Isaías Covarrubias Marquina
La igualación de los salarios de los profesionales del sector público venezolano a niveles que representan menos de dos salarios y en el mejor de los casos menos de tres salarios mínimos, medidos en bolívares soberanos, viola, como ya se ha denunciado, las convenciones laborales establecidas, las reglas de progresividad del trabajo, a la par que elimina otros beneficios laborales contractuales. Y esto es solo una parte del perjuicio. Al margen de lo precario del salario de los profesionales, está el efecto corrosivo que sobre su poder adquisitivo viene ejerciendo la aguda hiperinflación que pronto cumplirá un año en Venezuela. Pero hay un perjuicio a largo plazo incluso mayor que estas medidas laborales anticonstitucionales.
Para hablar de este perjuicio solo hay que entender por qué alguien estudia hasta un nivel superior. Más allá de los beneficios implícitos de asistir a la universidad, uno de sus mayores incentivos es la posibilidad de ganar más dinero, tener un mejor trabajo. Al respecto, en la mayoría de los países donde se han analizado los beneficios que trae poseer estudios universitarios, ha quedado documentado que cada año de escolaridad adicional obtenido representa, en promedio, tener un ingreso relativo mayor a quien no lo tiene. Entonces, si vemos la educación como una inversión en capital humano, existen incentivos para que un individuo invierta en más años de escolaridad y de entrenamiento profesional, pues estos se reflejarán en una más alta tasa interna de retorno de su inversión en educación. Estudiar, mejorar el nivel de escolaridad paga porque permite tener un mejor nivel de ingresos, aunque en la última década la tasa a la que crecen los salarios se haya rezagado respecto a la tasa de rentabilidad de la riqueza en activos en un sinnúmero de países, especialmente los desarrollados, agudizando el problema de la desigualdad económica.
Pero la desigualdad económica y otros problemas concomitantes no se resuelven, ni en los países ricos ni en los pobres, con políticas como la instrumentada por el gobierno venezolano, promoviendo una igualdad por abajo al ajustar la escala salarial de sus trabajadores profesionales a un nivel poco diferenciado del salario mínimo. Tal política lo que traerá a la larga es generar un completo desincentivo para ser un profesional en Venezuela. La consecuencia sería una sociedad venezolana con muy bajos niveles de escolaridad en promedio, como un reflejo de que en el país dejó de ser rentable estudiar, prepararse, invertir desde lo público en la educación. Y esto no solo mermará las posibilidades de desarrollo a futuro, también es la mayor injusticia concebida sobre los sueños y esperanzas de una generación de niños y jóvenes de una nación.
