Por Victor Álvarez
¿Cómo reaccionará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuando la operación de ayuda humanitaria entre a territorio venezolano? ¿Reprimirán o apoyarán? ¿Se mantendrán leales a Maduro o cerrarán filas con Guaidó? ¿Fijarán posición como una sola Fuerza o se producirán escisiones en sus diferentes componentes? ¿Respaldará el pueblo la operación?
La FANB se enfrentará al dilema de reprimir o dejar pasar la ayuda humanitaria. Si los militares deciden custodiar su ingreso quedaría en entredicho la autoridad de Nicolás Maduro y Juan Guaidó sería reconocido en los hechos como Comandante en Jefe de la FANB y único presidente de Venezuela. En su última Declaración, el Grupo de Lima hace un “llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que manifieste su lealtad al Presidente Encargado en su función constitucional de Comandante en Jefe de la misma”.
No es fácil la solución. A menos que al alto mando militar se le den suficientes garantías, la confrontación es muy probable. Pero una amnistía general para todos los militares es inviable, son muchos los altos cargos que están acusados por delitos de violación a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. Con ellos no puede haber impunidad, eso sería dividir a la Oposición y a la Nación. Pero si no se hace, el choque de fuerzas se anuncia inevitable. Reprimir la operación dará lugar a una intervención armada internacional y puede ser el detonante de una guerra civil de impredecibles consecuencias.
La paradoja de la ayuda humanitaria como detonante de la violencia
En Venezuela circulan millares de armas en manos de civiles y milicias urbanas. En las fronteras con Colombia y Brasil se conforma un ejército paralelo integrado por mercenarios, paramilitares y desertores de la FANB, el cual tendría la misión de emplazar a los soldados a dejar pasar la caravana. ¿Y si se niegan? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasa si un francotirador dispara primero? ¿Si finalmente los militares se voltean esto garantiza un país pacificado? ¿Cómo responderán los colectivos armados? ¿Se convertirán en una fuerza subversiva capaz de desestabilizar al nuevo Gobierno? ¿Cuál será el papel del ELN y la FARC en este enfrentamiento?
Radicales y extremistas de ambos bandos apuestan a la gran batalla final en la que aspiran vencer e imponer a su adversario la rendición incondicional. Justamente allí reside el peligro de una espiral de violencia que desemboque en una guerra civil, ahogue en sangre la esperanza de un pueblo y ponga en peligro la integridad del Estado-Nación.
Mientras la única opción que se le ofrezca a Maduro sea que escoja el país donde se quiere exiliar o la cárcel de Guantánamo donde pagará condena perpetua, preferirá mantenerse al borde de guerra. Ante esa alternativa, prefiere una invasión extranjera que lo convierta en “mártir de una agresión imperialista”. Si a Maduro y al alto mando militar no se le ofrece una salida aceptable y viable, una cruenta confrontación puede estallar. La gran tarea de la mediación internacional es impedir que la obstinación de las élites políticas que apuestan a exterminarse desemboque en una guerra civil que justifique una intervención militar extranjera.
Hacia un Gobierno de Coalición
Maduro deja correr el tiempo a pesar de que la falta de acuerdos políticos puede llevar al país a un desenlace violento. Apuesta a fracturar la presión internacional y desmarcar a los países que prefieren una solución política y pacífica a la crisis.
La mediación internacional no quiere replantear el diálogo político porque en Venezuela esta institución carece de credibilidad. Maduro abusó de las mesas de negociación para ganar tiempo y prolongar su esperanza de vida en el poder. En la última Declaración de Grupo de Lima se cuestiona “que las iniciativas de diálogo propiciadas por diversos actores internacionales fueron manipuladas por el régimen de Maduro, transformándolas en maniobras dilatorias para perpetuarse en el poder y, por lo tanto, consideran que toda iniciativa política o diplomática que se desarrolle debe tener por objeto apoyar la hoja de ruta constitucional presentada por la Asamblea Nacional y por el Presidente Encargado, Juan Guaidó, que busque una transición pacífica entre los venezolanos, que logre la salida del régimen dictatorial de Maduro, permita la convocatoria a elecciones y el restablecimiento de la democracia en Venezuela.”
El diálogo está trancado. Conjurar la amenaza de una guerra civil pasa por conformar un Gobierno de Coalición con una hoja de ruta bien concreta que incluya el programa de reformas económicas, la agenda legislativa básica para reactivar la producción, el levantamiento de las sanciones financieras internacionales, el refinanciamiento de la deuda externa y nuevo financiamiento internacional, inversiones extranjeras para reactivar Pdvsa y la actividad agrícola e industrial, restitución de las funciones de la Asamblea Nacional, convocatoria de elecciones presidenciales en diciembre de 2021, renovación del Consejo Nacional Electoral, observación internacional de todo el proceso electoral, liberación de los presos políticos, rehabilitación de los partidos que fueron ilegalizados, y garantía de los derechos políticos del sector que resulte derrotado en las elecciones.
Una vez que se hayan tomado las medidas necesarias para enderezar el rumbo de la economía, reinstitucionalizado los poderes públicos, celebrado unas parlamentarias limpias y transparentes, quien resulte electo en las presidenciales del 2021 recibirá una economía saneada y un país pacificado que se pueda gobernar.
