Por Eduardo Matute*
El régimen que dirige Nicolás Maduro se enfoca en desarticular a las organizaciones que desde el seno de la sociedad venezolana, intentan disminuir las consecuencias de la crisis humanitaria compleja que vive el país, azotado además por la pandemia del COVID-19. Inició esta tarea mediante la persecución judicial y policial de organizaciones que trabajan en atender las múltiples emergencias en áreas de la salud, alimentación y atención a personas de la tercera edad.
Ahora, mediante la Providencia Administrativa No. 001-2021, para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, pretende exigir a la totalidad de las organizaciones civiles existentes en el país, inscribirse e informar a este registro sobre sus fines en actas constitutivas y de asambleas, miembros y personal, donantes, movimientos financieros y la lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajen, para la vigilancia y supervisión de estos, bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial, estableciendo la posibilidad de ilegalización de la organización e inclusive cárcel por incumplimiento para sus directivos.
Las razones para esta persecución son etéreas e imprecisas. Lo que señalan es que no saben de donde provienen sus ingresos. La realidad es que afectan su estrategia de dominación, por la cual han provocado esta crisis humanitaria.
Desde el año 2015, el periodista Luis Carlos Díaz (@luiscarlos), viene documentando la tesis que esta crisis es instrumentada y aupada desde el poder. Es la manera en la que el régimen entiende su forma de gobernar: subyugando y cooptando el ánimo y la gestión popular. De ahí que el esfuerzo de las organizaciones de construcciones de solidaridad atenta contra esta intención.
Algo en común de estas organizaciones es el empoderamiento de sus beneficiarios. No es una propuesta de atención caritativa, es una construcción de la solidaridad entre iguales en las que la participación de todos es parte de la manera como se enfrentan los problemas.
El asedio desde el Estado a estas organizaciones, intenta lograr la disminución drástica y bloqueo de sus fondos e ingresos, la paralización de las actividades no importándole el costo humano que acarrea, y por último, la detención e imputación penal de sus dirigentes.
Mediante una declaración pública, 663 organizaciones han expresado su inconformidad y rechazo a esta nueva imposición y se han declarado en rebelión civil, expresando alguna de ellas su no acatamiento a esta decisión gubernamental al expresar:
“Esta providencia se inscribe en los patrones de criminalización sistemáticos contra las organizaciones de la sociedad civil, intensificados durante el último año, y sin duda representa el evento de mayor gravedad que se haya visto hasta ahora, con el claro propósito de cerrar el espacio cívico mediante un cerco de severas restricciones a la sociedad civil, para continuar defendiendo los derechos y prestando la debida asistencia y la protección a la población venezolana”
Formando parte de este conglomerado de organizaciones, distintas entidades cooperativas han acompañado esta iniciativa de desacato a una medida inaceptable y que “traería mayores consecuencias lamentables de sufrimiento humano para la población venezolana severamente afectada por graves violaciones de derechos humanos, la pandemia por COVID-19 y la emergencia multidimensional que atraviesa el país desde hace varios años”, por lo que se unen en la exigencia de su derogatoria y el fin de la persecución contra estas organizaciones ciudadana.
*Cooperativista @edmatute
