Representantes de treinta etnias indígenas se han reunido durante seis días para elaborar el primer borrador, con los puntos más importantes de las demandas realizadas durante la huelga de hambre del hermano José Korta
Minerva Vitti
En la mañana y parte de la tarde del martes 2 de noviembre, treinta representantes de grupos indígenas se reunieron con los diputados indígenas Gregorio Mirabal y Nohelí Pocaterra en el piso 8 de la Asamblea Nacional para conversar sobre el trabajo que están realizando en las mesas de trabajo que han desarrollado los últimos días. Allí han estado elaborando la hoja de ruta que contiene las propuestas sobre demarcación, seguridad nacional, jurisdicción y organización política indígena, que entregarán al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Del mismo modo, Sabino Romero (hijo) expuso el caso de su padre Sabino Romero, cacique yukpa apresado junto a Alexander Fernández y Olegario Romero, el 13 de octubre de 2009. A partir de este punto los indígenas dijeron que el problema de los yukpas no es solo de ellos, ya que los demás pueblos indígenas también enfrentan constantes peligros. Por ejemplo los piaroa de Sipapo (Autana, Edo Amazonas) tienen una amenaza por el turismo y mineros, y el pueblo pumé está amenazados por los ganaderos y hacendados en sus territorios.
“Los pueblos indígenas estamos concientes de que vivimos un momento crítico, a pesar de que la constitución de 1999 nos reconoce nuestros derechos teóricamente, éstos no se hacen realidad. En primer lugar porque los representantes, las autoridades indígenas, no tienen información sobre el proceso de demarcación; segundo, no hay participación de las autoridades legítimas en la comisión nacional de demarcación; tercero, las decisiones que tomamos allá en nuestra comunidad no valen para nada frente al Estado; y cuarto, la creación de juntas comunales, consejos comunales y alcaldías generan una preocupación en nuestros pueblos”, aseguró Adedukawa Rodríguez, miembro de la organización indígena Kuyunu, que representa a las etnias yekuana, sanema, joti, baré, curripaco.
Con respecto a la hoja de ruta que presentarán en los próximos días, se resaltó la importancia del proceso de autodemarcación, es decir, que se admitan como válidas las propuestas que hagan las propias comunidades de sus proyectos de demarcación de tierras. En la mayoría de las intervenciones se mantuvo una queja relacionada con la mala gestión de la comisión nacional de demarcación y las comisiones regionales.
Sobre este punto, Julio Avalos, representante de relaciones institucionales de la Universidad Indígena de Venezuela (UIV), dice que “hay una conciencia clara de las autoridades de que hay que hacer algo pero que no tienen claro qué es lo que hay que hacer. El diagnóstico es que hay un error en el diseño de las políticas para que se materialicen los derechos de los pueblos indígenas.”
En cuanto a la jurisdicción indígena, es necesario destacar que la misma diputada Nohelí Pocaterra, observa que “los jueces, abogados y operadores legales del sistema jurídico nacional tienen cierta resistencia e incapacidad de comprender el Estado pluricultural y bueno ni hablar de pluralismo jurídico. No admiten que haya varios sistemas normativos en un mismo ámbito social; aunque es claro que los indígenas tienen unos sistemas muy antiguos que se han desarrollado durante muchos siglos”, dice Avalos.
En el tema de la seguridad nacional y tierras indígenas, Avalos comenta que Nohelí Pocaterra reafirmó que ya desde el año 1999, cuando ella estaba proponiendo el capítulo VIII de derechos de los pueblos indígenas, artículo 119, había una enorme resistencia de algunos sectores militares y empresariales de mucho poder económico. Lo que hace evidente que existe una tendencia conservadora que se opone, con todos los recursos, a la posibilidad de que haya demarcación de los pueblos indígenas y jurisdicción indígena. Las razones que pudiese esgrimir parecen de carácter ideológico, pero lo que se deja escuchar entre líneas es que definitivamente hay intereses económicos sobre los recursos naturales de la Amazonía.
Bajo el argumento de los militares de que el territorio nacional corre el peligro de desmembrarse si las tierras son entregadas a estos grupos étnicos, los indígenas le hacen planteamientos al Presidente de la República para confirmar que más bien los indígenas pueden ser unos aliados en el tema de seguridad nacional. “A ningún indígena le interesa crear una república nueva, no hay tendencias secesionistas”, confirma Avalos.
Y es que siempre los que han puesto en peligro las tierras y los recursos naturales donde se encuentran los indígenas han sido los mineros, ganaderos, traficantes de animales, madera y otras especies; y las grandes empresas trasnacionales extractoras. Cuando ocurre esto quienes han defendido las tierras de esa depredación han sido los indígenas. Admiten que necesitan apoyo para detener este asesinato a la naturaleza pero no con militares, que a menudo están sujetos a enormes tentaciones de corromperse. Hay tráfico de oro, de diamantes, combustible, madera; y los militares son los que, cargando las armas, podrían contener esa depredación pero, con frecuencia, terminan siendo parte de esas actividades ilegales.
Los representantes de las treinta etnias que actualmente se encuentran en Caracas realizando estas gestiones, hacen un llamado a todos los representantes de los pueblos indígenas, habitantes, aliados e instituciones del gobierno para que se sumen a esta lucha. También instan a las autoridades para que no observen este pronunciamiento como una amenaza.
Como dice Adedukawa Rodríguez: “El gobierno tiene que entender que nosotros somos guardianes, somos vigilantes de nuestra madre tierra y somos vigilantes de nuestra patria, Venezuela. Los pueblos indígenas no son una amenaza para la soberanía nacional, sino todo lo contrario, somos defensores y hemos estado viviendo milenariamente en estas tierras.”
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