Luis Carlos Díaz*
Revista SIC 757
Este dossier ofrece a los lectores de la revista SIC las relatorías de los dos seminarios que, durante este año, se llevaron a cabo en el Centro Gumilla y en el que participaron representantes de diversas organizaciones interesadas e involucradas en el tema del desarme. Pero además se ofrece el “2do manifiesto por el desarme en defensa de la vida” que varias organizaciones hicieron ante la sociedad venezolana
El lunes 6 de mayo, en los espacios del Centro Gumilla, se llevó a cabo un primer seminario en materia de desarme en Venezuela. Este seminario contó con la participación del sociólogo Jesús Machado como ponente principal, quien se desempeña como investigador del Centro Gumilla y quien representó a dicha organización en la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme.
Los seminarios de desarme en el Centro Gumilla son espacios para discutir sobre las políticas de desarme adoptadas por las instituciones del Estado para reducir la violencia en el país. Nuestra intención es nivelar los conocimientos en torno a la problemática de las armas, la complejidad que supone abordar el problema y el rol que tenemos las organizaciones sociales y los individuos para acompañar y exigir a las autoridades en sus tareas como garantes de la seguridad ciudadana. Desde el año 2010, con el primer Encuentro Internacional de Constructores de Paz hemos venido haciendo incidencia pública por el desarme, y luego participamos en la Comisión presidencial para el control de armas, municiones y desarme.
A continuación presentamos un resumen de lo que en este espacio de socialización se colocó sobre la mesa.
Exposición del sociólogo Jesús Machado
La clave de nuestras actividades es la incidencia pública. Nuestra organizaciones no pueden cumplir roles que le competen al Estado, como la detención de individuos o la producción y distribución de municiones, pero sí estamos llamados a participar del control sobre esos procesos. En 2010, por ejemplo, uno de los productos del Encuentro de Constructores de Paz fue el Manifiesto por la paz y la vida. Ese insumo ayudó a poner el tema en agenda, pues se venía discutiendo al menos desde 2003 y había incluso un proyecto de ley que no había pasado a discusión pública.
En 2010 se conformó la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. Su estructura quedó dividida en: Investigación, Consulta, Propaganda y Comunicación y Medidas especiales.
Considero que las piezas publicitarias no fueron asertivas. Las reacciones que se esperaban ante estas piezas eran la estimulación e incentivos para el desarme, el valor de desarmarse y la gestión de estructuras organizativas que contribuyeran al desarme. La posición de principios sobre las armas fue y sigue siendo: “las armas las tiene el Estado, la población no puede estar armada”. Culturalmente, es un reto que esa idea se convierta en un consenso social.
La gente se pregunta por algo concreto: ¿El Estado garantiza o no la seguridad de los ciudadanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando eso falla?
Si el Estado no está en capacidad, entonces hay que obligar al Estado a resolverlo. Pero la solución no está en plegarse a la resolución privada de esta agenda, que es armarse.
¿Cuántas armas hay en la calle en estos momentos? Las cifras según declaraciones oficiales son dispares: De 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 9, de 9 a 15 millones de armas. Estos años se han dado muchas cifras.
Teóricamente, hubo en la Comisión un grupo que se encargaría de eso, pero no se realizó. Se trataba de hacer un inventario de armas de evidencia (detenciones, juicios, decomisos) más otros parques de armas. Sin embargo, según los expertos en la comisión, las armas ilegales no superaba la cantidad de armas legales, y la suma de ambas no supera el millón y medio en todo el país.
No obstante, nunca se tomó en cuenta el tráfico de armas: eso no está contabilizado ni en su país de origen, ni en aduana, ni en ningún instrumento legislativo. Sabemos que actualmente las redes de tráfico de armas son muy sofisticadas.
Otro problema es que muchas de las armas que se colectan en las detenciones, terminan nuevamente en la calle por corrupción de los cuerpos de seguridad. Ha ocurrido, por ejemplo, el reciclaje de un arma que se confiscó en el Zulia y apareció en el centro de privados de libertad de La Planta, en Caracas.
Luis Fernández, director de la Policía Nacional, comentó en esa Comisión que en algunos procedimientos policiales y recuperaban armas de hace 20 años, es decir: las armas modernas/nuevas no forman parte de estas “recuperaciones” y no llegan a salas de evidencia. Pero sabemos que sí hay armas nuevas en la calle.
Actualmente hay 143 cuerpos policiales. En la gran mayoría de esos cuerpos no hay sala de evidencia, lo que genera problemas en la concepción del protocolo de custodia de un arma vinculada a un hecho delictivo. El arma es retenida, registrada, reportada y debe permanecer en custodia hasta que pase a las Fuerzas Armadas para su registro y destrucción. Ese proceso debía volver a regularse. La Comisión Presidencial para el Desarme analizaba y realizaba sugerencias para aplicar estas medidas, pero no tenía la facultad de gestar acciones.
Podemos preguntarnos: ¿Se destruye o no el arma? Por los momentos, prevaleció su carácter de “evidencia” hasta que existiera sentencia firme en el juicio e incluso se conservaba por si acaso hubiese apelación y se requiriera revisar la evidencia física con el arma. Debemos anotar que en Venezuela se logra sentencia firme sobre el 4% de los juicios abiertos. En la actualidad, hemos visto cómo ha aumentado la destrucción de armas, pero necesitamos que sea aún mayor, cumpliendo los protocolos.
La Comisión se creó en mayo de 2011 y su función estaba pensada hasta diciembre 2011. Luego se prorrogó su actividad hasta diciembre 2012. La agenda de esa Comisión estaba asociada a la disponibilidad del Ministro de Interior y Justicia, por ser el encargado de convocar a la Sesión Plenaria. Se hizo la sugerencia de que los Viceministros fuesen también los convocantes, pero no se logró. Por lo tanto se atendió mucho más la agenda coyuntural de política nacional antes que la regularidad de las reuniones.
Asimismo, durante el periodo de trabajo de la comisión vimos las renuncias progresivas de varios miembros, que no pertenecían a entes del Estado.
En las discusiones con distintos sectores cercanos al mundo de las armas y municiones hubo problemas de miopía: un general que dice que tiene miles de empleados en Cavim a los que tiene que “darles de comer” y que dice también que tiene que mostrar además “que la industria es exitosa”. Pero luego vimos que en la mayor parte de los actos delictivos en Venezuela hay incursas municiones de Cavim.
César Marín, de Amnistía Venezuela, dijo que el 83% de las balas encontradas en homicidios en el municipio Sucre eran de Cavim, nuestra empresa militar de producción de armas.
Jesús Machado: Preguntábamos, por ejemplo: ¿Por qué la policía podía comprar la cantidad de municiones que quisiera en una tienda? De allí se desprendieron varias reflexiones.
Primero: Es responsabilidad de la institución policial dotarle de municiones a su personal.
Segundo: En la armería costaba un precio y en la calle esa bala costaba tres veces más, por lo que también es un negocio la reventa de municiones.
Tercero: Los cuerpos de seguridad suelen reportar armas pero no municiones después de alguna detención.
Cuarto: Debemos entonces exigirle a los cuerpos policiales que reporten las municiones colectadas en esos procedimientos.
Quinto: Se pidió un estudio técnico de las armas colectadas en procedimientos, para las experticias.
Sexto: También había que cambiar la producción de municiones para incorporar el serial de las balas. Eso lo solicitamos desde 2010 e incluso trajimos a un experto de la ONG brasilera “Viva Rio”, la cual pudo incorporar ese control seriado en Brasil. Sabemos que en la actualidad el Gobierno nacional ya ha realizado pruebas y está en el proceso de instalación de la maquinaria necesaria para cambiar la matriz de producción de municiones.
Otras de las cosas que implica la política de municiones seriadas es el mantenimiento y control de las bases de datos donde se puede hacer seguimiento de a qué cuerpo policial o comprador pertenece la bala colectada en una escena de delito. Eso es fundamental.
Algo de los nuevos controles debe estar funcionando, el problema es que esa medición se está conociendo por el lamentable aumento en los asesinatos de policías y militares para despojarlos de su armamento.
Luis Francisco Cabeza, de Convite: “Tiene que haber algún mecanismo de control. Sólo en Lara van 35 policías asesinados para despojarles del arma en lo que va de año”. Además, hay que preguntarse si hay registros sobre armerías o recargas de municiones clandestinas, para combatirlas.
El sociólogo Luis Cedeño, de Paz Activa: Según nuestros registros, en promedio, las personas asesinadas a balazos reciben entre 5 y 7 impactos, lo que nos haría hablar de una cantidad de municiones atroz.
Jesús Machado: No hemos generado un sistema demasiado sofisticado para el marcaje de las municiones. Una opción complementaria planteada fue agregarle un polímero que coloreaba la ojiva sin alterar en lo absoluto el contenido o poder de la bala. Así se puede distinguir a quién y a qué cuerpo policial, militar, nacional, regional o municipal pertenece. El problema no es de costo sino de voluntad política en la generación de controles para las municiones. Esto reduciría muchísimo la fuga de municiones al mercado ilegal.
Otro punto que debemos tomar en cuenta es el circuito de las balas en cuanto a sus recargas y el mundo militar. Miembros de las fuerzas armadas argumentaron en las reuniones de la Comisión que era necesario hacer las recargas de las balas porque son muy costosas. Eso nos indica que los militares saben dónde se venden las máquinas para recargar las municiones o quiénes las tienen, incluso en los clubes de tiro hay esos dispositivos, porque mucho de los dueños de esos clubes son amigos de militares. Es un sistema de complicidades muy fuerte, en el que faltan controles porque no sabes si esas balas recargadas pueden pasar también a nutrir a las bandas delictivas.
César Marín: La Comisión tuvo, en cierta forma, una vida escueta, no se reunía, o si lo hacía era para hablar. Pero por otro lado había un ámbito más dinámico que era la Secretaria Técnica (ST), pero no era un ente independiente. La Secretaría Técnica hizo lo que no hizo la Comisión. Allí hubo un problema que se nos extiende hasta ahora. Amnistía Internacional quiere que haya una institucionalidad alrededor del tema del desarme, pero no así, esa institucionalidad necesita más independencia.
La ST funcionaba y trabajaba directamente con el ministro de Interior y Justicia. Se discutían unas cosas en plenaria y al reencontrarse se habían ejecutado decisiones acordadas entre la ST y el ministro.
Sobre la ley desarme
Jesús Machado: Parte de los primeros redactores estaban metidos en la red de comercialización de armas. La Asamblea Nacional (AN) iba a su ritmo, que estaba marcado por la agenda política y, por otro lado, estaba la agenda de la Comisión.
Las dos dinámicas siguieron su ritmo en paralelo. Durante un buen tiempo, nadie quería soltar la ley porque era un lomito político y cada vez que hablaban de ello ganaban prensa. Por eso la ley se la abroga tanto el Gobierno como la oposición, y dentro del Gobierno, los legisladores, el Ejecutivo y los militares.
¿Cómo se resolvió eso? Por Chávez: el Presidente había dicho que lo que indicase la Comisión Presidencial era lo que iba. Por su parte, la Comisión Mixta de la AN dijo: ¿hay dos proyectos? ¡Vamos a fusionarlos! Y eso representaba un reto enorme.
César Marín: Este primer borrador de ley desarme del que se habló no fue de la Comisión Presidencial para el Desarme sino de la Secretaría Técnica y el Ministerio de Interior y Justicia. Sin embargo, es pertinente señalar que la ley no lo es todo. No nos entrampemos en la Ley. Lo importante es que baje el impacto negativo que tienen las armas de fuego en Venezuela.
Sobre el mundo militar, es importante hacer varias observaciones, porque buena parte de los controles y las responsabilidades recaen sobre ellos. Por lo tanto son retos de la sociedad la regulación, control y sanción de los militares, si no cumplen con su rol. Esa relación con los militares debe ser empática, para no generar controversias y llegar a la paz. Una ruta para mejorar los controles sin ser invasivos es plantear la modernización total de las líneas de producción de Cavim, como propuso un asesor de la ONU para las estrategias de marcaje. Así no sólo se cumple con la petición de la sociedad, sino que además se garantizan los estímulos y el presupuesto para que así sea. Lo otro sería un buen registro de armas.
Preguntas:
¿Qué rescatarían del trabajo de la Comisión?
El diagnóstico y las recomendaciones concretas derivadas de sus tareas:
Control sobre salas de evidencia.
Municiones.
Venta y distribución.
Restricción de venta de armas.
Sin embargo, algunas de esas medidas no se saben si se están o no implementando actualmente, ni cuanto ni cómo. Sólo leemos declaraciones oficiales que dicen que sí.
¿Qué debe tener una buena campaña comunicacional?
Parte de lo que se pidió es que no fuese una campaña, sino una política de Estado. Dentro del Estado hay quienes piensan que el dinero no puede irse en atención a víctimas porque eso es reconocer que el problema existe, sino que más bien tiene que irse a prevención.
Observaciones de los participantes:
- Debemos hacer seguimiento de las investigaciones que se hicieron y no se presentaron, inclusive los contenidos de un libro realizado por la comisión y que aún no está en línea.
- Hacer un llamado a la publicación inmediata de las cosas que ya están hechas, para no duplicar trabajos.
- Organizar una especie de wiki con esos materiales.
- Revisar el presupuesto público ejecutado a lo largo de estos años de trabajo, discusión y campañas.
- Debemos reforzar la idea de crear y fortalecer un Sistema Nacional de Atención a las Víctimas de la violencia, que incluya más que dinero.
- Es necesaria una red de apoyo a las víctimas de la violencia para la contención psicológica, porque de los que ingresan a los hospitales públicos, el 80% quedan con alguna discapacidad.
- Fundación Esperanza: Atender a las víctimas más allá del propio abaleado: hijos, madres, etc.
- La movilización de una agenda común por la paz, hacer una agenda de incidencia con tareas comunes como un camino alternativo a la Comisión y la ley para sumar otros actores a la visibilización del tema.
- Hemos perdido la incidencia pública, abandonamos la exigencia de las cuentas y cedimos a los partidos, sindicatos y gremios lo que debemos hacer como ciudadanos. Este es un déficit importante que podemos solventar formándonos.
*Luis Carlos Díaz es coordinador de Comunicación y redes del Centro Gumilla.
