Marino Alvarado Betancourt
Alcedo Mora es un dirigente social y político muy conocido en el estado Mérida. Desde el 27 de febrero del presente año se encuentra desaparecido. Familiares y amigos por las informaciones recopiladas señalan a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el mismo que dirige el actual ministro del interior, como presuntos responsables de su detención y desaparición.
Todas las circunstancias nos colocan ante una posible desaparición forzada. Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas se entiende por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
La desaparición forzada en Venezuela ha existido en las últimas seis décadas. Tuvo el país la lamentable experiencia en los años 60 de realizar la mayor cantidad de personas desaparecidas por fuerzas policiales o militares en el continente. La lucha contra los movimientos insurgentes de la época se realizó con violaciones graves a los derechos humanos. La casi totalidad de esos casos quedaron en absoluta impunidad.
En la década de los años 70 un caso emblemático lo constituyó la desaparición del estudiante de la Universidad Central de Venezuela Noel Rodríguez. Gracias a la labor de la Comisión por la Justicia y la Verdad que investiga Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período 1958-1998 se logró localizar, identificar los restos y entregar a su familia en febrero de 2013.
En la década de los 80 los casos más conocidos estuvieron vinculados a los llamados pozos de la muerte ubicados en La Cañada, distrito Urdaneta del Estado Zulia. Presuntamente funcionarios de la extinta Policía Técnica Judicial hoy (CICPC) dieron muerte a más de 50 personas lanzando posteriormente sus cuerpos a pozos. Era la época del gobierno de Jaime Lusinchi. Todos los casos quedaron impunes. Hay que sumar en esa década las desapariciones forzadas que se produjeron cuando fuerzas militares y policiales realizaron la masacre de El Caracazo que aún está impune.
En la década de los 90 continuaron las desapariciones de presuntos delincuentes por parte de distintos cuerpos armados del Estado. Solo entre los años 1991 y 1992 se reportaron 18 desapariciones.
La misma situación la hemos vivido desde el 2000 para acá. Cada año aparecen casos de desaparición forzada de presuntos delincuentes. La década empezó con las desapariciones forzadas realizadas por funcionarios del ejército y de la entonces Disip hoy conocida como Sebin en el marco del deslave de Vargas. Las denuncias tuvieron tanta fuerza que el expresidente Chávez hizo una cadena nacional desde la casa de uno de los familiares de las víctimas, el gobierno años después reconoció la responsabilidad del Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia ordenando investigar y sancionar a los responsables e indemnizar a las víctimas. Ninguna de las dos obligaciones se ha cumplido.
Desde ese año 2000 hasta 2013 la organización Provea recopiló 114 casos de desaparición forzada, casi en su totalidad impunes.
A Alcedo Mora se lo llevaron vivo y vivo lo queremos. ¿Qué dice al respecto el Ministro del Interior Gustavo González López puesto que funcionarios del organismo policial a su mando aparecen como los principales sospechosos de esta desaparición? Esperamos igualmente que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz le informe al país cómo marchan las investigaciones.
Nuestra solidaridad con los familiares de Alcedo Mora y de todas las víctimas de desaparición forzada que aún esperan se haga justicia.
