“… (los migrantes) Son personas con necesidades de protección internacional que cruzan a Colombia y que vienen con la intención de cubrir esas necesidades básicas, muchos de ellos con una vocación de permanencia en Colombia con la idea de hacer tránsito a un tercer país o con la idea de establecerse bien sea en Arauca o del lado de Apure, por esta facilidad, entre comillas, que permite estar tan cerca de la frontera y acceder a servicios”.

Al comienzo de la pandemia del Coronavirus, a principios de marzo de 2020, y durante el primer semestre de 2021, que implicó el cierre total de los pasos legales fronterizos, diferentes organizaciones no gubernamentales detectaron que en esa frontera de Arauca con Apure funcionaban más de 50 trochas o pasos ilegales, en los cuales los grupos al margen de la ley imponen sus reglas

“…y que esto representa unas situaciones de gravedad para la población en términos de violencia sexual y en términos de reclutamiento para niños, niñas y adolescentes, como riesgos allí principalmente identificados en este tránsito irregular que se hace por trochas mucho más clandestinas”.

En este tipo de escenario, no solo es la mujer migrante la que queda en un estadio de vulnerabilidad sino también su propia familia. La emergencia humanitaria se sigue profundizando en Venezuela, sin visos de una pronta atención y soluciones a corto plazo, lo que conlleva a que más venezolanos siguen huyendo de esta realidad.

Las narrativas sobre la mujer venezolana migrante

Uno de los factores que contribuye a que la mujer venezolana migrante sea realmente más maltratada es la narrativa discriminatoria que se instaura en algunos medios de comunicación internacionales.

Por lo general, cuando desde un país se quieren referir a la migración venezolana, y fundamentalmente de mujeres, a través de portales informativos, noticieros de radio, de televisión o redes sociales, imperan términos xenofóbicos, machistas y estereotipados.

Según un informe de 2019 de la Oxfam Internacional² estas narrativas “alimentan la fractura social de los países de acogida (…) incrementando notablemente los riesgos y vulnerabilidades de las mujeres y las niñas”. Precisa el informe que este tipo de práctica mediática se ha detectado con altos niveles en país como Colombia, Perú y Ecuador.

Esta narrativa lleva a aumentar los grados de xenofobia en poblaciones de acogida contra los migrantes venezolanos, tal cual como se ha observado a través de algunos hechos en los últimos meses.

Tal cual como lo apuntan algunos sociólogos que estudian el fenómeno de la migración venezolana, en algunas sociedades latinoamericanas estas personas se van convirtiendo en la “otredad peligrosa”, que no es más que la valoración negativa que desde algunos grupos sociales de supuesta acogida le dan a los migrantes, incluyendo a las mujeres.

En Venezuela aún falta mucha literatura para considerar, de forma multidisciplinaria, la justa dimensión de esta dinámica de la migración forzada, y sus respectivas implicaciones para las mujeres.

Los estudios a profundidad, más allá del titular noticioso de un medio de comunicación, son escasos, debilidad que acentúa la difícil comprensión y valoración de este fenómeno.

Desde esta perspectiva, las mujeres terminan sin poder disfrutar de derechos civiles, económicos y culturales, amén de las continuas prácticas discriminatorias y vejatorias en su contra, que implica en algunos casos puntuales hechos de violencia de género que van desde la agresión física, emocional, sexual hasta los feminicidios. La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó en 2021, 84 muertes violentas de venezolanas en el exterior.

Este contexto pone definitivamente a la mujer migrante venezolana en una posición de extrema vulnerabilidad ante la cual los Estados, con sus respectivos gobiernos, terminan irrespetando los pactos internacionales y el propio derecho internacional humanitario.

Migrar no es un delito

Tal como hemos visto hasta ahora, en el contexto de emergencia humanitaria que vive nuestro país, la mayoría de las “migrantes” venezolanas entran en la categoría de “refugiadas de facto”, porque huyen del país con un temor fundado, que les lleva a considerar que, de permanecer aquí, su vida, seguridad e integridad se encuentran amenazadas. Como muy bien lo señala el jurista y defensor de derechos humanos Carlos Lusverti, al afirmar que

“La protección de la población venezolana debe regirse por el Régimen de Protección Interamericana de Refugiados, que incluye tanto La Convención del Estatuto de Refugiados (1951) como la declaración de Cartagena (1984) por cuanto se trata de personas que “huyen de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazada por la violencia generalizada (…) la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”

Y, conforme a tales consideraciones, dichas personas deben garantizarle la protección internacional.

Es cierto que los Estados nacionales tienen la obligación de planificar sus políticas migratorias, pero estas deben estar enmarcadas dentro del espíritu de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Aunque, lamentablemente, la tendencia que se va imponiendo es la restricción y criminalización de la migración.

El reciente caso del asesinato por parte de la guardia costera trinitaria del niño Yaelbis, en brazos de su madre, mientras migraban del estado venezolano de Tucupita hacia Trinidad, para reunificar a la familia –derecho garantizado por los tratados y convenios internacionales– es emblemático de que los Estados nacionales criminalizan la migración. De igual modo, la reclusión en centros de detenciones, junto a delincuentes comunes y hasta criminales, así, como las deportaciones masivas sin el debido proceso.

La invitación del papa Francisco, en la Enciclica Fratelli Tutti, es clara: “Nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino realizarse integralmente como persona”.

Notas: