Por Mario Valero Martínez | Revista NUSO n° 289.
Para comprender el estado de las fronteras venezolanas, es necesario tomar en consideración su amoldamiento a los intereses y estrategias geopolíticas del gobierno bolivariano, en un clima de confrontación permanente de acción y reacción. En este marco, el control militarizado de los territorios limítrofes sustituyó a las políticas públicas como forma de abordaje de las diversas problemáticas en los espacios fronterizos.
Al examinar el estado en que se encuentran las fronteras de Venezuela, especialmente en los lindes con Colombia, resulta pertinente revisar aspectos significativos de las políticas y acciones gubernamentales durante las dos décadas del presente siglo¹. En la exploración retrospectiva se observan periódicos cambios en el uso funcional de las fronteras, moldeados de acuerdo con los intereses y acontecimientos en que se desenvuelven las relaciones bilaterales con las naciones vecinas, y es posible identificar tres escenarios geopolítico-fronterizos diferenciados.
a) Vínculos sustentados en afinidades político-ideológicas. Bajo este enfoque se redefinieron los nexos entre Venezuela y Brasil en 2003, cuando fue elegido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ratificados más tarde con la firma de la Alianza Estratégica de 2005, que priorizó la concertación de ambiciosos objetivos geopolíticos de participación en ámbitos internacionales e implantación de una nueva geografía política, económica y comercial. Como complemento, se propuso revisar un programa detallado de iniciativas económicas y sociales de interés binacional. Para monitorear lo acordado, se reactivó la Comisión Binacional de Alto Nivel y bajo ese esquema se constituyó el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Fronterizo, encargado de abordar, específicamente, la problemática del eje Santa Elena de Uairén (estado Bolívar, Venezuela) y Pacaraima (estado de Roraima, Brasil). Esta alianza se utilizó como plataforma para apoyar la propuesta venezolana de ingreso al Mercado Común del Sur (Mercosur), algo que se alcanzó en un intrincado proceso en 2012.
b) Convenios con socios-amigos, no necesariamente identificados en afinidades político-ideológicas. En esta perspectiva se ubica el giro dado por el gobierno de Hugo Chávez a las relaciones con Guyana en 2004, al poner en cuestión en una declaración pública desde Georgetown la histórica reclamación territorial venezolana pendiente con este país. Esta sorprendente pero calculada posición presidencial, encajada en la promoción de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), ocasionó un seísmo en la continua política reivindicativa venezolana al distorsionar el contexto histórico y lo obtenido con la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, y dejó de lado la negociación bilateral para privilegiar acuerdos en la búsqueda de influencias y apoyos al proyecto cívico-militar bolivariano. El viraje apuntaba a usar estas relaciones como soporte para avanzar en el acercamiento con los gobiernos de las islas del limítrofe mar Caribe, objetivo reforzado en 2005 con el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe.
c) Confrontación geopolítica. En este ámbito se sitúa la predominante conflictividad fomentada entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, un complicado y espinoso escenario que tiene como contrapartida la geografía humana de estrechos intercambios y lazos de convivencia ciudadana a escalas locales y regionales, geográfica e históricamente construida en complejas interacciones transfronterizas de mayor o menor intensidad entre ciudades y ruralidades emplazadas a lo largo de los 2.119 kilómetros de límites que demarcan los territorios nacionales. Especial importancia tienen los sistemas y subsistemas urbanos construidos en el estado Táchira (Venezuela) y sus conectividades con el departamento Norte de Santander (Colombia), epicentro de los mayores e intensos intercambios y receptor principal de la conflictividad bilateral.
A diferencia de la estrategia implementada con Brasil y Guyana, en el caso de Colombia el gobierno venezolano reemplazó la integración por acciones y reacciones de confrontación casi permanente, usando frecuentemente las fronteras como parte del escenario de la conflictividad. Este ambiente se configuró bajo la sombra proyectada por las simpatías y empatías del gobierno de Chávez hacia los grupos guerrilleros colombianos, en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las denuncias en los primeros años de su mandato alertaban sobre la creciente presencia de insurgentes en territorio venezolano y la instalación de enclaves operativos en las fronteras; esas advertencias y la captura en Caracas de Rodrigo Granda, apodado canciller de las FARC, en 2005, crearon el primer conflicto bilateral, horadaron las relaciones diplomáticas y marcaron las distancias gubernamentales. Las discrepancias bilaterales se trasladaron al ámbito de la integración andina y se reflejaron en intereses geopolíticos contrapuestos expresados abiertamente con el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Aunque el presidente venezolano justificó la fatal decisión por el desacuerdo con sus homólogos de Colombia y Perú, promotores de la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se trató de una deriva previsible puesto que el gobierno venezolano había desplegado una campaña hostil contra la CAN, advirtiendo acerca de su incompatibilidad con los objetivos geoestratégicos del proyecto cívico-militar bolivariano. Con esta separación se debilitó la CAN y se erosionaron los intercambios comerciales. A escala local, se cerró la posibilidad de organizar Zonas de Integración Fronteriza aprobadas en las Decisiones 549 y 502, orientadas a sistematizar y aprovechar las potencialidades de los espacios limítrofes.
El enfoque geopolítico sustentado en alianzas políticas se incorporó abiertamente al Plan de Desarrollo de la Nación 2007-2013² al establecer Áreas de Interés Geoestratégicas concebidas como zonas geográficas definidas de acuerdo con el interés estratégico nacional, considerando «las características, el nivel de relaciones y la afinidad política existente para orientar la política exterior venezolana en función de nuevos polos de poder mundial». En estos objetivos no encajaba la relación con el gobierno de Colombia presidido por Álvaro Uribe (2002-2010), que para entonces había escalado el nivel de confrontación, atizada por recurrentes acusaciones en torno de la problemática guerrillera y agudizada después de la fugaz paz diplomática decretada por unos meses en 2007 con el apoyo dado por el presidente colombiano a la participación del mandatario venezolano en la búsqueda del acuerdo humanitario para liberar a 45 personas secuestradas por las FARC³. Este acercamiento derivó en una compleja trama, el cese de las funciones mediadoras de Chávez y un abrupto desenlace de insultos y acusaciones.
Tras este conflicto, el gobierno venezolano reforzó el enfoque militarizado de las fronteras, descartando las iniciativas de políticas públicas favorables a la solución de las necesidades socioespaciales y problemáticas territoriales en las ciudades limítrofes, para imponer la estrategia de control territorial en el marco del Plan Patria Soberana. Esta iniciativa estaba dirigida a controlar el contrabando de gasolina y de productos alimenticios subsidiados, estimulado por las asimetrías comerciales fronterizas asociadas a las diferencias de precios entre los mercados nacionales.
En marzo de 2008, la fragilidad bilateral se resquebrajó y puso en escena el juego de la guerra, avivada por la desmedida decisión de Chávez de romper relaciones diplomáticas, clausurar la embajada en Bogotá, cerrar las fronteras y ordenar la movilización militar con todo el arsenal bélico. Este fue un acto de advertencia al gobierno de Colombia y un gesto solidario hacia las FARC en respuesta a la operación ejecutada por el Ejército colombiano en la frontera con Ecuador –país entonces gobernado por un aliado político-ideológico de Venezuela– en la que fue destruido un campamento de insurgentes y fue abatido el jefe guerrillero Raúl Reyes.
En esta confrontación, Chávez focalizó parte de su estrategia en la movilización de soldados a las ciudades y cruces de fronteras que por su posición geográfica e interacciones transfronterizas eran el ámbito ideal para el impacto mediático del conflicto; ese era el caso en el eje urbano integrado por las ciudades de San Antonio y Ureña, espacio de mayor concentración de intercambios entre Venezuela y Colombia⁴.
Pese a que la controversia no pasó de amenazas y discursos agresivos, no dejó de generar alarma internacional por las conjeturas bélicas, con manifestaciones que incluyeron el concierto por la paz celebrado en el puente Simón Bolívar que une ambos países. De igual manera, se afectó la vida cotidiana de los habitantes fronterizos, sometidos a diversas restricciones y al desasosiego de la promocionada guerra en territorios de convivencia binacional. Aunque la conflictividad se resolvió en la XX Cumbre del Grupo de Río celebrada en República Dominicana, con disculpas, promesas de respeto a las soberanías nacionales y reconciliaciones entre las partes involucradas, la bilateralidad venezolano-colombiana entró en irreversible proceso de fragmentación.
Después de un tiempo, volvieron a la escena los operativos militares en las ciudades de frontera, cuestionados por la ferocidad desplegada y la vulneración de los derechos humanos, a tal extremo que se organizaron protestas masivas en comunidades y ciudades limítrofes como San Antonio y Ureña, promovidas por comerciantes, mototaxistas, vendedores ambulantes y trabajadores de todos los sectores, para denunciar los abusos de los cuerpos de seguridad y reclamar la paz, el derecho al trabajo y la libre movilidad transfronteriza⁵.
En medio de este despliegue militar y represivo, fueron constantes las denuncias sobre enclaves de las FARC en los estados fronterizos de Zulia, Apure y Bolívar, y las actividades de extorsión y secuestro en Táchira⁶, así como de incursiones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares en disputa por el control de zonas limítrofes. Con este escenario como telón de fondo, surgió el conflicto bilateral de 2010, originado en la presentación de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que denunciaba la presencia activa y creciente de guerrilleros que operaban desde Venezuela⁷.
La respuesta de Chávez mantuvo el mismo repertorio de acciones: ruptura total de relaciones, cierre de fronteras, movilización de tropas a las ciudades limítrofes, amenaza de conflicto armado. En esta ocasión resultó afectado el intercambio comercial bilateral y el cierre de las fronteras fue letal para las actividades comerciales y productivas de las pequeñas y medianas empresas, sustento de las economías locales en las ciudades de frontera.
Las relaciones bilaterales se reestablecieron ese mismo año en el encuentro concertado entre Chávez y el recién elegido Juan Manuel Santos en Santa Marta, lo que dio paso a un sorprendente giro al acordar la reducción de la conflictividad y anunciar la creación de cinco comisiones para tratar el pago de la deuda por las exportaciones colombianas pendientes desde 2008, la seguridad en asuntos de narcotráfico y contrabando, la reactivación comercial, la complementariedad económica, la inversión social y el desarrollo de infraestructuras.
La normalización de relaciones se desarrolló con el trasfondo del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que contó con la participación del mandatario venezolano, y sin duda fue un pragmático acuerdo entre dos rivales con disímiles objetivos políticos y geopolíticos tanto en sus proyectos personales como gubernamentales.
Durante un lustro, la confrontación se silenció. Sin embargo, en la espacialidad fronteriza venezolana la conflictividad no se diluyó. Por el contrario, una serie de eventos y circunstancias que abarcan las continuas denuncias de incursiones de guerrilleros y paramilitares, contrabando y uso gubernamental de las dinámicas transfronterizas para desviar la atención sobre la crisis nacional se entrecruzaron y avivaron el ya complejo escenario.
Crisis y fronteras: cambian los escenarios
En 2013, el deterioro social y económico de Venezuela se tradujo en preocupantes indicadores como la inflación (56,2%), la escasez y el desabastecimiento de alimentos y medicinas, estimado en 22% a escala nacional, pero acentuado en los estados fronterizos. Dos años después la situación había empeorado tanto respecto de la escalada inflacionaria a tres dígitos (189%), como del aumento en el desabastecimiento de alimentos a 36,2% y de medicinas en torno de 70%, y la pobreza multidimensional alcanzaba a 41,3% de la población⁸. Y a estas depauperadas condiciones de vida se agregaban la crisis política y la acción gubernamental, que se desplazó de un sistema recientemente autocrático a formas dictatoriales del ejercicio del poder.
En los estados fronterizos, la situación se tornó más crítica por su condición de espacios marginalizados, con grandes carencias y deficientes servicios públicos en ciudades y localidades limítrofes, estructuras productivas y comerciales débiles o en ruina, asediadas por la violencia de grupos guerrilleros y paramilitares por el control territorial, sumado a la militarización, la extorsión y los cierres de fronteras.
Se trata de espacios donde se ha construido una realidad paralela que gira alrededor del rentable contrabando de gasolina y, en menor proporción, de productos subsidiados, así como del narcotráfico; una actividad comercial ilícita controlada por poderosas redes binacionales integradas por militares, guerrilleros, paramilitares y funcionarios gubernamentales. De igual manera, proporcionalmente a la agudización de la crisis nacional, se incrementan las actividades comerciales ilegales a pequeña escala realizadas entre ciudades y localidades fronterizas, explicables en sectores sociales obligados por las circunstancias del empobrecimiento, a falta de otras oportunidades en un país en quiebra.
Aunque este desolador paisaje es el resultado de la problemática estructural venezolana y en gran medida requiere soluciones globales, el caso particular del desabastecimiento de productos asociado casi exclusivamente a los tráficos en las fronteras se convirtió en la excusa predilecta del gobierno nacional para tratar de desviar el foco de atención del origen principal de estas carencias, que combina fracaso del modelo cívico-militar bolivariano, corrupción y mediocre desempeño en la gestión gubernamental.
Se impone así la sensible imagen «fronteras-contrabando-desabastecimiento», tres realidades evidentes, como centro del problema, reforzada con el enfoque militarizado, al tiempo que se repiten los mismos esquemas utilizados en la década pasada y se obvia el tratamiento diferenciado con aplicación de políticas públicas que tomen en cuenta la precaria situación del hábitat fronterizo y exploren en sus capacidades y potencialidades. Solo interesa proyectar los espacios de frontera como problema y conflicto. En esta perspectiva se inscribe la creación de un ente suprainstitucional denominado Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar para el cumplimiento del control territorial, el cual terminó ejerciendo acciones de confiscación de mercancías al comercio menudo, restricción de la movilidad transfronteriza, cierres parciales de fronteras y violaciones a los derechos humanos⁹.
En agosto de 2015, un ataque perpetrado por un grupo paramilitar contra militares venezolanos en la ciudad de San Antonio fue utilizado por el gobierno de Maduro para, sorpresivamente, declarar el estado de excepción y cerrar las fronteras, al principio solo en un grupo de municipios. Dos días después, la medida se extendió a todo el espacio fronterizo con Colombia, y se incluyó el despliegue militar y una brutal represión que fue especialmente violenta en la ciudad de San Antonio. El ensañamiento fue mayor en el barrio La Invasión, donde se realizó una masiva deportación de habitantes pobres e indocumentados, se marcaron y destruyeron viviendas, y se separó a grupos familiares binacionales mientras los cuerpos de seguridad sembraban el terror en la frontera venezolana.
Esta no fue solo una reacción frente a un hecho puntual, frecuente en estas fronteras, sino la reafirmación de una estrategia en clave nacional que buscaba focalizar en la frontera y en factores externos las causas de la acelerada crisis nacional. No fue casual que el discurso de Maduro se centrara en acusar a su par colombiano de «no combatir el contrabando, la especulación económica y el paramilitarismo»; además, en su histriónica intervención, el presidente señaló que desde Bogotá había un plan para asesinarlo ante la indiferencia del gobierno.
Maduro necesitaba de nuevo un ambiente de conflictividad cercana. El gobierno de Colombia reaccionó con indignación y acudió a diferentes instancias internacionales, incluida la OEA, para denunciar la violación de los derechos humanos, pero, aunque se generó un estado de tensión, no hubo ruptura de relaciones. Terminaba así un lustro de relativa paz acordado en el encuentro Chávez-Santos en Santa Marta, y retornaba el escenario geopolítico-fronterizo de la confrontación bilateral.
A este giro se sumaron los cambios gestados en los otros dos escenarios identificados al comienzo de este artículo, que mutaron al ámbito de la conflictividad. Primero fue el gobierno de Guyana presidido por David Granger el que marcó distancia con Venezuela. Granger asumió una línea de confrontación al desconocer el Acuerdo de Ginebra de 1966 y amenazó con acudir a la Corte de Justicia Internacional, al tiempo que firmaba un convenio unilateral con la empresa transnacional Exxon Mobil para explorar y explotar recursos petrolíferos y gasíferos en áreas marítimas no delimitadas y enmarcadas en el conflicto territorial, lo que generó tensiones en las relaciones bilaterales.
El otro escenario construido bajo la afinidad político-ideológica se derrumbó en 2016 con la destitución de Dilma Rousseff de la Presidencia de Brasil y la inmediata ruptura de relaciones de Maduro con Michel Temer. Culminó así abruptamente una alianza estratégica sin resultados positivos para las fronteras, pese a la conformación del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Fronterizo, que nunca atendió los crecientes y complejos problemas de los estados Amazonas y Bolívar, afectados por la destrucción ambiental y la violencia causada por el extractivismo minero.
Mientras cambiaban los escenarios geopolíticos, las fronteras se reforzaban como espacios de confrontación, especialmente con la vecina Colombia. Como se ha mostrado en innumerables estudios de casos, cerrar fronteras no resuelve problemas, por el contrario, los agrava y crea nuevos nichos de conflictividad. Esto lo podemos corroborar igualmente en las fronteras de Venezuela y Colombia, en especial durante el año del cierre 2015-2016. Esta decisión afectó a geografías con organizaciones socioespaciales cercanas en sus emplazamientos limítrofes e intensas movilidades transfronterizas, altos grados de interdependencia, complementariedad y espacios geoculturales compartidos, con dinámicas territoriales que proyectan las interacciones a escalas regionales y configuran amplios espacios de relaciones económicas y sociales.
Con el cierre de las fronteras se agudizó el deterioro social y se multiplicó la construcción de trochas utilizadas como atajos ilegales para la movilidad transfronteriza controlada por grupos de delincuentes extorsionadores. Al mismo tiempo, las actividades productivas de pequeñas empresas en las ciudades fronterizas y sus flujos comerciales legales se vieron severamente afectados. A escala nacional, se evidenció que en la frontera no estaba el origen de la carestía de productos, como se repetía en el manido discurso gubernamental.
Crisis, emigrantes y movilidades transfronterizas
La apertura parcial de las fronteras en agosto de 2016 se decretó en momentos de agravamiento de la crisis venezolana, reflejado en indicadores como el aumento de la pobreza multidimensional (46,2%), un acelerado proceso inflacionario (550%) y desabastecimiento de alimentos (72%) y medicinas (85%)¹ᴼ, advirtiéndose una crisis humanitaria sin precedentes en la historia del país. Al autorizarse la movilidad transfronteriza se abrieron dos vías para enfrentar la dramática situación a escala personal y familiar. Por una parte, se facilitó a los venezolanos adquirir alimentos y medicinas y acceder a otros bienes y servicios del lado colombiano de la frontera; por otra parte, estos cruces fronterizos se convirtieron en las rutas preferidas de la masiva e inesperada emigración venezolana que, en corto tiempo, se extendió a todos los espacios fronterizos nacionales.
Al finalizar 2017 se habían marchado 1.642.442 venezolanos¹¹y 53,8% de ellos habían seleccionado como destino países de Sudamérica. La reacción del régimen venezolano se limitó inicialmente a negar la emigración atribuyéndola a falsas noticias conspirativas en su contra, pero más tarde asumió una actitud estigmatizadora de los emigrantes, calificándolos de «esclavos económicos», «turistas» o «lava-pocetas». En las ciudades de frontera se aplicaron medidas restrictivas al comercio menudo y se desplegaron obstáculos materiales (vallas y alambradas) en las calles y pasos para reducir los espacios de movilidad por las vías principales, en un intento de ocultar el éxodo.
En 2018 la situación venezolana alcanzó niveles desesperantes con la escalada de la hiperinflación (1.698.488%)¹², aumento de la pobreza multidimensional (51,1%) y desabastecimiento de alimentos y medicinas (85%), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) reportó que el número de personas con hambre en Venezuela pasó de 2,9 millones en 2013-2015 a 6,8 millones en 2016-2018¹³.
A este dramático panorama se sumó la conflictividad política determinada por el fraudulento proceso electoral, que generó el rechazo nacional e internacional y el posterior desconocimiento de la reelección presidencial. El colapso es total y la emergencia humanitaria es palpable en la cotidianidad venezolana, aunque desmentida por funcionarios del régimen bolivariano. El informe de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)¹⁴ documenta la situación de emergencia compleja en Venezuela desde el año 2015 y sus efectos devastadores en la vida y el bienestar de toda la población. Esa es la causa principal del éxodo venezolano por cruces legales y peligrosas trochas, que en cifras sumó 3,3 millones de inmigrantes.
Fronteras y emergencia humanitaria fueron el centro de atención en febrero de 2019, tras el acuerdo de ayuda humanitaria alcanzado por la Asamblea Nacional de Venezuela y diversas organizaciones no gubernamentales internacionales. Estaba previsto que la ayuda ingresara por tres puntos fronterizos localizados en Colombia, Brasil y Aruba, con el apoyo de EEUU, Canadá, varios países de América Latina y Europa.
El episodio no solo reflejó la crítica situación social venezolana; al mismo tiempo, fue expresión de la confrontación política nacional, proyectada de igual forma en parte del escenario internacional. Interesa destacar que en el ámbito nacional se produjo una gran expectativa, que tuvo respaldo en movilizaciones ciudadanas de apoyo a la propuesta de entrada de la ayuda humanitaria. El evento ocasionó un estado de tensión y conflictividad nacional, y desencadenó la reacción del gobierno de Maduro que, negando la crisis, cerró y bloqueó todos los pasos de fronteras, desplegó organismos de seguridad, militares y colectivos de civiles armados bajo su control y desató una brutal represión, generó violencia y violó derechos humanos, especialmente en las ciudades de San Antonio y Ureña, en las fronteras con Colombia, y también en la comunidad indígena pemón de Kamarapacay, donde fueron asesinadas tres personas, así como en la ciudad de Santa Elena de Uarién y sus entornos inmediatos, en la colindancia limítrofe con Brasil.
Esta grave situación, y en general la violación de los derechos humanos, se han documentado en el informe sobre el caso Venezuela presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en julio de 2019¹⁵.
Pese a que las fronteras se reabrieron unos meses después del conflicto, la emigración no se detuvo, y tampoco el flujo de intercambios comerciales cotidianos transfronterizos realizado a través de innumerables trochas, especialmente intensos en los límites con Colombia, una situación que retrata las particularidades territoriales construidas en estas fronteras. Al finalizar 2019, sumaban 4,5 millones de inmigrantes venezolanos, de los cuales 1.771.237 se encontraban en Colombia y 499.506 (28%) se distribuían en los departamentos fronterizos.
Estos datos reflejan parte del impacto fronterizo causado por el éxodo venezolano, que se repite en las fronteras de Brasil, especialmente en el estado de Roraima, donde una gran parte habita en precarias condiciones en espacios también empobrecidos; otra cruda realidad que retrata la crisis venezolana.
Pero hay otro contexto determinado por las movilidades socioespaciales transfronterizas definidas en los movimientos pendulares y cotidianos con fines comerciales y familiares en sus cercanías fronterizas, en los desplazamientos circulares de trabajadores temporales, en los viajeros de fin de mes provenientes de otros lugares de Venezuela que reciben remesas en ciudades fronterizas colombianas; toda una intensa movilidad que se refleja en las 4.315.103 solicitudes de la Tarjeta de Migración Fronteriza a la oficina de Migración Colombia. Se trata de una movilidad de gran impacto socioespacial en las ciudades fronterizas de ambos países que, aun cuando no están exentas de conflictos, se han convertido en tablas de salvación, solidaridades y oportunidades.
Nota necesaria
La inesperada pandemia de Covid-19 ha influido en la decisión del retorno de inmigrantes venezolanos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en Suramérica. En riesgosos y extenuantes viajes llegan a la frontera; sin embargo, ingresar en Venezuela no es fácil, las restricciones impuestas que les limitan la entrada al territorio nacional solo tres días a la semana en número restringido son otro martirio que se completa con las pésimas condiciones de los refugios donde cumplen la cuarentena. Y esto se une a la actitud perversa del gobierno de Maduro en esta trágica situación mundial, cuando estigmatiza a los venezolanos que retornan y proyecta la imagen de Brasil y Colombia como amenazas contaminantes, llegando al extremo absurdo de acusar al presidente colombiano de dirigir premeditadas acciones para «infectar» a Venezuela a través de los inmigrantes en retorno¹⁶.
Para el gobierno venezolano, las fronteras son focos de infección, y a quienes no se someten a las condiciones impuestas para el retorno los considera «armas biológicas», tal como los ha calificado un funcionario público¹⁷. Una vez más, como ha ocurrido en estas dos décadas del presente siglo, el uso de las fronteras se amolda a los intereses geopolíticos del régimen cívico-militar bolivariano, sin importar el daño causado a los habitantes de las fronteras cualquiera sea su nacionalidad.
Referencias:
1. Se hace referencia a los periodos presidenciales de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2018).
2. República Bolivariana de Venezuela: «Líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007-2013)», Caracas, 2007.
3. «Intervención del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Septiembre 27 de 2007 (Nueva York-EEUU)», disponible en <http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2007/septiembre/onu_270907.html>.
4. M. Valero: «Ciudades transfronterizas e interdependencia comercial en la frontera Venezuela / Colombia» en Haroldo Dilla (coord.): Ciudades en la frontera. Aproximaciones críticas a los complejos urbanos transfronterizos, Editora Manatí, Santo Domingo, 2008.
5. M. Valero: «Paisajes apropiados: reconfiguración de otras identidades transfronterizas» en Juan Carlos Ramírez Brenes (coord.): Fronteras latinoamericanas: ejemplos para su comprensión, Jader, San José de Costa Rica, 2017.
6. Javier Ignacio Mayorga: «Las FARC en Venezuela, huésped incómodo», Policy Paper N° 32, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bogotá, 2010.
7. OEA, Consejo Permanente: «Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 22 de julio de 2010», OEA/Ser. G CP/ACTA 1765/10, disponible en <www.oas.org/consejo/sp/actas/acta1765.pdf>.
8. Los datos sobre pobreza multidimensional usados en este trabajo tienen como fuente la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), <https://encovi.ucab.edu.ve/>.
9. República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial N° 40.225, Decreto N° 295: «Creación del Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar dependiente de la Presidencia de la República», 7/8/2013.
10. Human Rights Watch: «Crisis humana en Venezuela», 2016, disponible en <www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela1016sp_web_2.pdf>.
11. OIM: «Tendencias migratorias en las Américas», OIM, 2018, disponible en <https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_Nacionales_en_America__Venezuela.pdf>.
12. Asamblea Nacional de Venezuela, Comisión de Finanzas: «Informe año 2018».
13. FAO, OPS, WFP, Unicef: «Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2019», Santiago de Chile, 2019, disponible en <www.fao.org/3/ca6979es/ca6979es.pdf>.
14. COVIDEA: «Situación de los derechos a salud, alimentación y educación de grupos vulnerables en la emergencia humanitaria compleja de Venezuela», <www.accionsolidaria.info/website/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Conjunto-Emergencia-Humanitaria-Compleja-Venezuela-169-Audiencias.pdf>.
15. Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos: «Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela», 2019, disponible en <www.ohchr.org/sp/newsevents/page/displaynews.aspx?Newsid=24788&langid=s>.
16. «Maduro acusa a Iván Duque de planear infectar a venezolanos con covid-19» en Infobae, 20/5/2020.
17. «Quien ingrese a Zulia por trocha cumplirá cuarentena en celdas por ser ‘armas biológicas’» en Tal Cual, 21/5/2020.
Fuente: https://nuso.org/articulo/la-frontera-colombo-venezolana-escenarios-de-conflictos/
Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 289, Septiembre – Octubre 2020, ISSN: 0251-3552.
