Por Asdrúbal Oliveros*
“Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual”. Este popular epigrama, atribuido al escritor francés del siglo XIX, Jean-Baptiste Alphonse Karr, describe sucintamente la evolución de la política económica venezolana durante los últimos tres años. Desde el año 2019, la decisión del Gobierno de flexibilizar las restricciones económicas, ha provocado la dolarización de la economía y algunas señales de recuperación. Sin embargo, estos cambios son limitados y solo benefician a una pequeña fracción del país: según un nuevo estudio, el 76,6% de los venezolanos vive con menos de 1,20 dólares al día.
Venezuela continúa sufriendo una de las depresiones económicas más profundas en la historia del hemisferio occidental. Entre 2014 y 2020, la economía se contrajo en unos sorprendentes cuatro quintos, pero a medida que se redujo, especialmente desde principios de 2019, también lo hizo la capacidad del Estado venezolano para intervenir en ella. Actualmente, el Gobierno todavía hace y deshace las reglas a su gusto, pero hay un nuevo espacio para que los actores privados participen en sectores donde la presencia estatal se ha reducido, como la manufactura y la importación de bienes y servicios.
Durante los últimos tres años, los sustitutos imperfectos han llenado los vacíos en la prestación de servicios de un puñado de áreas. Una solución provisional es el mercado negro, del cual se proyecta que abarcará alrededor del 20% del PIB venezolano. Otro es el semilegal mercado “gris”, que abarca franjas del sector comercial, importaciones, construcción, servicios inmobiliarios y alquileres.
Estas nuevas e improvisadas áreas de dinamismo en la economía venezolana se deben en parte a varias decisiones tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro. A finales de 2018 y principios de 2019, se flexibilizaron los controles de precios y las restricciones al cambio de moneda, y se redujo el tipo de cambio oficial del bolívar para igualar al establecido por el mercado. El 1 de octubre, el Gobierno cambió el nombre de la moneda nacional a “bolívar digital” y eliminó seis ceros de los montos denominados en la moneda hasta ese momento.
Otro cambio sorprendente se produjo con la decisión del Gobierno que permitió el uso generalizado de monedas extranjeras en las transacciones nacionales. En el 2018, Maduro calificó a la dolarización como “inconstitucional”, pero a finales de 2019, la hiperinflación lo había obligado a adoptar una postura más flexible, aunque inconsistente, sobre el asunto. Públicamente, cambió de opinión y dijo que “no veía (a la dolarización) como algo malo”. Desde entonces, la inflación, aunque todavía alta, ha caído; mientras que la dolarización ha dado un impulso a la economía informal en las zonas metropolitanas del país.
En los últimos años, el gobierno también ha permitido que el sector privado participe en áreas anteriormente supervisadas por empresas estatales. Con una “ley anti-bloqueo” promulgada en octubre de 2020, el Gobierno formalizó una práctica que permite tácitamente la cooperación entre el sector privado y las empresas estatales, extendiendo dicha práctica a las áreas económicas sobre las que el Estado anteriormente se reservaba la exclusividad: como el sector hotelero y la producción de alimentos y energía. Para mantener el mercado abastecido a medida que la producción nacional de bienes se derrumbaba, el Gobierno ha dependido en gran medida de las importaciones durante décadas, y la mayor parte de las mismas ahora las realiza el sector privado, impulsado por la apertura de nuevos puertos, como ha sido el caso de Puerto Cabello, La Guaira y Maracaibo.
Pero todos estos cambios deben considerarse en perspectiva. Las acciones del Gobierno no equivalen a un programa de estabilización ni a reformas estructurales capaces de restaurar la senda de la economía hacia el crecimiento. No ha habido un cambio sustancial en la forma en que se concibe o ejecuta la política económica. El reducido campo de acción del gobierno es simplemente una adaptación ad hoc en condiciones adversas. El capital productivo se ha desplomado, el financiero es escaso y el humano ha sufrido pérdidas debido a la migración, y las sanciones limitan la capacidad del Gobierno para distribuir favores a grupos de interés cuya perenne buena voluntad es esencial para su estabilidad política.
Junto con la menor intervención estatal en la economía, ha habido una reducción significativa de los servicios públicos. El Gobierno está concentrando sus recursos restantes en las áreas metropolitanas políticamente priorizadas mientras, abandonado por el Estado, el resto del país se ve obligado a buscar electricidad, combustible, transporte público y agua en el sector privado u otros actores locales.
El objetivo principal del Gobierno de Maduro es mantenerse en el poder. Cualquier signo de “pragmatismo” en el Gobierno se deriva de un instinto de preservación del régimen. Con este objetivo en mente, dar un pequeño respiro a una economía destrozada vale incluso una ruptura con algunos de los preceptos ideológicos más antiguos del Gobierno. Asimismo, si la economía de Venezuela se ha estabilizado, lo ha hecho en el fondo de una profunda depresión. El dinamismo económico se concentra en solo un puñado de nichos específicos que prometen crecer en los próximos años, como la atención médica, el comercio minorista y la tecnología. En tal entorno, el sector privado tiene un poco más de poder de negociación que antes, pero la actual apertura económica no es suficiente para producir.
*Master in Public Management en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es egresado del Programa Avanzado de Gerencia (PAG) del IESA. Asdrúbal Oliveros es Economista (Summa Cum Laude) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Director de Ecoanalítica.
Fuente:
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Americas Quaterly. Título original: Dollarization Can’t Save the Venezuelan Economy. Disponible en: www.linkedin.com
