La crisis económica induce a medidas desesperadas y hay quienes aprovechan esa debilidad ajena. La infancia y adolescencia en Venezuela se ha visto interrumpida por la incidencia de un delito que toma cada vez más víctimas y que cruza fronteras: el tráfico y trata de personas, denominadas por expertos como formas de esclavitud moderna
Ingrid Orjuela
A los problemas de alimentación y deserción escolar que afrontan la infancia y la adolescencia venezolana debido a la debacle económica de los últimos años despunta otra arista de la crisis con consecuencias que se pierden de vista y que cada vez más traspasa las fronteras y pone en riesgo la integridad física de menores de edad: la trata y esclavitud en sus diversas formas.
Como en muchas otras áreas, del delito de tráfico o trata de niños, niñas o adolescentes se desconocen cifras oficiales en el país, solo hay sospechas y aproximaciones que, en tal caso, nos colocan ante un subregistro porque son pocos los casos denunciados. Organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de esta población vulnerable y al monitoreo y defensa de derechos humanos coinciden en que esta falta de información impide el diagnóstico del problema, conocer sus dimensiones, así como la elaboración y ejecución de políticas públicas y la coordinación interinstitucional para prevenir este flagelo.
Las niñas son las mujeres del futuro y cada vez son más las amenazas para su crecimiento y desarrollo seguro en Venezuela, donde las condiciones económicas hacen que la trata o tráfico de personas “sea bien particular”, según Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap: “Se ha convertido en un delito transfronterizo por la migración forzada frente a la crisis. Hay factores que no resultan ajenas al contexto que se está viviendo Venezuela, por lo que deben activarse protocolos y mecanismos de protección en zonas de riesgo como las fronteras, la costa (por la actividad turística) y en el Arco Minero, porque son propensas a la explotación y la trata de niños, sobre todo debido a que en estas áreas se desarrollan actividades que no son supervisadas ni controladas, y además hay presencia de grupos de delincuencia organizada. Estamos en un tema profundamente a la deriva”.
El Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, suscrito en el año 2000, define la trata o tráfico de personas como el transporte de personas por medio de sujeción, engaño, o aprobación de la víctima para el propósito de explotación como trabajo forzado o servicios, prostitución, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o remoción de órganos. Venezuela es firmante de este instrumento internacional. Sin embargo, como ocurre con otros convenios y tratados, son pocas las acciones que el Estado ha emprendido para prevenir y combatir las mafias dedicadas a este delito. Tanto es así que el Comité de los Derechos del Niño del Alto Comisionado de DDHH de la ONU le hizo recomendaciones a Venezuela para que se asegure, por medio de normas jurídicas, que todos los niños, niñas y adolescentes víctimas y/o testigos de trata, explotación sexual y económica reciban protección, y que vele por la elaboración de programas y políticas de prevención, recuperación y reintegración social de los niños, niñas y adolescentes víctimas de conformidad con los documentos aprobados en los congresos mundiales contra la explotación comercial y sexual de los niños.
Beatriz Borges, directora de la ONG Cepaz, se detiene en los términos y precisa que la trata y tráfico de personas son formas análogas de esclavitud moderna que servidumbre por deudas, esclavitud sexual, trabajo forzoso, venta de mujeres o niñas para consumar matrimonios y prostitución forzada, “diferentes tipos de delitos cuyas características en común son el grado de restricción del derecho inherente a la persona, a la libertad de circulación, a la inexistencia del conocimiento y del consentimiento de la causa, por lo que la víctima termina en esas situaciones en contra de su voluntad, eso atenta contra la dignidad de la persona, pues generalmente van acompañadas de amenazas, violencia, tratos humillantes y degradantes, y coacción psicológica o emocional”.
En estos rasgos del delito coincide Fernando Pereira, fundador y directivo de Cecodap, quien además ahonda en los riesgos: “Está muy vinculado a la intimidación, al chantaje, a mantener aisladas a las víctimas, quitarles los documentos de identidad para retenerlas, amenazarlas con entregarlas a las autoridades –si están en otro país–aprovechándose que están ilegales, con impedirles ver a sus familias si no ‘colaboran’. Es un delito en el que la dignidad y la libre capacidad de elegir está cercenada, el poder lo tienen los depredadores, que son los traficantes, su control está en mantener esa amenaza, y como generalmente estos grupos están armados actúan cuando se sienten acorralados por las autoridades, poniendo en serio peligro, incluso de muerte, a víctimas, familiares, allegados y a todo aquel que se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Por eso es tan importante la coordinación internacional entre autoridades, pero ese es precisamente uno de los problemas en el caso de Venezuela, que tiene tantas reservas de trabajar coordinadamente con autoridades extranjeras que tienen capacidad de investigación y seguimiento a estas organizaciones criminales, y eso lo aprovechan las mafias que actúan a sus anchas”.
Las mafias, señala Amnistía Internacional en un reporte de 2016, “no actúan aisladamente, sino que establecen vínculos con otras formas de delincuencia organizada tales como el tráfico de armas y de drogas. Usan redes de complicidades que actúan a menor o mayor escala como taxistas, empresarios, funcionarios públicos, agentes de seguridad y, en muchos casos, la propia sociedad civil (silenciosa) que asiste callada a la destrucción de la dignidad de las personas”.
Población vulnerable en Venezuela y el mundo
Sobre la situación actual de este flagelo, Beatriz Borges (@BEABOR) ofrece datos de organismos internacionales: “En diciembre pasado salió un informe de la OIT sobre la esclavitud moderna en 2016:
En el contexto de Venezuela y ante la falta de información oficial sobre este delito en el país, Borges se refiere al Índice Global de Esclavitud para ilustrar la situación:
- En 2014 había 60.900 personas viviendo alguna forma de esclavitud moderna en el país
- En 2016 la cifra ascendió a 198.800 personas, un incremento de casi 300% en esos últimos 2 años. Mayor a Brasil en términos absolutos, donde para ese año existían 160.000 personas en condiciones de esclavitud moderna. (Brasil tiene más de 200 millones de habitantes)
- 70% de las víctimas de explotación sexual son mujeres adultas y entre 25% y 30% son niñas
La existencia de este delito no es nueva, pero ante el creciente riesgo que representa para niños, niñas y adolescentes organismos internacionales han puesto el problema en la mira para crear normativas orientadas hacia la prevención y sanciones. Por ello sorprende la impasividad de naciones como Venezuela para frenar esta práctica.
En el informe Mujeres al Límite realizado en 2017 por las organizaciones Cepaz, Avesa, Mujeres en Línea y Freya se indica que niñas venezolanas de estados pobres del país son trasladadas a otros estados y sometidas a servidumbre doméstica, pero también son llevadas a zonas urbanas o a centros turísticos de países del Caribe con el objeto de ser forzadas a la prostitución, siendo Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago los principales destinos identificados para la trata y explotación sexual.
El estudio añade que en 2016 el Ministerio Público inició 17 investigaciones relacionadas con el delito trasnacional de trata de mujeres, niñas y adolescentes. “Sin embargo no se tienen cifras referentes al número de denuncias ante los órganos receptores”. Información obtenida por la Fiscalía General venezolana indica que el año pasado esa institución trabajó en 14 casos, pero no aportó detalles.
Desesperación y desconocimiento familiar
Borges comenta que se ha sabido de casos en los que incluso familiares van a despedir a las víctimas a sabiendas de a dónde van y qué van a hacer, “pero muchas veces no es por mala intención, sino por la desesperación ante la situación que se vive en el país y, de alguna manera, incurren en un delito sin siquiera saberlo; en otros casos, por ejemplo, cuando se está ante la venta de niños para trabajos forzados o de niñas para explotación sexual hay veces que los familiares acceden pero es ante el desconocimiento de que se trata de un delito y por eso no hacen nada por evitar que sus hijos sean víctimas de esas situaciones”.
Ese fue el caso de Isabel, una niña de 13 años de edad, habitante del estado Apure, a quien sus padres entregaron a un hombre de 46 años a cambio de que él se encargara del sustento de la familia de la menor que vivía en pobreza casi extrema. Eso, a los ojos de algunos lugareños era algo común por “la cultura y tradiciones” en esa entidad, incluso comentaban de un hacendado que llegó a tener en su poder a más de 100 niñas y adolescentes compradas a lo largo de varios años y a quienes utilizaba como esclavas sexuales y en labores domésticas con anuencia de sus padres. Pocos encontraban sentido en denunciar estos hechos que ocurrían con pleno conocimiento de las autoridades regionales.
Aunque no todo el tráfico de personas tiene como finalidad la prostitución, en definitiva, es una de las principales actividades que mueve a las mafias y que es vista como solución a la crisis económica por muchas jovencitas. La Asociación de Mujeres por el Bienestar y la Atención Recíproca, Ambar, calcula que 45.000 niños, niñas y adolescentes en Venezuela practicaban la prostitución infantil en 2015 y cree que la cifra aumentó en 2016, según reportó un artículo del portal Crónica Uno.
Al haber pasado a ser un problema transfronterizo, en septiembre de 2017, un funcionario del Cicpc habló del tema en calidad de anonimato con el diario El Nacional, al que afirmó que desde junio de ese año aumentó la prostitución infantil en la frontera debido a la crisis económica del país y que redes internacionales de explotación sexual y trata de personas en los estados que limitan con Colombia se dedican a captar a niñas venezolanas a partir de los 12 años de edad con el fin de llevárselas vía terrestre hacia otros países del continente. “Durante estos tres meses reportamos desplazamientos de entrada y salida por tierra de niñas entre los 12 y los 14 años, en toda el área limítrofe con Colombia. Las redes panameñas de comercio sexual son la principal amenaza para las adolescentes en condiciones de pobreza que acceden a ser explotadas para sobrevivir”, indicó.
En la iniciativa Proyecto Juvenil Misionero, Projumi, ven con preocupación que niñas a partir de los 12 años de edad salen a las calles supuestamente a pedir dinero, pero en realidad se van con hombres a cambio de retribución económica, señala el mismo artículo de El Nacional. Señalan que la trata de menores de edad se incrementó con el uso de las redes sociales con las que los proxenetas atraen jovencitas con propuestas engañosas para explotarlas sexualmente o hacer pornografía. Gerardo Pastrán, presidente de Projumi indicó que de diez jóvenes que llegan a la institución por prostitución solo dos logran superarse y reinsertarse socialmente.
Como conclusión, la directora de Cepaz precisa que en Venezuela hay varias disposiciones legales que establecen no solo la prohibición de la trata y tráfico de personas, sino también otras formas de esclavitud, como la Ley de Inmigración y Extranjería, el Código Penal, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica sobre el Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Es decir, tenemos diferentes normativas, pero no existe un cuerpo especializado ni una ley dirigida especialmente a la esclavitud moderna ni contra la trata y tráfico. Y eso es uno de los obstáculos que impiden abordar el tema de manera integral, comprender todas las circunstancias y las aristas de este delito que es invisible. Es indispensable darle preparación a los funcionarios que están en el proceso de investigación y prevención del delito, ubicar las redes que operan en el plano internacional, por lo que el trabajo colaborativo entre órganos de distintos países es fundamental. En el caso de Venezuela nos encontramos con que la crisis humanitaria compleja se convierte en un caldo de cultivo potenciador de posibles víctimas que buscan de manera desesperada salidas a la situación y eso las hace vulnerables ante ofertas engañosas y las caen en estos círculos de esclavitud moderna. Así que la crisis profundiza el problema”.
Fuente: http://alternos.la/2018/03/08/infancia-interrumpida-la-trata-de-menores-en-venezuela/
