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Edificio Centro Valores, local 2, Esquina de la Luneta, Caracas, Venezuela.

La crisis avanza, la emergencia alimentaria también

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Alejandro Gutiérrez S. [1]

  1. El contexto político, económico y social

Definitivamente, 2017 será un año en que continuará empeorando el país en todos los ordenes. El alza de precios del petróleo en 2017, aun con el recorte de producción de la OPEP, será insuficiente para mejorar los indicadores económico-sociales y aliviar el déficit en el flujo neto de divisas. Las cosas pueden empeorar si el precio y la producción de petróleo continúan bajando, como ha sido su tendencia desde 2014. En esas condiciones, el valor de las exportaciones en 2017 aumentará muy poco.

Tabla 1. Venezuela: evolución de algunas variables macroeconómicas

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV). (*) Los datos de 2016 y 2017 son estimaciones propias, sujetas a revisión, con base en organismos multilaterales y opinión de consultores y analistas económicos. 

En 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) puede reducirse en el orden del 10 por ciento. Lo que significa que el PIB caerá por cuarto año consecutivo. El nuevo sistema cambiario Dicom ya se reveló insuficiente para reanimar el aparato productivo y frenar el alza del dólar paralelo. No hay suficiente oferta de divisas para satisfacer la demanda por lo que continuará el racionamiento, la devaluación y la opacidad en la venta de divisas.

Igualmente, se prevé en 2017 una merma de las importaciones totales y por habitante, así como del consumo de los hogares (ver Tabla 1). Cada vez en mayor cuantía las importaciones se realizarán al tipo de cambio paralelo con su consecuente efecto sobre los precios. En general, se espera una  reducción de la demanda agregada interna en términos reales (consumo del gobierno, consumo de los hogares y de la inversión bruta). La recesión se profundizará en 2017.

El flujo neto de divisas (FND) tiene un déficit, en el orden de los USD 11.000 millones. Hay que importar algo, hay que pagar  el servicio de la deuda externa, hay que seguir pagando con petróleo los apoyos en la OEA y otros foros a los beneficiarios de Petrocaribe; y por supuesto hay que seguir financiando al régimen Cubano. Para cumplir con todos esos compromisos hay que sacrificar el consumo de los hogares venezolanos. Hay que reducir importaciones. El ajuste existe pero es desordenado e inútil. Para cubrir el déficit en el FND el gobierno seguirá empeñando y vendiendo con abultados descuentos activos financieros y no financieros. Con el elevado riesgo país y la situación de ilegalidad por el conflicto con la Asamblea Nacional es muy difícil conseguir financiamiento externo.

La persistencia de la monetización del déficit fiscal y la devaluación incide en una tasa de inflación que será superior a la de 2016, 720 por ciento dice el Fondo Monetario Internacional (FMI).  Se estima, para 2017, una variación porcentual de los precios al consumidor entre 650-750 por ciento, superior en el caso de alimentos. Los salarios reales disminuirán, mientras la pobreza y el desempleo seguirán aumentando.

La crisis política se ha agravado. La gente tiene más de tres meses protestando en la calle en defensa de la libertad y la democracia. Todo indica que esta actitud de rebelión ciudadana persistirá,  a pesar de la represión y del costo en vidas humanas. El régimen, violando la Constitución, ha impuesto la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin que se consulte al depositario de la soberanía popular: el pueblo. Las encuestas de opinión muestran que el 80 por ciento de la población rechaza esa ANC.

Tiene razón uno de los treinta economistas más influyentes del mundo, el venezolano Ricardo Hausmann, quien en reciente entrevista afirmó que:

Venezuela es la catástrofe humana más grande que se ha generado en período de paz. El desgaste del nivel de vida de los venezolanos, la caída del PIB, el colapso del abastecimiento alimentario, el deterioro de las condiciones de salud, el aumento de la criminalidad… Atendiendo a las estadísticas económicas, algo tan grave como lo que está pasando en Venezuela ha ocurrido en muy pocos momentos de la historia, y menos en momentos de paz. Y ocurre con un Gobierno que ha violado acuerdos y normas internacionales a los que debía someterse, en particular, la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA”.  (Ver la entrevista en: http://ethic.es/2017/06/entrevista-a-ricardo-hausmann/ ).

2. La crisis del sistema alimentario venezolano (SAV) se profundiza en 2017

En 2016 hubo una importante reducción de la producción nacional, las importaciones y el consumo de alimentos. Como consecuencia aumentó la inseguridad alimentaria y la desnutrición en los sectores más pobres. En 2016 se creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano y  Seguro (GMASS) y se otorgó su control al estamento militar por intermedio del General Padrino López Ministro de la Defensa. Puede afirmarse, con base en los resultados obtenidos, que durante el período de control militar de la GMASS la crisis del SAV avanzó, como se mostrará seguidamente.

2.1 La producción de alimentos

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO) recientemente anunció que el año agrícola 2017 se perdió. Los pocos insumos agrícolas que importó y distribuyó el gobierno a través de AGROPATRIA fueron entregados en su mayor parte a intermediarios; y supuestamente a los “programas productivos” del Estado.

El maíz amarillo y la soya, fundamentales para producir alimentos balanceados para animales (ABA), con los cuales, a su vez, se produce pollo, huevos y carne porcina, se importarán con dólares de los empresarios, cuyo precio es el que marca el mercado ilegal. Los ABA también se utilizan para producir alimentar ganado bovino. Los precios de los productos finales de las cadenas avícolas, porcina, de leche y carne bovina crecerán sustancialmente.

La producción agrícola volverá a disminuir en 2017, probablemente en un porcentaje que superior al diez por ciento. Los gremios agrícolas prevén caídas  en la producción de arroz, maíz blanco y amarillo, oleaginosas, caña de azúcar, papa, hortalizas, café, carne de aves (pollo), carne porcina, carne bovina y leche. Junto con las restricciones para producir (baja rentabilidad, escasez y alto costo de los insumos agrícolas, inseguridad jurídica y personal, otros) los productores agrícolas se enfrentan a un mercado con consumidores empobrecidos.

En 2017 no habrá suficiente materia prima, ni producida nacionalmente ni importada, para satisfacer los requerimientos de la industria de alimentos. También persisten problemas de baja rentabilidad, ausentismo laboral, cortes eléctricos, rezago tecnológico e inseguridad jurídica. Según las estimaciones de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA), entre mayo de 2016 y mayo de 2017, hubo las siguientes reducciones porcentuales de producción: arroz -13,9; harina precocida de maíz -39,6; harina de trigo -46,5; pasta de trigo -26,1; leche en polvo -27,5; sardina (-21,1); atún; -26,8; embutidos -18,1; aceite vegetal -48,9 y mayonesa -2,0. Sólo se reportaron aumentos  porcentuales en avena, margarina, azúcar y salsa de tomate del 6,2, 1,7, 0,7 y 6,7 respectivamente. En síntesis, en 2017 la producción de la industria de alimentos puede disminuir en más del 20 por ciento.

2.2 Las importaciones agroalimentarias

En un contexto de escasez de divisas y de reducción de las importaciones totales (MT) también se reducirán las importaciones agroalimentarias (MAA) por habitante. (Ver tabla 1 y gráfico 1). Al finalizar 2017, el valor de las MAA por habitante se habrá reducido en 72,2 por ciento con respecto a 2013. Dado que también se estima una importante reducción de la producción nacional de alimentos (agrícola y de la industria de alimentos), la caída de las MAA se traduce en una nueva reducción de la  disponibilidad (abastecimiento) de alimentos.

Fuente: INE, cálculos propios, 2015 a 2017 son estimaciones sujetas a revisión

2.3 Los mercados, la distribución de alimentos y los programas sociales

Aquellos mercados con controles de precios en diferentes eslabones de la cadena productiva siguen funcionando mal. El precio máximo de venta en cada eslabón de la cadena agroalimentaria causa un exceso de demanda que estimula a los mercados negros. Pero los controles de precios también generan incentivos perversos en la asignación de recursos para la producción, desviando la poca inversión hacia la producción de bienes no regulados. En 2017 siguen existiendo los mercados ilegales, que es donde se puede conseguir aquellos alimentos básicos con precios regulados. Los controles solo operan para los sectores formales de la producción y de la distribución, mientras que en los mercados ilegales se venden los alimentos muy por encima de su precio regulado. Para mayo de 2017 el  Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas) estimaba que en promedio, la diferencia entre los precios controlados y los que se pagaban efectivamente  en los mercados ilegales era del 7.824,1 por ciento.

Con la creación de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), MERCAL y PDVAL prácticamente desaparecieron. El régimen todo lo ha apostado a los CLAP, pero estos continúan entregando alimentos que son insuficientes, los entregan con retardo y sin frecuencia definida, se debe pagar el costo de la bolsa y de la caja por adelantado sin que muchas veces  esta se entregue, los productos son fundamentalmente importados a la tasa de cambio del dólar DIPRO (10 Bs/1USD), pero el costo en bolívares de la caja entregada, supera los1.000 USD. Los CLAP son controlados por organismos y seguidores del partido de gobierno y se discrimina a la población opositora. Adicionalmente, quienes controlan desvían los productos hacia los mercados negros.

También debe decirse que continúa la importación con dólares al tipo de cambio de mercado negro de insumos  para la producción y productos finales. Gran parte de esas importaciones se realizan con la aprobación y apoyo del gobierno. Obviamente,  los precios de venta de esta mercancía importada son muy elevados y solo una pequeña parte de la población tiene ingresos suficientes para comprarla.

En síntesis, En 2017 se observa una continuidad en la distorsión y dificultades con que funcionan los mercados y la distribución de alimentos. Los CLAP no llenan las expectativas de la población. La presencia militar en tareas de control de la producción y distribución de alimentos en lugar de mejorar la situación la ha empeorado.

2.4 El consumo de alimentos y la seguridad alimentaria

Fuente: BCV. Estimaciones propias para 2016 y 2017

Fuente: BCV y estimaciones propias para 2016 y 2017

Dado que en 2017 se reducirá el ingreso real de la población y aumentará el precio real de los alimentos (ver gráficos 2 y 3) no queda la menor duda que bajará el consumo de alimentos. Debido a que los pobres y la clase media baja son más sensibles (mayor elasticidad) al cambio en los precios e ingresos, serán los más afectados.

A pesar de la frecuencia con que se decreta el aumento del salario mínimo y la cesta ticket, no hay indexación. A partir de la información que suministra mensualmente el Cendas sobre el costo de la canasta básica y de la canasta alimentaria para una familia de 5 personas que viva en una barriada popular, se puede observar el deterioro secular del poder adquisitivo de las familias, lo que indudablemente explica la reducción del consumo de los hogares, especialmente el de alimentos. En el gráfico 4 se muestra la relación entre el ingreso familiar de dos salarios integrales (salario mínimo + cesta ticket) y el costo de la canasta básica y alimentaria.  Se observa que para Diciembre 2008, con dos salarios integrales por familia se podía cubrir el 84,9 por ciento del costo de la canasta básica y el 162,4 por ciento del costo de la canasta alimentaria. Para mayo de 2017 los dos salarios integrales por familia apenas podían cubrir el 28,0 por ciento del costo de la canasta básica y el 40,4 por ciento de la canasta alimentaria. Mientras el gobierno mantenga políticas que reducen la oferta y salde el creciente déficit fiscal con dinero sin respaldo, la tasa de inflación y el precio del dólar seguirán creciendo y reduciendo el poder de compra de la población.

Fuente: Cendas. Cálculos propios.

La reducción de la ingesta de alimentos en 2017 significa un empeoramiento de la inseguridad alimentaria. Según las estimaciones del autor, la población enfrentará una situación de insuficiencia crítica de las disponibilidades de energía alimentaria. Esto es, tendremos una disponibilidad para consumo humano de energía alimentaria/persona/día inferior al 95 por ciento de los requerimientos normativos establecidos por el Instituto Nacional de Nutrición. Debe recordarse que a afínales de 2016 los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida realizad por tres universidades nacionales alertaban que el 51,5 % de los hogares estaban en condición de pobreza extrema, es decir, no percibían ingresos suficientes para comprar una canasta normativa de alimentos. Vivimos sin duda una catástrofe. La emergencia alimentaria se agrava.

  • Conclusiones y perspectivas

En el gobierno no hubo ni hay espacio para la rectificación. El inicio de un proceso de cambios en lo político y en la estrategia global de desarrollo para superar la crisis solo será posible con un gobierno de signo ideológico diferente, plural, respetuoso de la Constitución y de los derechos humanos. Entre tanto, la crisis avanza, el SAV está en crisis y la emergencia alimentaria se agrava. Que dios nos favorezca y nos permita salir con bien de esta tragedia.

 

Notas:

[1] Profesor Titular (J) Universidad de Los Andes (ULA), Venezuela. Centro de Investigaciones Agroalimentarias ULA. M. Sc en Economía Agrícola (Iowa State University). Doctor en Estudios del Desarrollo (CENDES-UCV). Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

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