Marino Alvarado
El pasado domingo 03 de agosto, en el portal web aporrea apareció una noticia que se tituló “movimiento de pobladores denuncia abusos policiales y parapoliciales contra las comunidades”. El Movimiento de Pobladores es una plataforma que reúne a distintas organizaciones populares urbanas comprometidas con la producción popular del hábitat y por la democratización de la ciudad, y es resultado de un proceso de construcción política, articulación organizativa y luchas populares que se inicia en el año 2004.
Conformada por organizaciones que en su mayoría simpatizan con el proceso político que liderizò el expresidente Chávez reafirman con su denuncia lo que desde hace años venimos visibilizando varios activistas y organizaciones de derechos humanos en el país: Las ejecuciones y abusos que cometen a diario policías y militares principalmente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Esta situación se incrementó en tiempos más recientes, además pareciera que se han desmantelado los controles estrictos que empezaban a realizarse sobre distintos organismos policiales acusados de reiterados abusos.
En conversación que sostuve en el mes de junio con la Fiscal General Luisa Ortega Díaz le expresé la preocupación por la cantidad de denuncias que aparecían contra el Cicpc a lo largo y ancho del país. Denuncias según las cuales funcionarios de dicho organismo eran responsables de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones policiales. La Fiscal se mostró interesada en atender esa situación. Una medida que puede realizar es recibir al movimiento de pobladores y conocer directamente las denuncias que publicaron y otras que con seguridad tendrán.
Este movimiento afirma: “Apoyamos decididamente los esfuerzos del gobierno revolucionario por garantizar la paz y la convivencia, pero creemos que la actuación de algunos miembros de los cuerpos policiales no contribuye con este propósito, sino que por el contrario profundizan la violencia y la zozobra en las zonas populares.
Durante las últimas semanas se ha hecho cada vez más frecuente que funcionarios policiales irrumpan en nuestras comunidades para realizar detenciones y ejecuciones, sin contar con orden judicial, sin considerar el debido proceso y sin respetar el derecho a la vida”.
Ciertamente desde el año 2006 se inició un proceso que se conoció como el de la reforma policial. Se convocó a distintos sectores del país para contribuir con el diagnóstico de la situación de las policías y para que aportaran iniciativas para transformar una situación negativa en una situación que permitiera a mediano plazo garantizar policías distintas, respetuosas de los derechos humanos, con vocación y mejor remuneradas.
Pareciera que en lo que poco que se logró avanzar se dan pasos acelerados de regresividad. Lo cual es muy lamentable para el país pero principalmente para los sectores más pobres. Son ellos los históricamente más reprimidos y sometidos por los abusos policiales.
No puede haber nada más contrario a una revolución que se autodefine popular que tener unos cuerpos policiales que se transforman en un terror para esos mismos sectores populares que se reivindican en el discurso pero que cada día acrecientan la lista de víctimas.
Desde hace varios años muchas organizaciones de derechos humanos vienen denunciando los abusos policiales. Se suman ahora sectores organizados de la sociedad. Ojalá el gobierno tenga la voluntad de rectificar a tiempo, de lo contrario cientos de familias cada mes seguirán enlutándose como consecuencia de la actuación arbitraria e inhumana de policías y militares en el país.
