Dorixa Monsalve Dam*
La Amazonía, llamada por Humbolt Hileia1 (del griego, bosque salvaje), incluye la extensión de bosque húmedo tropical más grande del planeta, con un área original estimada de 6,1 millones de km², aproximadamente 35% del continente sudamericano2. Esta región posee las mayores reservas de agua dulce del mundo. El río Amazonas drena un área de 6,2 millones de km² con una descarga anual promedio de 6.300 km³ de agua en el océano Atlántico, equivalente a un 15-20% del agua dulce mundial que desemboca en los océanos2,3.
Mientras tanto, la cuenca del río Orinoco (Orinucu, en lengua Otomaca1) abarca una superficie de casi 1 millón de km² y constituye el tercer río más caudaloso del mundo, con una descarga anual promedio de más de 1000 km³ 4. Los bosques amazónicos actuales han evolucionado desde hace 20 millones de años5,6, y contienen la mayor la biodiversidad del mundo (más del 50% de las especies del Planeta), con altos niveles de endemismo y complejidad 2,5,6. Esta región es además el asiento de 385 pueblos indígenas, algunos en situación de “aislamiento”7, por lo que es cultural y socialmente única y de enorme valor. A la región como un todo se le considera la reguladora del clima del Planeta, el principal generador de oxígeno hacia la atmósfera y el sumidero de grandes cantidades de gases de efecto invernadero2,5,6,7.
A pesar de su inconmensurable belleza, valores naturales y culturales y extrema cuantía en servicios ambientales para la supervivencia del Planeta, para todos sus habitantes humanos y no-humanos, los científicos Lovejoy y Nobre (2018)8 han lanzado una alarma inquietante: La Amazonía está acercándose a su punto de no retorno. En los últimos 50 años, un 17% de la selva amazónica ha sido deforestada. Estiman que en el caso de llegar al 20% de deforestación, es muy probable que el gran bosque amazónico dejará de ser sostenible. “Si el clima cambia -por la deforestación, la degradación ambiental o el calentamiento global- existe el riesgo de que más del 50% de la selva amazónica derive a un paisaje degradado de baja biodiversidad, tipo sabana”.
Y es que en Suramérica existe un complejo ciclo del agua, donde los ríos tienden a fluir de oeste a este, mientras el agua retorna a los Andes de este a oeste a través de un sistema de transporte aéreo, donde la circulación de las nubes es clave. Este proceso se conoce como “ríos voladores” o la “bio-bomba amazónica6. Y es que los bosques tienen la capacidad de mantener húmedo el aire en movimiento, lo que permite llevar lluvia a áreas continentales alejadas de los océanos. Los árboles son poderosas “máquinas” succionadoras del agua que se adentra en los suelos, y la transfieren a la atmósfera a través de la transpiración6.
La Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (RAISG) proporciona cifras contundentes: De la cobertura boscosa original de la Amazonía, hasta el año 2000, se había perdido alrededor de 9,7% por deforestación (591.700 km²). De este gran total, Brasil lideró una pérdida de 77,5%, seguido por Perú (9,4%), Colombia (5,9%), Bolivia (2,4%) y el resto de los países amázonicos (4,8%). En términos relativos, Brasil había perdido el 12,8% de su bosque amazónico, seguido por Ecuador con 9,6% y luego Colombia y Perú con 7,4 y 7,0%, respectivamente. Entre el 2000 a 2013 se verificó una aceleración en la tasa de pérdida, pues para el 2013 ya había des- aparecido 13,3% de la cobertura boscosa de la Amazonía (811.300 km²), de manera que un 27,1% (219.600 km²) de toda la pérdida acumulada ocurrió en apenas 13 años. Por otra parte, Brasil es el país con la mayor proporción relativa de bosque amazónico perdido hasta 2013 (17,6%), seguido por Ecuador (10,7%) y Colombia y Perú, con más de 9%. Lo que significa que Brasil es el país con mayor incidencia (77,9%), en términos absolutos, sobre la pérdida de esta formación vegetal, tanto histórica- mente como en tiempos recientes2.
A pesar de la mayor pérdida relativa de bosque en el periodo 2000-2013, en términos regionales, hay una tendencia a la disminución en la deforestación, cuando se comparan los periodos 2000-2005, 2005- 2010 y 2010-2013, la cual tiene un correlativo claro a nivel de Brasil, Bolivia, Ecuador. El único país que muestra una tendencia opuesta es Venezuela, con evidencias de aceleración en la tasa de pérdida del bosque, mientras que en la Guayana Francesa y en Surinam se evidencia una tendencia al incremento en caso que el ritmo anual en el período 2010-2013 se mantenga2.
Para 2013, un 21,8% de la región amazónica estaba bajo el resguardo de áreas naturales protegidas (ANP) y los territorios indígenas (TI) abarcaban un 27,5%, incluyendo en algunos casos superposiciones entre los dos tipos de unidades de protección (RAISG 2015)2. Sin embargo, aunque la deforestación en las ANP ha sido menor que en el resto de la Amazonía, y en los TI es menor que en las ANP, el 80% de las ANP y el 95% de los TI están impactadas por presiones antrópicas. Las ANP más afecta- das son las nacionales de uso directo (reservas, etc.). Por otra parte, gran parte de la deforestación registrada, especialmente en los últimos 13 años se ha realizado en torno a los ríos, presionando especialmente sus cabeceras. En las cuencas hidrográficas, todas las subcuencas tienen al menos una afectación; 45% de ellas están afecta- das por presiones o amenazas, siendo las subcuencas del Alto Amazonas las que presentan el mayor número de afectaciones2,7.
Sobre la Amazonía pesan enormes presiones y amenazas potenciales. Las principales son la construcción de carreteras, actividades petroleras y gasíferas, minería legal e ilegal, construcción de represas hidroeléctricas, focos de calor a gran escala asociados a actividades agropecuarias y a la construcción de grandes obras de infraestructura o crecimiento urbano. Se evidencia un arco de deforestación que se extiende desde Brasil hasta Bolivia, una zona de presión hídrica y explotación petrolera en la Amazonía andina y un anillo minero amazónico periférico7. En todos los casos, prevalece la visión de la Amazonía como una frontera remota de provisión “infinita” de recursos naturales, con un vacío demo- gráfico abierto a nuevas formas de colonización agropecuaria y extractivista9.
Todo este escenario de conversión y afectación de la Amazonía, la selva húmeda más grande y compleja del planeta, con al menos 10 mil años presencia humana, está determinando que los paisajes de selva, diversidad socioambiental y agua dulce estén siendo reemplazados por paisajes degradados, sabanizados, desertificados, cuencas contaminadas y o devastadas, y por procesos de transculturización y pérdida de riqueza e identidad cultural y social. Si la Amazonía continúa siendo un espacio de extracción “sin límites” de commodities de bajo valor agregado para los mercados nacionales e internacionales, y se compromete su potencial de desarrollo sostenible y la conservación de los espacios de vida, en el futuro próximo podría desaparecer hasta la mitad de la selva amazónica actual2,6,7,8.
Deforestación en la Amazonía Venezolana
La Amazonía venezolana abarca tres estados: Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Con una superficie aproximada de 469 mil km², constituye el 52% de la superficie terrestre del país2,7. Gran parte de esta región se asienta sobre el Escudo Guayanés, que se formó desde hace 3.100 a 1600 millones de años en el Precámbrico, por lo que es una de las formaciones más antiguas del planeta2,10. Biogeográficamente, casi la totalidad de estos tres estados (excepto una parte de Delta Amacuro), conforman lo que se conoce como la Guayana venezolana, y por la extensión y singularidad de sus bosques, así como las amenazas comunes, se habla de la Amazonía venezolana, ya que una pequeña proporción del estado Amazonas pertenece a la cuenca amazónica, y el río Orinoco y el Amazonas llegan a unir sus aguas11.
Sobre ésta muy antigua formación geológica, se encuentra un tapiz continuo de bosques tropicales con un grado de intervención y transformación muy bajo, a la par de ecosistemas únicos en el mundo, hogar de una inmensa variedad de plantas y animales, con altos niveles de endemismo11. Además, este territorio contiene el patrimonio hídrico más importante del país; en él discurre la gran cuenca del río Orinoco, al cual drenan el poderoso Caroní, el Caura, el Ventuari, el Casiquiare y muchos otros grandes ríos afluentes, del territorio venezolano, colombiano y fronterizo4.
En el año 2000, los bosques amazónicos venezolanos abarcaban una extensión de casi 398 mil km². Sin embargo, se estima que, para esta fecha, se habían perdido unos 8.900 km² (2,2%) de sus bosques originales. De 2000 a 2013 la deforestación fue de unos de 4.150 km² (3,3%), es decir, 47% de lo acumulado hasta el año 2002. De acuerdo a la NASA, sólo en los municipios mineros del estado Bolívar, la extensión de bosques deforestados entre 2001 y 2014, fue de 1.058 km² 12. Aunque la tendencia de pérdida de bosque en todo el Amazonas venezolano ha aumentado de forma sostenida, la mayor pérdida ha ocurrido fuera de las ANP y los TI. Los TI, que albergan el 67% de los bosques de la región, han perdido la mayor proporción de sus bosques originales hasta 2013, con 2,4%, en contraposición con las ANP, donde la pérdida representa menos del 1% de su superficie. Sin embargo, en las ANP la pérdida forestal ha ocurrido principalmente en los últimos 13 años, superando toda la deforestación acumulada hasta el año 2002.
Asimismo, varias subcuencas han sido afectadas de forma muy negativa por la deforestación. Antes del año 2000, la mayor deforestación ocurrió en el Alto Orinoco. El Caroní, el Delta del Orinoco y el Cuyuní han tenido una pérdida de bosque similar entre 2000-2013 respecto a la ocurrida antes del año 2000, lo que indica una aceleración en la tasa de deforestación reciente. Mientras tanto, a partir del año 2000 se ha registrado deforestación creciente en el Delta del Orinoco, el Paragua, el Orinoco Medio, el Caura y el Guaviare, especialmente después del 2010².
Minería en el Amazonas
Todos los países amazónicos tienen zonas mineras (metálicas y no metálicas) en alguna de sus diferentes fases (explotación, exploración, solicitud, potencial). De acuerdo a RAISG (2012)7, para el año 2010 existían en la Amazonía un total de 52.974 zonas con intereses mineros que suman 1.628.850 km², y representan el 21% del territorio amazónico. La mitad de estas zonas están bajo solicitud (50,8%) y representan el 10,7% de la Amazonía (827.142 km²) mientras que las zonas bajo exploración (30,8%), representan el 6,5% (502.085 km2) del territorio amazónico. Guyana y Brasil son los países con la mayor presencia de esta actividad. Los intereses mineros están concentrados en la periferia de la Amazonía y comprometen de manera importante las áreas bajo figuras de protección (ocupan el 15% de las ANP y el 19% de los TI)7.
Por otra parte, muchas zonas mineras se ejecutan en la red hidrográfica del Amazonas, lo que conlleva un mayor riesgo para los bosques, para el funcionamiento de los ecosistemas, por la contaminación fluvial, la destrucción y la sedimentación de los cauces de ríos y la pérdida de biodiversidad fluvial pero también terrestre2,7. La mayor extensión de zonas mineras se encuentra en la macrocuenca del Amazonas (Me- dio-Bajo) en Brasil donde ocupan 619.894 km². Le siguen las macrocuencas Guyana/ Amapá (212.524 km²), Tocantins (190.609 km²), Madeira (184.332 km²) y Negro (168.839 km²). Las mayores extensiones de aquellas en fases de exploración y potenciales se encuentran en las macrocuencas del Amazonas (Medio-Bajo), Tocantins y Guyana/Amapá. La mayor superficie de zonas mineras solicitadas se encuentra en las macrocuencas del Amazonas (Medio-Bajo), Negro y Madeira7.
Las subcuencas que tienen las mayores extensiones de zonas mineras son las de los ríos Amazonas (Juruá-Paru-Jari) con 99.291 km², Iriri con 69.503 km², Cuyuní con 60.827 km², Trombetas con 58.400 km² y Tocantins Bajo, con 58.010 km². De hecho, 14 subcuencas con más del 52% de su superficie están superpuestas por actividades mineras. Considerando la fase de explotación, la cuenca del Cuyuní en Guyana y Venezuela, presenta la mayor área con 21.551 km² y 12.377 km² respectivamente, seguido de la cuenca Suriname (Costa) con 11.997 km² y Guyana-Esequibo (Costa) con 9.276 km² 7.
Auge de la Minería Ilegal en la Amazonía
En los últimos 20 años el aumento vertiginoso de los precios del oro a nivel internacional, ha fomentado un auge de la minería aluvial ilegal de oro en todos los países amazónicos. Esta minería se realiza de forma semi mecanizada y a pequeña escala, pero sus efectos son muy nefastos9. Estos impactos han sido ampliamente demostrados: incluyen el entrabamiento y desvío de corrientes de agua, por lo que los bosques aledaños mueren por anegamiento; produce la destrucción de cauces y sedimentación de los ríos, la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas acuáticos debido a la turbidez y contaminación, la remoción del suelo, deforestación y conversión forestal, la afectación de todas las formas de vida amazónicas9,11,13. Contribuye con 1/3 de la contaminación mundial por mercurio. Se estima que más de 100 toneladas de mercurio son utilizadas cada año por la minería ilegal de oro en la Amazonía9. Más de 37% de las ANP (Parques y Reservas) están impactadas por la minería ilegal9.
Los frentes de extracción en los bosques se realizan mediante una red de agentes vinculados con los suministros básicos: alimentos, combustible, maquinaria y transporte aéreo y/o terrestre, negocio en el que participan distintos actores irregulares9. La situación es especialmente grave en el oeste de la Amazonía (Madre de Dios, Perú), en las Guayanas (Guyana, Suriname y Guyane Française), en el territorio Yanomami (Brasil y Venezuela). La presencia de la minería de oro en el Amazonas peruano ha aumentado un 400 por ciento desde 1999 al 2013, causando estragos en la selva y devastando los ríos locales. Específicamente, en la región de Madre de Dios, las minas de oro han aumentado desde menos de 100 Km² en 1999 a más de 500 Km² en 201214. En Guyana, la deforestación causada por la minería de oro se triplicó entre 2001-2002 y 2007-2008, destruyendo 650 km² de bosques7.
Minería Ilegal en Venezuela
En la Guayana Venezolana, especialmente a partir del 2005 y de forma cada vez más creciente y extendida al sur del Orinoco, se viene registrando el desarrollo de frentes de extracción minera ilegal, en la mayoría de los casos vinculadas a redes organizadas donde participan los “mineros rasos” (criollos, indígenas y personas venidas de otras regiones de Venezuela o de otros países), grupos delicuenciales (pranatos mineros), narcotráfico, guerrilla, componentes militares varios y grandes poderes económicos nacionales e internacionales12. Es extremadamente difícil cuantificar su incidencia en términos ambientales, sin embargo, son múltiples los reportes de la ocurrencia de estos frentes de extracción, por lo que mencionaremos varios casos de particular preocupación.
El territorio tradicionalmente ocupado por el pueblo yanomami, en la región de bosques y montañas, frontera entre Brasil y Venezuela, fue el blanco de una masiva invasión extractiva proveniente de Boa Vista (Roraima) en la segunda mitad de la década de 1980, lo que resultó en la muerte de 15% de los yanomami en Brasil y en muchos otros serios daños ambientales. Desde el 2007, el TI Yanomami ha sido sistemáticamente invadido por mineros brasileros, en tránsito a través de la línea divisoria internacional8.
En el Estado Bolívar, los llamados municipios mineros (Sifontes, Roscio, El Callao, Piar y Padre Pedro Chien y Cedeno) están fuertemente afectados por el auge de la minería ilegal, y estas prácticas se han expandido gravemente hacia la Reserva Forestal de Imataca17, 18. Otros focos de minería ilegal se desarrollan dentro de los límites del PN Canaima, donde en los últimos 10 años se han afectado unos 800 Km² 17. Asimismo, en el bajo, medio y alto Paragua, se han multiplicado las balsas y dragas18. Un caso de particular preocupación es la minería ilegal que se ha venido desarrollando en la cuenca del río Caura, la cual era considerada hasta finales del último siglo como la cuenca hidrográfica más prístina (intacta) y posiblemente la de mayor extensión en el trópico19.
La Gran Bulla del Arco Minero del Orinoco
La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (Decreto 2.248) contempla una enorme zona de 111.843,70 km² (12,2% del Territorio Nacional), para el estímulo sectorial de las actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país. Esta enorme zona discurre por gran parte de las márgenes del Orinoco y comprende todo el norte del estado Bolívar y una pequeña porción del estado Delta Amacuro20. Abarca el piedemonte nororiental, centro norte y noroccidental del macizo guayanés. Es un sector heterogéneo en términos florísticos y fisionómicos21. La cobertura vegetal es extraordinariamente diversa y varía desde exuberantes bosques altos siempre verdes hasta sabanas muy ralas y vegetación saxícola sobre afloramientos rocosos.
Este dilatado territorio comprende las cuencas bajas de importantes ríos, la mayoría de ellos tributarios del Orinoco. Las principales sub-cuencas hidrográficas que estarían amenazadas por el desarrollo del proyecto Arco Minero del Orinoco son las sub-cuencas de los ríos Parguaza, Aro, Suapure, Chiviripa, Guaniamo, Cuchivero, Aro, Hacha, Yuaruaní, Yaruán, Cuyuní, Chicanán, el majestuoso Caurayel poderoso y estratégico Caroní 21, con las consecuentes amenazas para el funcionamiento del complejo hidroeléctrico del Guri. Además, la zona para “el estímulo sectorial de actividades mineras” solapa parcialmente con las siguientes ANP y otras áreas están bajo régimen de administración especial (ABRAE): El Monumento Natural (MN) o Tepuy Cerro Guanay, el área boscosa Chivapure-Cuchivero, la Reserva Forestal (RF) La Paragua, la RF Caura(1), la RF Río Paragua, la Zona Protectora del Estado Bolívar y la RF Imataca.
El ámbito de protección de estas áreas no puede ni debe ser intervenido por una actividad tan impactante como la minera, lo que sería dejar sin efecto un necesario régimen de protección vigente, que, en lugar de ser suprimido, debería ser ampliado y mejorado22. Además, el PN Canaima, el Refugio de Fauna de la Tortuga Arrau y la Reserva de Biósfera del Delta del Orinoco, son áreas bajo régimen de protección que limitan con el territorio del Arco Minero, de manera que están potencialmente amenazadas por el desarrollo de las actividades mineras, como la deforestación, la contaminación por tóxicos varios y metales pesados, la alteración de los cursos de agua, la descarga de sedimentos, etc.19.
Mantengo la denominación RF Caura, porque la creación de esta área protegida es objeto de discusión especialmente entre las comunidades indígenas que habitan ancestralmente estos territorios y, además, dicha creación no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional.
En el Arco Minero, los sectores de mayor importancia para la explotación minera son los siguientes: 1. Serranía de Parguaza, 2. Ríos Guaniamo – Cuchivero, 3. Río Aro, 4. Ciudad Piar, 5. Río Capichapo, 6. El Callao, 7. Imataca, 8. Ríos Cuyuní – Chicanán, 9. Las Claritas – Km 8821. De acuerdo al Decreto 2.248, y a variopintas declaraciones dadas por diversos representantes del gobierno desde su creación, en esta enorme zona estaría contemplada la “pequeña”, “mediana” y la “gran” minería.
De hecho, con el discurrir del tiempo en este improvisado proyecto, se han convocado 150 empresas transnacionales especialistas en el desarrollo de mega minería, se han conformado 39 brigadas mineras y se han dado permisos de explotación a 23 zonas de uso minero23. Sin embargo, no está claro que tipo de pequeña y mediana minería estaría planteada para la zona de acuerdo a los planes del gobierno. Mucho menos, tenemos información sobre los posibles proyectos de mega minería. Es de notar, que excepto el caso de ciertas formas de minería artesanal, la pequeña y mediana minería que se realiza con monitores hidráulicos, balsas mineras y galerías pequeñas (utilizadas actualmente por la minería ilegal), son muy impactantes de los entornos naturales y muy contaminantes, entre otros aspectos, por el uso del mercurio para separar el oro22, 24.
Esta actividad se realiza sin estudios técnicos, ni controles ambientales y es muy arduo de monitorear24, por lo que difícilmente se podría asegurar el “no uso del mercurio” que promete el gobierno. Es de notar, además, que para extraer oro con cianuro se requiere de un proceso tecnológico muy complejo poco accesible para la minería a baja escala22,25.
Por otra parte, en la mega minería, la explotación de oro a cielo abierto exige excavar inmensos volúmenes de terreno por cada unidad de oro extraída. Las nuevas tecnologías de la minería a cielo abierto hacen rentable (para las empresas, claro está), la explotación, cuando el oro se encuentra en concentraciones hasta de un gramo por tonelada de material removido, esto es, una relación de un millón a uno25. De mantenerse esta relación, para extraer durante los próximos 70 años las siete mil toneladas de oro que han sido anunciadas por el gobierno, sería necesario remover unos siete mil millones de toneladas de material, inmensos cerros de desechos, muchos de ellos contaminados con arsénico, metales pesados y otros tóxicos, que alterarían dramática e irreversiblemente los ecosistemas de la zona25.
Una vez que estos inmensos volúmenes de material son removidos y triturados, el método más eficiente para la recuperación del oro es la lixiviación con cianuro lo que requiere enormes cantidades de agua y creación de grandes lagunas tóxicas que si no están bien impermeabilizadas contaminan los suelos y las aguas subterráneas24, 25. De acuerdo a Lozada (2018) una falla en el sistema de procesamiento produciría la descarga del cianuro en los cauces cercanos, tal y como ha ocurrido en Guyana y Brasil24. De acuerdo a experiencias internacionales, estas lagunas se han derramado con catastróficas consecuencias.
La Barrick Gold International Corp., una de las transnacionales mineras más grandes del mundo y de gran experiencia técnica, con la que el gobierno nacional ha firmado “memorandos de entendimiento”, premió en 2015 a la mina de Veladero en Argentina, como la más segura de la compañía. Entre el 2015 y el 2018 esta mina ha tenido varios derrames y ha afectado las cuencas hídricas de la Provincia de San Juan26, 27. Según Green Peace (2013), que realiza un importante activismo respecto a desarrollos mineros a cielo abierto en varios países de Latinoamérica, las empresas mineras transnacionales no emplean la misma calidad de prácticas ambientales y socioeconómicas en los países en “vías de desarrollo” que en los países desarrollados, a pesar de lo que afirman en sus documentos de relaciones públicas y discursos28.
Muchas de estas diferencias derivan de las capacidades significativamente más débiles de los organismos reguladores de los países en vías de desarrollo para gobernar efectivamente la minería y actividades relacionadas28. Asimismo, Green Peace indica que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los emprendimientos mineros que es aprobada según evaluaciones técnicas de ministerios o secretarías locales, se considerarían totalmente inaceptables e insuficientes en los países desarrollados28.
Es importante no perder de vista, que las características pobres de los suelos de casi toda la Guayana venezolana, implica que una potencial eliminación y deterioro de sus ecosistemas terrestres y acuáticos actuales, representaría un evento prácticamente irreversible y un verdadero reto para la restauración ecológica, con pocas oportunidades de éxito11. Tampoco debe perderse de vista, que la minería plantea otros riesgos potencialmente subestimados para los bosques tropicales de todo el mundo.
Sonter et al. (2017) cuantificaron la deforestación inducida por la minería y los desarrollos mineros que más contribuyen a la deforestación en Brasil29. La minería aumentó significativamente la pérdida de bosques amazónicos hasta 70 km más allá de los límites de la explotación minera, causando 11.670 km² de deforestación entre 2005 y 2015. Esto representa el 9% de todas las pérdidas forestales amazónicas durante este tiempo y 12 veces más deforestación de la que ocurrió en el interior de la explotación minera propiamente29.
Sin querer cerrarnos a la realidad de que la Guayana Venezolana es una región donde históricamente se ha realizado minería2, es insuperable el argumento de que, la Amazonía venezolana, una de las regiones más prometedoras de Venezuela, posee un capital natural y socio-cultural con enormes posibilidades de desarrollo económico realmente sustentable y alternativo al “extractivismo”, que no es lo mismo que extracción.
Sin embargo, nuestra lectura de la dinámica reciente de la región indica que la visión es otra. Desde los tiempos del decreto 1.850 de Caldera (año 1997), donde se entregó un 40% de la Reserva Forestal Imataca para la explotación forestal y aurífera a transnacionales vinculadas a estos negocios, pasamos por los tiempos cuando el candidato presidencial Hugo Chávez prometió derogar el decreto 1850 si alcanzaba la presidencia de la república. No obstante, para el año 2004, el entonces Presidente Chávez, aprobó el decreto 3110, que estableció que un 12% de Imataca sería dedicada para la actividad mixta minera y forestal (451.000 hectáreas) y un 60% adicional para la explotación maderera (2,25 millones de hectáreas). Y, finalmente, llegamos al 2016, cuando el gobierno actual con su decreto de Arco Minero, decretó La Gran Bulla Minera.
“El Arco Minero como tal no existe. Lo que se hizo fue subirle el volumen a la anarquía minera, respaldarla, para de allí llevar oro al Banco Central de Venezuela, un oro manchado de caos y sangre” (Trabajador Minero)30. De acuerdo a fuentes informativas, grandes cantidades de oro de Venezuela se van de forma ilegal y llegan a islas como Curazao y Aruba, para después terminar en los mercados financieros internacionales31,32.
En las condiciones del desgobierno actual, donde no hay transparencia en ningún procedimiento y donde hay visos de ilegalidad y manejo mafioso por doquier, es difícil no pensar que el oro que ha entrado al BCV, es sólo una pequeña fracción de la que se va por “los caminos verdes del contrabando”, con total complicidad de altos personeros y de aquellos que deberían resguardar nuestras riquezas y patrimonio natural y cultural.
Para Bram Ebus, periodista, criminólogo e investigador de conflictos Hoy por hoy, el oro se le considera como “valor refugio”, ante las tensiones e incertidumbres geopolíticas, especialmente las tensiones de Estados Unidos y Corea del Norte, la depreciación del dólar y el débil desempeño de la economía norteamericana34,35. Se estima que al cierre del año 2018 el precio del oro se va a ubicar a 1400 dólares por onza troy36. O sea que, “para variar”, los recursos (las commodities) del “mundo en vías desarrollo” son extraídos de acuerdo a las demandas del mercado financiero internacional para equilibrar al mercado y para que las corporaciones protejan sus riquezas, a expensas de los costos socioculturales y ambientales de los países de origen; a expensas de perforar y detonar al Planeta y destruir biodiversidad y patrimonios hídricos del mundo.
Este ciclo perverso es responsabilidad de actores internacionales, pero también nacionales, pues los países de origen “no son víctimas” que deben ser tutelados. También es responsabilidad de actores con poder de mediación y decisión, como son las instancias internacionales, asociaciones globales o regionales de países, pues se violan derechos humanos nacionales y globales a ambientes sanos y al agua y se violan derechos de la fauna y de la Naturaleza. Esta forma como nos “manejamos” es cada vez menos sostenible… y más peligrosa para la supervivencia de la “civilización”; sacar el oro de la profundidad de la Tierra y meterlo en la profundidad de las bóvedas, en los “valores refugio”.
*Dorixa Monsalve Dam. Bióloga de la Universidad Central de Venezuela (UCV), vinculada a la investigación y conservación de los ecosistemas andinos del país.
Fuente: Boletín N° 2. Desarmando el Arco Minero (P. 11-22). [pdf-embedder url=”http://revistasic.gumilla.org/wp-content/uploads/2019/09/2do-Boletín-Desarmando-el-Arco-Minero.pdf” title=”2do Boletín Desarmando el Arco Minero”]
