Comunicado
La Academia Nacional de Ciencias Económicas se siente impelida a dirigirse a la Nación ante los sufrimientos causados por el colapso de la economía venezolana.
Estimaciones responsables –porque el régimen no publica cifras al respecto desde 2016—señalan una contracción de la actividad económica en 2018 del 18%, quinto año consecutivo de disminución. El ingreso promedio por habitante es hoy la mitad del de 2013, inferior incluso a la cifra de 1950. El Banco Mundial, en su informe trimestral, pronostica una caída adicional del PIB del 25% para 2019, de continuar las cosas como están. La hiperinflación cerró en 1.687.000% según registros que lleva la Asamblea Nacional y, para el presente año, estimaciones iniciales del FMI no excluían la posibilidad de que llegase a 10.000.000%, cifra que, de concretarse, estaría entre las más altas conocidas en todos los tiempos.
Tal desempeño ha tenido un efecto devastador en el nivel de vida de los venezolanos. El salario mínimo es hoy menor que seis dólares al mes, según su cotización oficial. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida levantada por la UCAB, la UCV y la USB registró que la pobreza, medida por insuficiencia de ingresos, afectó al 94% de los hogares en 2018. Según la FAO, entre 2015 y 2017 el 11,7% de la población se encontraba desnutrida. El informe de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins de EE.UU. reporta la reaparición de enfermedades previamente erradicadas, como el sarampión y la difteria, la multiplicación por once de los casos de malaria entre 2009 y 2017, y un incremento significativo de otras enfermedades, como la tuberculosis.
La UNICEF, por su parte, informa de un incremento de la mortalidad infantil del 76% entre 2012 y 2017. Estos retrocesos son resultado del deterioro en las condiciones sanitarias del país durante los últimos años, altamente correlacionado con el desplome sostenido de la economía. De continuar agravándose, estas calamidades y muchas otras que sería demasiado largo mencionar aquí, habrán de empeorar aún más. En particular, el colapso del Sistema Eléctrico Nacional, con sus reiterados y prolongados apagones, y los estragos que ello ha ocasionado en la prestación de otros servicios básicos, algunos vitales como el agua y la atención hospitalaria, representan una grave amenaza para muchos, sobre todo de los más desasistidos.
Lamentamos concluir que este desastre humanitario ha sido urdido, en gran medida, por las funestas políticas instrumentadas por quienes, contrariando el orden constitucional, se empeñan todavía en controlar el poder. Siendo presidente Nicolás Maduro, esta Academia le hizo numerosos llamados para que rectificara su conducción de los asuntos económicos en aras de revertir el deterioro creciente que se proyectaba sobre las condiciones de vida del venezolano. Desgraciadamente, fueron desoídos.
Poderosos intereses cultivados en torno al intervencionismo estatal, la depredación de los recursos de la Nación y la no rendición de cuentas mostraron ser mucho más fuertes que el interés por atender los derechos fundamentales y el bienestar de la población. Ante ello, más de tres millones de venezolanos han huido del país en búsqueda desesperada de condiciones que le aseguren su subsistencia.
Estos efectos destructivos habrán de continuar mientras el actual régimen ilegítimo desista en abandonar el poder. Su incompetencia y desidia no sólo acabó con la prestación eficaz de los servicios públicos, sino que dañó severamente la producción de petróleo, la principal fuente de ingresos de los venezolanos.
Según fuentes secundarias registradas por el Boletín Mensual de la OPEP, habrá caído a apenas 732.000 barriles diarios en marzo, menos de la cuarta parte de hace 20 años. Esta situación se une a la cesación de pagos de los compromisos financieros internacionales del Estado (default) para restringir las importaciones a los niveles de hace cinco lustros. Junto a la destrucción del aparato productivo y comercial del país, ha reducido drásticamente la oferta de bienes y servicios a la población.
Al colapsar la actividad económica, también lo ha hecho la base tributaria del Estado. Hoy, quienes usurpan el manejo de la cosa pública dependen más que nunca de la emisión monetaria para financiar sus gastos, alimentando así la dinámica alcista en los precios. Los intentos por contener su impacto inflacionario aplicando encajes prohibitivos a la banca han eliminado en la práctica la función intermediadora del sistema financiero, llevándolo al borde de su desaparición. Si bien el alza de precios de marzo fue de 18,1%, habiendo sido mayor al 50% los dieciséis meses anteriores, esta reducción se ha hecho a costa de una contracción brutal en la actividad económica y de futuras penurias para la población.
Esta Academia reitera una vez más que el país sí puede superar la trágica situación a que lo han llevado, aplicando un programa que libere las fuerzas productivas a través de la eliminación de los controles y las regulaciones, en un marco de estabilización macroeconómica que sustituya el financiamiento monetario del gasto por un generoso financiamiento internacional, con una reestructuración inteligente de la deuda externa que alivie su carga sobre la economía. Ello permitirá derrotar la inflación y unificar y estabilizar, a su vez, un tipo de cambio libre. Junto al restablecimiento de las garantías jurídicas de un Estado de Derecho, atraerá un importante flujo de inversiones extranjeras.
Actualmente la producción industrial y agrícola trabajan con menos del 30% de su capacidad, pudiéndose recuperar rápidamente, generando empleo cada vez mejor remunerado si, además de todo lo anterior, se atacan de manera concertada los cuellos de botella existentes, incluyendo el colapso de los servicios públicos. Para éstos y otros fines, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial han manifestado estar prestos a considerar importantes créditos para Venezuela, que se harían efectivos de darse las condiciones apropiadas.
Es decir, el empobrecimiento continuo del venezolano en absoluto constituye una fatalidad. Lo que hoy se interpone a la posibilidad tan inaplazable de mejorar de manera sostenida sus condiciones de vida es la persistencia en mantenerse en el poder de una camarilla contraria al interés nacional, en violación del ordenamiento constitucional.
Los miembros de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, sobrecogidos por las dimensiones de la tragedia urdida sobre los venezolanos y convencidos de que ésta puede y debe superarse, hacen un llamado angustioso a que cese de inmediato la presente usurpación del poder para que un gobierno de transición convoque perentoriamente comicios presidenciales con todas las garantías, de manera que el país pueda elegir un presidente legítimo que aplique un programa de rescate y recuperación de la economía, capaz de devolverle al venezolano su dignidad y de abrirle posibilidades de una mejora sostenida en sus condiciones de vida.
Es hora de que prevalezcan los intereses de las mayorías por encima de mezquinos apetitos abocados a enriquecerse a costa de la destrucción de la Nación.
En Caracas, a los doce días del mes de abril, 2019
Humberto García Larralde, Presidente
Sary Levy Carciente, Secretaria
