Robert Scarcia
Llegué a Caracas justo en vísperas del 27 de febrero, día en que gracias a la liberación de los cuatro congresistas colombianos rehenes de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el presidente de Venezuela, Hugo Chávez ganó una batalla mediática. El inquilino del palacio de Miraflores de Caracas, domicilio del jefe del ejecutivo venezolano, está consolidando su imagen internacional como pieza fundamental en la mediación del más antiguo conflicto sudamericano: el que opone gobierno y guerrilla en la vecina Colombia.
La noticia de que hasta el presidente francés Nicolás Sarkozy se haya ofrecido para ir a la frontera entre Colombia y Venezuela para “recoger personalmente” al rehén más famoso del mundo, la política franco-colombiana Ingrid Betancourt, indica que el papel de Chávez como mediador está reconocido y asumido en Europa. Es un éxito incontestable para Chávez porque indica que hasta los gobiernos más filo-americanos del viejo continente, como el de Sarkozy, reconocen indirectamente el papel de mediator internacional del jefe de la revolución bolivariana.
Sin embargo, visto desde Venezuela, el día de la liberación de los rehenes colombianos ha sido marcado por otra cuestión, mucho menos mediatizada, pero mucho más fundamental para la vida de los venezolanos. El 27 de febrero se cumplieron 19 años desde el comienzo de El Caracazo, un “movimiento telúrico social” caracterizado por una ola de protestas y saqueos que afectaron a la capital de Venezuela durante los dos últimos días de febrero y los primeros tres días de marzo del año 1989.
Desesperados por la falta de alimentos, la corrupción de las instituciones, la impunidad de los criminales, y los efectos de la política económica neoliberal, los habitantes de los barrios pobres de la capital venezolana convergieron hacia el centro de la ciudad atacando y pillando tiendas y negocios para poderse sustentar de bienes de primera necesidad. La reacción represiva del gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, un político que pasó de ser un valiente defensor del Frente Sandinista en los 70, y que había acabado convirtiéndose una década después en ejecutor de los deseos de los “Chicago boys”, los fundadores del neoliberalismo contemporáneo, fue terrible. Se habla de unos 600 muertos sólo en los primeros dos días de El Caracazo.
El aniversario ha sido marcado aquí en Caracas por el tercer encuentro nacional de defensores de derechos humanos. Protagonista del encuentro ha sido COFAVIC (Comité de las familias de las victimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989), una organización que surgió de la iniciativa de los familiares de las victimas de El Caracazo” para pedir justicia.
“A pesar de una sentencia de la Corte Interamericana en 1999 y de otra en 2002, que ordenó al Estado venezolano el castigo de los responsables de la represión, el pago de reparaciones a las víctimas, y la devolución de los restos de los cadáveres a los familiares, sólo se ha cumplido el pago de indemnizaciones a las familias” ha explicado Liliana Ortega, la abogada del COFAVIC. Casi 20 años después “hay una sola persona condenada y los restos inhumados en fosas clandestinas no han sido ni identificados ni entregados a los familiares, lo que indica que lamentablemente Venezuela ha ido postergando la ejecución de las decisiones de la justicia”, ha afirmado Ortega.
Recordar El Caracazo hoy, 19 años después es importante para comprender la realidad de Venezuela e identificar los retos del país. Ortega dijo que la impunidad continúa: “según el ministerio público hay más de 6 mil víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidos en Venezuela por grupos para-policiales y que el 98% de estas causas no llega a etapa de juicio”. Además “después de haber seguido el proceso de formación de grupos para-policiales en cuatro estados del país, encontramos el mismo modus operandi según se trate de Estados gobernados por la oposición o por el oficialismo chavista”, reconoció la abogada de COFAVIC.
Dicho con las palabras de Liliana Ortega, la memoria de El Caracazo es necesaria porque podría permitir al pueblo venezolano y al gobierno de Chávez de aprender la lección que aquella revuelta constituye y abordar con seriedad una política de Estado teniendo en cuenta que “muchas de las causas que originaron aquella explosión social se mantienen vigentes. La corrupción, la impunidad, el desabastecimiento siguen siendo temas pendientes”.
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Foto del autor: A la izquierda Hilda Páez, su hijo Richar José de 17 años fue matado por la policía el 3 de marzo 1989 en la zona llamada Maca. La policía dijo a doña Hilda que el hijo había caído del techo de una casa. A la derecha está Aura Liscano cuyo hermano José Miguel desapareció a los 21 años, el día 28 de febrero de 1989 a las 17:30 en la cota 905 del barrio Villazoila en el sur de Caracas. Ambas mujeres están entre las fundadoras del COFAVIC, el Comité de Familias de las víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989.
