El derecho a la seguridad social, fundamental para la comprensión necesaria en el reconocimiento de los derechos inherentes del hombre, debe implicar su revisión no solo como política pública, sino también en la atención de las relaciones económicas, sociales, políticas y demográficas. No es tan simple como crear programas sociales sin planificación, ejecución o seguimiento. Por el contrario, conlleva la garantía de un sistema que incluya mecanismos y recursos promovidos e implementados por la sociedad y a través del Estado, para garantizar a todo ciudadano las “existencias mínimas” que le permitan una existencia digna
Por Pilar Desirée González*
Son la calidad de vida y el nivel de vida digno, derechos que no existen en Venezuela para ningún trabajador, especialmente para los del sector educativo que han sido castigados severamente por la indolencia y ausencia de medidas eficientes y oportunas en el ámbito laboral. Datos de la organización Aula Abierta Venezuela, señalan que “[…] un profesor titular con dedicación a tiempo completo ganaba para el 3 de mayo USD $ 9,00 al mes, debido al aumento producido el 1 de Mayo, mientras que el de dedicación exclusiva recibe USD $10,43”1. En cuanto a los maestros, tienen un ingreso estimado de Bs. 3 millones 750 mil, equivalente para la fecha a 1 dólar mensual. En los últimos seis años el salario de los docentes en el país ha sufrido una caída abrupta, producto de un escenario económico de contracción (declive de la industria petrolera, repercusiones en la cesación del pago de la deuda, caída de las importaciones, entre otros), por lo que la seguridad social impacta en el presupuesto público (gasto social), pero también en la microeconomía (cuentas individuales).
Además de la cuestión salarial, lo relativo a pensiones y otros beneficios sociales –producto de las contrataciones colectivas– se encuentran, de igual forma, en situación de desamparo: hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), servicios funerarios y caja de alimentación, debido a las políticas salariales ineficaces que menoscabaron la distribución salarial. En este contexto, la cobertura de las pólizas de salud y su reducción no alcanzan a cubrir tratamientos, ocasionando la privación del derecho a la salud y posterior fallecimiento de los educadores. Lo mismo ocurre con los servicios de los institutos de previsión social, que presentan carencia de insumos, alza de servicios médicos, deserción de personal sanitario, problemas administrativos, entre otros aspectos, que no contribuyen a la protección social del asegurado.
Lo anterior se traduce en el incentivo de deserción para el docente, y en miseria. Según la última medición de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, se considera que 96 % de los encuestados tiene pobreza por ingresos, lo que ubica en una precaria situación a la población en general y, por supuesto, a los educadores. Así mismo, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), estima que un docente en Venezuela necesitaría setenta meses de trabajo/salario para poder cubrir la canasta de alimentación familiar necesaria para un mes.2
Ahora bien, se tiene un sistema de pensiones de reparto, es decir, los trabajadores activos contribuyen con un porcentaje de su salario para costear las pensiones del grupo poblacional en edad de retiro. De modo que las pensiones de los trabajadores activos no se acumulan en un fondo privado, sin embargo, el aporte es mínimo dado que la moneda nacional está devaluada, el sector formal de la economía no constituye la principal fuente de empleo, los salarios son despreciables, economía hiperinflacionaria, entre otros aspectos, y es por esto que las pensiones no inciden en el nivel de vida digno de pensionados y jubilados.
En la Venezuela actual no existe un sistema de seguridad social para los educadores ni ningún otro gremio de la población. Muchos de los cuerpos normativos que comprenden el derecho a la seguridad social en Venezuela han sido ineficaces y no han ayudado a la corrección de una variable determinante: los regímenes de seguros sociales han eludido su cobertura a un sector importante de la población.
Las políticas sociales no han creado un piso de protección social que pueda garantizar a los educadores, sobre todo a los más vulnerables, unas condiciones necesarias para un nivel de vida digno. Se ha promovido el asistencialismo con las misiones o programas sociales que, lejos de impactar positivamente en la sociedad, reflejan un indicador cuantitativo de la población objeto beneficiada dejando de lado aspectos cruciales como los criterios de selección, diagnóstico social de los beneficiarios y mecanismos de seguimiento que faculten conocer las necesidades socioeconómicas de estas personas.
En este mismo tema de misiones se vincula estrechamente el derecho humano a la educación. En los últimos años ha habido un incremento hacia la diversificación de la educación: ampliación de universidades, misiones educativas que integran sectores sociales excluidos, lo que ha tenido como consecuencia que la mayor parte de la población sea parte de programas de formación, aunque eso no signifique que ese incremento cuantitativo sea igualmente cualitativo en cuanto a diseño curricular y formación profesional.
Ante el crítico escenario de los docentes y su seguridad social, es imperativo la adopción de medidas que subsanen, en ciertas dimensiones, las precariedades. Es urgente crear políticas con enfoque en derechos humanos, orientadas al desarrollo social y crecimiento económico de los educadores, enmarcadas en rendición de cuentas y sistemas transparentes.
Paralelamente, el aumento del gasto social con equidad en la distribución y asignación de recursos permitiendo reforzar la protección social, especialmente para los más desfavorecidos, mediante un aumento del nivel de las pensiones, así como de algunas prestaciones no contributivas.
De manera que la “política” del Gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro con este gremio y la seguridad social ha sido la violación recurrente de los derechos de los educadores, con salarios insuficientes que no les permiten tener calidad de vida; sin convenciones colectivas y sus renovaciones que establecen beneficios; criminalización de la protesta al ser amenazados y reprimidos en manifestaciones; y sin herramientas tecnológicas para su libre ejercicio y desarrollo de capacidades.
La miseria a la que han sido sometidos los educadores en Venezuela ha mermado sus libertades y su desarrollo como seres humanos y profesionales. No existe un camino fácil en el que se puedan reivindicar los salarios educativos. Lo importante seguirá siendo la defensa de derechos y de prácticas que posibiliten desarrollarnos como ciudadanos a favor del progreso de nuestros entornos.
*Socióloga. Investigadora en derechos humanos.
Notas:
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Aula Abierta Venezuela (17 mayo 2021): “Profesores venezolanos ganan menos del 2% del sueldo de un docente en Latinoamérica”. Disponible en: aulaabiertavenezuela.org
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El Diario (23 mayo 2021): “El venezolano que recorre las calles de Caracas con un cartel para ofrecer clases de Matemáticas”. Disponible en: eldiario.com
