No parece aventurado decir que la nueva era tecnológica, marcada por la Inteligencia Artificial, traerá consigo el derrumbe del Estado Docente. No será, no parece el caso, por una confrontación ideológica. Se hará patente, por los hechos, que la educación es asunto de las personas, de su iniciativa y del apoyo familiar, más que del aparato estatal.
La Inteligencia Artificial, asequible a dispositivos ya en manos de todo el mundo, permite acceder a niveles de instrucción que, hasta ahora, se impartían en el esquema formal de las escuelas. Incluso las universidades se ven obligadas a repensar su manera de plantearse —retomar quizá lo más propio de su origen—, sobre todo porque el creciente costo de las matrículas es un poderoso incentivo para buscar alternativas más al alcance de la mano para incorporarse al mercado laboral.
En el esquema del Estado Docente, la sociedad se ha visto tutelada por el poder público de tal manera que se le ha impuesto —podemos decir— una verdadera camisa de fuerza. En lugar de prestar un servicio de manera subsidiaria —como es lo razonable—, los organismos estatales han establecido el plan completo de la educación que debe impartirse: calendario escolar, horas de clase, actividades, programa detallado de las asignaturas, modo de la evaluación y, por supuesto, supervisión frecuente por parte de los funcionarios de la administración pública.
Todo ello parte acaso del buen deseo de proporcionar educación a la mayoría de los ciudadanos, en particular los de niveles económicos más desfavorecidos; pero arranca sobre todo de ignorar que la responsabilidad primera en la educación de los hijos compete a las familias.
Ello significa que debe haber en el medio social libertad para organizar diversos modelos y niveles educativos, de tal manera que se complete la educación y se lleve más allá de lo que puede realizar cualquier familia. La familia, sin embargo, ha de conservar el derecho a orientar y elegir la educación que estima mejor para sus hijos, derivado del deber primario de atención a la prole.
La actividad el Estado, en cambio, ha de ser supletoria, como ocurre en los diversos planos de la vida en las sociedades libres, desde el transporte a la banca, el comercio o los seguros. Actividad subsidiaria, que remedia una falta, algo a lo cual no llega la de la de los particulares y completa su posible mayor alcance.
Desde luego, en el caso de la educación, puede decirse que corresponde al Poder Público el control de algunos rubros, tales como la educación cívica, el entrenamiento militar y, de algún modo, el ejercicio de algunas profesiones.
No toca al Estado, en cambio, ejercer un monopolio docente en el cual se trate a la educación prestada por particulares como algo excepcional, sometida a los lineamientos trazados por el Ministerio de Educación.
No corresponde, como posición de principio; sobre todo, es algo desmentido por los hechos y, ahora, desplazado por la Inteligencia Artificial, que pone al acceso de muchos los contenidos instruccionales necesarios para su desempeño en profesiones y oficios.
Al avanzar estas ideas para contribuir a la reflexión sobre el tema, enseguida se nos opondrá la cuestión de las certificaciones: ¿quién garantiza lo aprendido? Tras ella late la antigua mentalidad de la sospecha, de la desconfianza, tan propia del mundo hispano: hay que impedir la ‘piratería’, se nos dirá (aunque quizá la organice el propio Estado, por falta de competencia en los administradores de los programas).
Así insistimos en otorgar títulos de bachiller, como certificados de un nivel de competencia… que luego habrá de ser validada por un examen de admisión a las universidades.
Imponemos que un Consejo Nacional deba aprobar las carreras que puedan ofrecer las universidades, como si los organizadores de esas carreras desconocieran lo que hacen. Aún más, imponemos la estructura misma de Facultades y Escuelas, que las universidades privadas han de tener, aunque el propio Estado se ha visto en la necesidad de experimentar otras formas de organización, acaso más eficientes.
¿Y la aprobación de los cursos de posgrado? Algo sencillamente inútil, cuando no resulta ‘fraudulento’: se recurre a un grupo de profesores de una universidad para validar el posgrado de otra, cuyos profesores a su vez han de validar los posgrados de la primera.
Para el ejercicio de algunas profesiones, de impacto social característico, debe tenerse alguna certificación, sin duda alguna; pero, ¿por qué sería ello tarea de un Ministerio de Educación y no de los correspondientes Colegios Profesionales —de Ingenieros, de Abogados, de Médicos—, garantes naturales de la calidad profesional?
¿Hasta cuándo habrá en Venezuela un monopolio estatal en el estudio de las ciencias de la salud?
Resulta patente que los cambios en el régimen educativo actual han de ser progresivos: no se trata de modificar la educación pública (aunque será necesario) sino, primero, de sustituir el régimen de control rígido por uno propio de la sociedad abierta. En este sentido, son muchos los aspectos que se podría considerar. Por ejemplo, no impedir que ingenieros y licenciados en matemáticas enseñen esa disciplina en colegios y liceos.
La era de la Inteligencia Artificial hará saltar en la práctica ese control estatal, que hemos llamado Estado Docente. La oportunidad es favorable para abrir la reflexión y, con ello, el espacio de libertad que las personas necesitan para su crecimiento y la sociedad para su desarrollo.
