Venezuela registró la bonanza de ingresos más elevada de su historia, con lo cual se le presentaba al país una oportunidad inigualable para invertir en juventud; sin embargo, no se adelantó una Política Nacional de Juventud
Anitza Freitez*
Por décadas, en Venezuela se ha avanzado en el proceso de transición demográfica, hecho que ha provocado, como en muchos países, la remodelación de su estructura por edad, cuyos cambios se expresan en un estrechamiento de la base de la pirámide poblacional (menor proporción de población infantil) y una participación creciente pero todavía moderada de la población adulta mayor. Estas transformaciones plantean un escenario demográfico favorable para impulsar procesos de desarrollo, en vista que tiende a ser más alta la proporción de población en edad de trabajar mientras que la dependencia demográfica[i] se hace menor. En esta coyuntura favorable, denominada en la literatura como el bono demográfico, la población joven ha alcanzado mayor visibilidad, estimándose que Venezuela cuenta hoy con casi 8 millones de hombres y mujeres de 15 a 29 años.
La etapa del bono demográfico es irrepetible, tiene una duración finita (2005-2049) y su aprovechamiento como una oportunidad para el desarrollo pasa por la realización de las inversiones necesarias en capital humano, especialmente educación y formación para el trabajo para que nuestras nuevas generaciones, cuantitativamente mayores, sean también cualitativamente más productivas. Asimismo, se requiere de políticas efectivas que contribuyan a generar empleos, brindar facilidades y estímulos a la inversión, incentivar el ahorro mediante el acceso a los instrumentos adecuados y la creación de un ambiente de confianza en el mercado financiero interno[i].
Los progresos alcanzados en la reducción de la pobreza y la indigencia entre 2003 y 2010 no fueron tallados sobre roca, porque fundamentalmente se generaron a partir de los mecanismos de redistribución de la renta petrolera y, en escasa medida por efecto de la productividad en el trabajo. Con ello se dejó, una vez más, a las familias en situación de vulnerabilidad para enfrentar esta nueva recesión económica. Los resultados de la Encovi 2014 y 2015[i] ya dan cuenta de la pérdida de los pequeños avances hacia niveles mejores de bienestar, particularmente entre quienes solamente lograron pasar a ser pobres no indigentes. Los porcentajes de hogares en situación de pobreza no extrema y de indigencia han variado de 25 % a 23 % y de 24 % a 50 %.
Un sector importante de la población juvenil no permanecerá ajeno al alto costo que provoca esta situación de recesión.
Tocó techo la expansión de la educación y persisten las inequidades
Desde comienzos de la década 2000 el país registró una segunda masificación de la educación, caracterizada por la ampliación del acceso a la enseñanza media y universitaria, y por la generación de oportunidades educativas (misiones) para quienes, por diversas razones, quedaron excluidos del sistema educativo sin completar al menos la escolaridad obligatoria. Ese proceso de expansión, relativamente fácil, tocó techo rápidamente sin superar las inaceptables inequidades educativas que aún persisten: el hecho de vivir en ciudades pequeñas o caseríos o pertenecer a los estratos más pobres reduce a la mitad la probabilidad de acceder a la educación en la adolescencia.
El ingreso tardío a la escuela y la discontinuidad de la trayectoria educativa conlleva a que adolescentes y jóvenes acumulen años de rezago escolar y con ello se potencia la probabilidad de exclusión. Según la Encovi 2014 cerca de un tercio de la población de 12 a 17 años tiene algún grado de rezago escolar, quiere decir que tienen una edad superior a la reglamentaria para el grado que cursan[i]. La mitad de los jóvenes a los 17 años ya ha dejado de estudiar. Cerca de 40 % de los adolescentes desescolarizados aluden que no van a la escuela porque ya terminaron los estudios o por falta de interés. Otra razón comúnmente mencionada entre los muchachos son los problemas económicos, mientras que en el caso de las muchachas es la maternidad y las tareas de cuidado en el hogar.
Asimismo, hay un tercio de la población de 15 a 19 años desescolarizada (900 mil), concentrada principalmente en el quintil más pobre, a quien no le llegó la acción gubernamental con programas de reinserción escolar, o mediante programas de transferencias directas donde las familias asumieran el compromiso de velar por la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. El 80 % de esos adolescentes desescolarizados aspira volver a la escuela pero no hay una oferta adecuada de oportunidades para reincorporarlos.
Cerca de 1,3 millones de jóvenes de 20 a 29 años no se gradúan de bachiller, quiere decir que no logran completar esa escolaridad mínima que podría protegerles de los riesgos de caer en situación de pobreza. Aún más precaria es la condición de 670 mil jóvenes de 15 a 29 años, cuyo logro educativo apenas alcanza a completar la educación primaria o menos.
Para ellos tampoco se construyó una oferta alternativa de formación y capacitación para el trabajo. Esa carencia también es sentida por la población que pudo aprovechar las oportunidades de formación de tercer ciclo con la expansión de la matrícula universitaria, pero no consigue incorporarse al mundo laboral accediendo a un empleo de calidad. Las carencias asociadas a un bajo capital educativo se refuerzan con las privaciones en el acceso a las nuevas tecnologías.
Casi tres de cada diez jóvenes nunca o casi nunca ha utilizado la computadora y más de la mitad de esta población proviene del quintil más pobre. Al respecto, no sabemos en qué medida programas gubernamentales como los infocentros, la distribución de Canaimas o, más recientemente, la instalación de 4.950 puntos Wi-Fi a través del Plan Venezuela es Zona de Juventud, han tenido incidencia sobre la exclusión digital entre la población juvenil[i].
Transición temprana a la adultez
En la Venezuela actual la iniciación laboral sigue siendo temprana para un gran sector de la juventud, particularmente de estratos menos aventajados socialmente. De 5,2 millones de jóvenes con alguna experiencia de trabajo, se tiene que uno de cada cuatro comenzó su trayectoria laboral antes de los 15 años y casi la mitad antes de los 18 años, pero en el estrato más pobre esa relación se eleva a cuatro de cada cinco. La incorporación al trabajo no siempre se da como una actividad única o tiene lugar cuando se concluye la etapa de formación. Esas transiciones no siempre son lineales.
Es así que poco más de uno de cada diez jóvenes venezolanos se mantienen trabajando y estudiando en forma simultánea, 35 % solamente trabaja, mientras que el 23 % se encuentra fuera del sistema educativo y del mercado laboral y, por tanto, en una situación de vulnerabilidad frente a otros riesgos que comprometen su desarrollo. Aunque vale destacar que la no incorporación al sistema educativo y al empleo no necesariamente es señal de desinterés por insertarse en la sociedad.
La mayoría de jóvenes en esa condición de doble exclusión son mujeres (70 %) quienes frecuentemente están dedicadas al trabajo doméstico no remunerado y a las tareas de cuidado, pero por otra parte se encuentran aquéllos que están buscando empleo y quienes tienen alguna discapacidad. En promedio, 52 de cada 100 jóvenes están trabajando o buscando empleo, esa relación es de 65 de cada 100 entre los hombres y 38 de cada 100 entre las mujeres. La participación en la actividad económica es aun más intensa (70 %) entre quienes completaron pocos años de instrucción, porque pertenecen a hogares pobres que requieren de los aportes de su trabajo precario.
Las inequidades en la estructura de oportunidades condiciona esa transición prematura a la adultez entre los jóvenes de sectores sociales menos aventajados quienes, ante la precariedad de las condiciones socio-económicas en sus hogares y la falta de proyectos de vida alternativos a la maternidad/paternidad, inician tempranamente su vida sexual, sin la protección necesaria para evitar embarazos no planeados. Casi un millón de mujeres jóvenes han reportado que han tenido al menos un embarazo no planeado, cuya ocurrencia se produjo antes de los dieciocho años en 38 % de los casos y antes de los veinte años en 64 %. A los dieciocho años la mitad de las mujeres pertenecientes al estrato más pobre ya son madres, pero si pertenecen al quintil más rico el riesgo de esa transición reproductiva se posterga hasta después de los veintiún años.
Invertir en juventud
Venezuela comenzó el tránsito por esta etapa del bono demográfico registrando la bonanza de ingresos más elevada de su historia, con lo cual se le presentaba al país una oportunidad inigualable para invertir en juventud y sentar bases sólidas que contribuyeran a potenciar el desarrollo del país. Sin embargo, en este tiempo no se adelantó una Política Nacional de Juventud ni el Plan de Acción respectivo como se conoce en otros países.
Se han registrado cambios institucionales y normativos, como la creación del Instituto Nacional de la Juventud (2002), la promulgación de la Ley del Poder Popular para la Juventud (aprobada en el 2002 y reformada en el 2009) y, la creación del Ministerio para la Juventud (2011), sin lograr una articulación efectiva de las intervenciones desde el sector público; por el contrario, hay una gran fragmentación y descoordinación de la gestión para atender las demandas de las personas jóvenes.
Este hecho de alguna manera fue reconocido por el Gobierno nacional cuando formuló la Misión Jóvenes de la Patria a mediados del año 2013, sin embargo, a la fecha, no se conoce un informe que ofrezca un balance de la inversión social realizada y del impacto que ha tenido en la solución de las principales problemáticas que enfrenta la juventud venezolana.
*Doctora en demografía y directora general del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB.
Notas
[1] Es la relación entre el número de personas potencialmente no disponibles para el trabajo (0 a 14 y 65 años y más) respecto a la población en edad de trabajar (15 a 64 años).
[1] BLOOM, D., CANNING, D. y SEVILLA, J. (2003): “The demographic dividend: a new perspective on the economic consequences of population change”. RAND Population Matters Program, N° MR-1274, California.
[1] La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) es un estudio sobre la situación social de la población venezolana que se lleva adelante por iniciativa conjunta de un equipo de profesionales de las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar.
[1] FREITEZ, A. (2015): “Se amplía el acceso a la educación ¿y las desigualdades?”. En: Freitez, A., González, M. y Zúñiga, G. (coordinadores). Una mirada a la situación social de la población venezolana.
[1] http://www.correodelorinoco.gob.ve/comunicacion-cultura/instalaran-4950-puntos-wifi-todo-pais-a-traves-plan-venezuela-es-zona-juventud/
