La iliberalización de la democracia: ¿Cómo transitó Venezuela al autoritarismo?

Por Francisco Alfaro Pareja

A finales de los años 90 del siglo XX, la denominada Tercera Ola Autoritaria incrementa su fuerza sobre las democracias representativas de América Latina que se ven afectadas por movimientos que acceden al poder por la vía electoral y, posteriormente, socavan el sistema a través de proyectos iliberales. Preguntas como ¿Quién debe ejercer el poder político? ¿Cómo se gobierna? ¿Cuáles deben ser sus límites? y ¿Para quién se gobierna? pueden arrojar luces sobre cómo ocurrió este proceso que erosionó el sistema democrático venezolano

El 2 de diciembre del año 2007 se celebró un referéndum consultivo para la reforma de la Constitución de 1999. Un poco más del 50 % de la población dijo “NO” a la propuesta. Justo en ese momento, aquel proyecto que en 1999 había sido impulsado por el entonces presidente Hugo Chávez Frías y sus partidarios, era defendido y relegitimado por la otra parte del país y por varias escisiones de su propia coalición.

Ante la derrota, Chávez Frías daría una rueda de prensa, el 5 de diciembre, en uniforme de campaña y acompañado del alto mando militar, donde advirtió de manera amenazante a sus oponentes que: “… vendrá una nueva ofensiva […] Así que yo no cantaría victoria señores de la oposición. Y les recomiendo que no se metan con nuestra Fuerza Armada […] es una victoria de mierda […]”.

Con estas palabras sentenciaba a muerte el último vestigio del sistema democrático venezolano: el respeto a la voluntad de la mayoría. Ya el resto de los principios liberales de la democracia representativa habían sido erosionados sistemáticamente en los años previos. Venezuela sería uno de los primeros casos en América Latina de lo que se conoce como la “Tercera Ola Autoritaria”, a través de la iliberalización de la democracia.

En esta ola, que inicia en la década de los años 90 del siglo XX, y de la cual dan cuenta estudios como el proyecto Variedad de democracia (V-Dem), se observan dos elementos distintivos. Por un lado, afecta a diversas democracias que ya estaban establecidas. Por otro, muchas de ellas son socavadas de manera progresiva, no a través de un golpe de Estado militar clásico, sino a partir de movimientos o líderes que llegan al poder a través de elecciones y, posteriormente, inician proyectos iliberales.

Uno de los primeros que lo utiliza como adjetivo, es Fareed Zakaria¹ quien habla de democracias iliberales. A partir de diversos indicadores denota que al menos el 50 % de los países en proceso de democratización estaban sustentados en democracias iliberales, en comparación con solo 22 % registrados en el año 1990. En ese sentido, enfatiza que, lejos de ser esa una estación transicional hacia la democracia liberal, algunos países empezaban a sentirse cómodos con ese modelo iliberal, especialmente en América Latina, donde no se les dejaba de considerar democracias porque “cumplían” con el requisito mínimo de haber accedido al poder mediante elecciones libres y universales.

Aunque algunos expertos hablan de democracias iliberales, para otros esto es un oxímoron, ya que una verdadera democracia no puede entenderse sin su componente liberal. Para el politólogo Juan Carlos Rey² la democracia representativa contemporánea constituye un intento de conciliación y síntesis de dos corrientes políticas no solo distintas sino, en ocasiones, antagónicas: el liberalismo y la democracia.

La democracia responde a la pregunta ¿quién debe ejercer el poder político? En cambio, el liberalismo responde a una pregunta distinta: con independencia de quién ejerza el poder ¿cómo se gobierna y cuáles deben ser sus límites? En ese sentido, este modelo de democracia conjuga una interacción complementaria y compleja de estas dos tradiciones: el respeto a la voz de la mayoría se conjuga con un andamiaje institucional y de prácticas que permite que esta no aplaste a la minoría sino, por el contrario, le asegure la protección de sus derechos inalienables. No obstante, Rey agrega la pregunta ¿para quién se gobierna?, ya que no bastan los mecanismos antes enunciados para definir una democracia como representativa si los beneficiarios de las políticas y decisiones públicas de este régimen no son la comunidad en su conjunto, o el pueblo.

Si bien la “Segunda República Liberal Democrática” –tal como la denomina el historiador Germán Carrera Damas–, que se instaura en 1958, se caracterizó por privilegiar el criterio liberal sobre el mayoritario³, así como por una maximización del consenso entre élites políticas y una minimización del conflicto (todo ello facilitado por la distribución de la renta petrolera que se convertiría cada vez más en un factor determinante para la gobernabilidad del país), desde la década de los 80, pero especialmente en la de los 90, coincidieron de manera determinante tres variables que, previamente, no lo habían hecho.

Tal como expresa Rey, por una parte, el sistema político, cuyas bases se sustentaron en diversos acuerdos entre los principales partidos y fuerzas del país, destacando por sobre todos el Pacto de Puntofijo, se había debilitado dramáticamente. Por otra, el descontento popular contra este modelo, y en especial contra los partidos Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) –que eran considerados los causantes fundamentales de la corrupción, la crisis económica, la desigualdad y la pobreza en el país–, había aumentado drásticamente en la opinión pública, llegando a afectar la valoración y legitimidad que se tenía sobre el modelo democrático. Finalmente, el grupo de actores que desde los primeros años de la democracia había amenazado al sistema con un proyecto iliberal, autoritario y/o revolucionario por vías violentas, se había fortalecido y, después de muchos intentos, se articulaba, junto a otros factores, en torno a la figura de Hugo Chávez Frías y mutaba en su estrategia para el ascenso al poder por la vía electoral.

Al llegar a la presidencia en 1999, Chávez Frías va desmontando la democracia liberal representativa a través de varios procedimientos. Antonio García Ponce⁴ señala que, primero, lo hace a través de la propuesta de una nueva Constitución y la sustitución de algunos mecanismos oficiales por otros; segundo, apelando al poder originario nacido de la soberanía popular sin límites, siendo los referendos una de las principales armas utilizadas en 1999 y 2004; tercero, llamando a hacer las cosas “por las buenas” y si no, invocando amenazas de tener que hacerlo “por las malas”; y cuarto, a través de la creación de los círculos bolivarianos (y posteriormente otros grupos) como encargados de tareas comunitarias y propagandísticas pero también, de ser necesario, dispuestos a tomar las armas en defensa de la revolución.

Según Miguel Ángel Martínez Meucci⁵, la tendencia del gobierno venezolano fue la de impulsar un modelo basado en la democracia directa que buscaba sustituir los mecanismos representativos con la esperanza de revivir una especie de democracia antigua. De hecho, si se compara el primer Plan de la Nación (2001-2007), con el segundo (2007-2013), se observa una clara mutación con respecto a la concepción sobre la democracia representativa. Mientras que en el primero se conciben mecanismos de participación para complementarla, en el segundo se la define, textualmente, como un modelo con el que, bajo diversas argucias, “… se legitima el interés de grupos minoritarios contrapuestos al interés general de la sociedad”.

A partir de estos antecedentes, podemos definir la democracia iliberal en Venezuela como el régimen híbrido (utilizando la caracterización de Morlino⁶) que se desarrolla y consolida en el período comprendido entre los años 1999 y 2007, cuando la democracia representativa es despojada deliberada y progresivamente de sus principales elementos liberales por un nuevo régimen e ideología, manteniendo el elemento básico del respeto a la voluntad de la mayoría.

En ese sentido, se observa que las defensas internas y externas para frenar el proceso de iliberalización de la democracia no lograron ser efectivas. En cuanto a las internas, las instituciones del Estado reaccionaron ante la amenaza que representaba el proyecto revolucionario desde una posición de debilidad accionando, primero, favorablemente ante la paradoja de la tolerancia –gracias a la participación electoral de coalición política liderada por Chávez Frías– y, posteriormente, desde un apaciguamiento que resulta infructuoso en 1999⁷. Así el iliberalismo se manifestó en acciones tales como la cooptación de los poderes públicos, el discurso polarizador y la nostalgia por el pasado, el fortalecimiento de la relación directa entre el líder y el pueblo, la sustitución de instancias intermedias, el rechazo a los derechos de las minorías, la judicialización de la política y los partidos, el menoscabo de la independencia de los poderes públicos, las violaciones a la libertad de prensa, el discurso a favor de la recuperación de la soberanía, el rechazo a los organismos multilaterales basados en valores políticos liberales, la promoción del proteccionismo económico y el uso de diferentes tipos de violencia. Todo ello, a partir del uso (y el abuso) de la democracia mayoritaria, mientras la popularidad le fue favorable al presidente, en eventos cruciales como las elecciones del año 2000, 2005 y 2006, así como los referéndums de 1999 y 2004. En cuanto a las defensas externas, si bien instrumentos como la Carta Interamericana Democrática (2001) estaban preparadas para activarse ante amenazas tradicionales –tal como sucedió en el intento de golpe de Estado que depuso por algunas horas del cargo al expresidente Chávez Frías, en abril de 2002–, estas no lo estaban para alertar tempranamente y contrarrestar la lenta y progresiva erosión de la democracia representativa y los elementos liberales que limitan y equilibran el ejercicio del poder.

Volviendo a la declaración de diciembre de 2007, Chávez Frías reconocería el resultado del referéndum, pero no las consecuencias de su derrota. Por el contrario, violaría el principio de la voluntad soberana de la mayoría establecido en la Constitución de 1999 y, entre el año 2008 y 2012, irá introduciendo a rajatabla, aprovechando que contaba con la mayoría en el Parlamento e influencia sobre el Poder Judicial, los preceptos y cambios que habían sido rechazados en el referéndum por el voto mayoritario de la población: las ideas de comuna, el poder popular, la unión cívico militar, la reelección indefinida y el socialismo del siglo XXI (más cercano a una concepción revolucionaria y radical de la política).

El régimen híbrido, en su proceso de autocratización, había mutado hacia un autoritarismo electoral que se extenderá hasta el año 2016 cuando, finalmente, transitará hacia un autoritarismo hegemónico bajo su sucesor, Nicolás Maduro Moros.

Notas:

1. ZAKARIA, F. (1997): “The rise of Illiberal Democracy”. En: Foreign Affairs, Vol. 76. No. 6. EEUU: Council on Foreign Relations. Pp. 22-43.
2. REY, J. C. (2015): “Los tres modelos venezolanos de democracia en el siglo XX”. En: La democracia venezolana y sus acuerdos en los cincuenta años de su convenio con la Santa Sede. Caracas: Konrad Adenauer Stiftung – Universidad Católica Andrés Bello, pp. 5-34.
3. A diferencia de la Primera República Liberal Democrática, entre 1945 y 1948, donde prevaleció el criterio mayoritario.
4. GARCÍA PONCE, A. (2003): Adiós a las izquierdas. Caracas: Alfadil Ediciones.
5. MARTÍNEZ MEUCCI, M. A. (2012): Apaciguamiento. El Referéndum Revocatorio y la consolidación de la revolución bolivariana. Caracas. Editorial Alfa.
6. MORLINO, L. (2012): Changes for democracy: actors, structures and processes. Oxford: Oxford University Press.
7. ALFARO PAREJA, F. (2020a): “Apaciguamiento en Venezuela (1994-1999). Una aproximación a la luz de las amenazas a la democracia liberal”. En: Poliarkía. Revista de Ciencia Política y Gobierno, No. 2, Año: 2019-2020. Caracas: abediciones. Facultad de Derecho. Universidad Católica Andrés Bello. Pp. 73-106. ISSN: 2790-5292.