Por Minerva Vitti Rodríguez
Desde hace varias semanas, los migrantes forzados y refugiados waraos que se encuentran en el abrigo Pintolandia, en Boa Vista, Brasil, denuncian que agentes de la Operação Acolhida (Operación Bienvenida) los quieren reubicar en otro centro, violentando el derecho a la consulta previa, libre e informada, estipulada en tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. “Hemos recibido amenazas físicas, verbales y psicológicas por parte de ACNUR y el Ejército brasilero”, denuncia uno de los aidamos (líder indígena) de los waraos en Pintolandia, quien pidió la reserva de identidad por razones de seguridad.
Según el líder indígena, el 15 de marzo de 2022 desalojaron a 308 indígenas waraos y los reubicaron en el abrigo Warao a Tuaranoko, antiguo Rondón III, en la zona sur de la ciudad de Boa Vista, donde se estima que vivirán hasta 1.500 personas como parte del proceso de reunificación de los albergues indígenas Nova Canaã, Tancredo Neves y Pintolandia. “Nosotros no estamos acostumbrados a esto, vivimos en comunidades pequeñas de entre 80 y 100 personas”, afirma el aidamo warao, que tuvo que huir de su comunidad Narunoko II, en el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, por la emergencia humanitaria en la que está sumida Venezuela.
Actualmente, 262 indígenas, entre adultos y niños, se encuentran resistiendo dentro del albergue Pintolandia, bajo la advertencia de que hasta el 31 de marzo de 2022 recibirán asistencia humanitaria por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Operação Acolhida, y de que habrá un retiro de las carpas que sirven como refugio. No obstante, estos servicios que incluyen alimentación, electricidad y agua potable, también han estado rodeados de denuncias: “Durante tres o cuatro años han comido lo mismo, arroz con pollo, a veces frío, otras veces dañado. Esto impacta la salud del indígena”, asegura el defensor de su pueblo indígena en este país.
El 17 de marzo de 2022 el Ejército brasilero entró a Pintolandia, golpeó a un warao de 35 años –actualmente hospitalizado y en estado de gravedad por complicaciones con malaria y neumonía– y cortó con un cuchillo las hamacas. “Nosotros nos asustamos, los niños, las mujeres. ACNUR también llegaba y amenazaba, ‘si no salen, la policía va a llegar y los va a agredir a ustedes’”, denunció el indígena. El Consejo Indigenista de Roraima publicó algunas fotografías que evidencian esta acción.
En un video difundido por los indígenas waraos, el 24 de marzo de 2022, agentes de la Operação Acolhida aparecen desarmando un janoko (vivienda tradicional) construido por los waraos en el albergue Pintolandia para “hacer sus bailes, cantos y tradiciones”. Alrededor varios niños y niñas indígenas observan mientras las palmas secas caen sobre la tierra.
Los waraos que no quieren abandonar Pintolandia argumentan que ya tienen seis años viviendo en este lugar y que sus hijos no podrían asistir al colegio, ya que el otro albergue queda a mayor distancia de los plateles educativos y no les están garantizando un transporte escolar. “Desde Pintolandia, la escuela queda a 8 minutos en bicicleta, desde Rondón III serían más de 25 minutos, es muy lejos, y se alteraría toda nuestra rutina”, aclaró el aidamo quien varios niños estudiando. Recordemos que el acceso al sistema educativo para los indígenas en Brasil ha sido muy difícil, por eso a los waraos les preocupa que ahora estos puedan perder su cupo en estas instituciones.
Otra de las razones que comparten los indígenas es que el nuevo albergue se encuentra en una zona muy peligrosa, en la que ocurren violaciones, distribución de drogas, asesinatos, robos, e incluso, hace unos meses encontraron a un indígena warao muerto. En Rondón III hay otro albergue donde viven migrantes forzados y refugiados venezolanos no indígenas, lo cual genera temores entre los indígenas, quienes dicen que no quieren estar cerca de los criollos por su comportamiento.
En este sentido, la Asociación Brasilera de Antropología ha emitido un comunicado, el 21 de marzo de 2022, donde resaltan con preocupación que “los agentes de la Operação Acolhida han tratado sistemáticamente bajo el mismo rubro a grupos social y culturalmente muy diferentes entre sí, sin tomar en cuenta que la convivencia entre venezolanos indígenas y no indígenas ha estado históricamente marcada por conflictos y episodios de violencia”.
Del mismo modo, aseguran que los waraos “no aceptan el traslado al nuevo albergue ya que esto representa la perpetuación de una política de albergue improvisada, exigiendo al Operativo la estructuración de una política habitacional que permita el fin del ciclo de los albergues temporales”.
El aidamo comparte que ellos se inclinan por una alternativa diferente al abrigo: “Nosotros queremos tener un terreno donde podamos plantar, cosechar, construir nuestra casa, donde nuestros hijos puedan tener una vida de tranquilidad”. También plantea que los indígenas puedan entrar en el proceso de interiorización, un mecanismo que al principio no estaba abierto para los migrantes y refugiados indígenas, y que consiste en un apoyo socioeconómico –trabajo, alquiler, escuela, entre otros– para trasladarse a otros estados de Brasil, donde actualmente viven otros waraos.
El funcionamiento de los abrigos para indígenas venezolanos en Brasil
Según la Asociación Brasilera de Antropología (ABA), la Operação Acolhida, coordinada por las Fuerzas Armadas, en alianza con organizaciones de las Naciones Unidas, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y un sinfín de organizaciones de la sociedad civil, mantiene desde hace cuatro años una política de acogida basada exclusivamente en la provisión de albergue temporal a migrantes venezolanos, sean indígenas o no. A veces se utilizan contenedores y tiendas de campaña como unidades de vivienda.
Actualmente, en el Estado de Roraima hay cinco abrigos: uno en Pacaraima, llamado Janokoida, y cuatro en Boa Vista. En esta ciudad, el más antiguo es Pintolandia, que tiene seis años, y los otros, Tancredo Neves, Nova Canaã y Jardín Floresta, abrieron en 2021.
Dentro de la gestión de algunos de estos albergues está ACNUR, que representa al Ministerio de la Ciudadanía, bajo un acuerdo de cooperación técnica de la Operação Acolhida, y, a su vez, esta agencia de las Naciones Unidas tiene una organización que trabaja directamente con la población indígena, que hasta el año pasado fue la Organización Fraternidade Federação Humanitária Internacional.
Los albergues con población indígena, principalmente de la etnia warao, están organizados por comités que coordinan los indígenas y un aidamo que es el vocero de la comunidad. Pero los warao se quejan de que su pueblo no tiene derecho a decidir ni reclamar, que solo deciden las organizaciones humanitarias a espaldas de la población: “ACNUR no reconoce a los líderes indígenas ni su cultura. Nos discrimina. Es una institución de ayuda humanitaria, pero no está cumpliendo su rol, nos está maltratando”, denunció el aidamo, quien ha sido amenazado si continúa con las denuncias y “organizando a la gente para no irse a Rondón III”.
Otros líderes indígenas también han recibido amenazas de parte de estos funcionarios. “Pedimos que nos traten como seres humanos, que no nos sigan maltratando, necesitamos que publiquen esto internacionalmente, lo que está pasando con nosotros”, insiste el indígena.
Desde octubre de 2021, empezaron las conversaciones para reubicar a los warao en Rondón III. El objetivo sería juntar los tres abrigos: Pintolandia, Tancredo Neves, Nova Canaã, con aproximadamente 1.500 personas, aunque el espacio tiene capacidad para 2.000 personas. Una fuente que pidió no ser identificada informó que la decisión vino desde Brasilia, por parte del Ministerio de la Ciudadanía, porque no había presupuesto para mantener cuatro abrigos.
Los indígenas denuncian que estas organizaciones llaman “consulta” a una caja de sugerencias que hay dentro de los albergues, y que también hicieron una serie de charlas que llamaron reuniones consultivas pero que no se trataba de la Convención 169. En febrero de 2021, el Ministerio Público y la Defensoría Pública de la Unión empezaron un proceso con la posibilidad de hacer una consulta con los criterios del Convenio 169 de la OIT, pero hasta el momento no se ha realizado.
En este sentido, surge un vacío jurídico porque no existe un protocolo de consulta para poblaciones indígenas que están en situación de refugio o migración forzada, ya que el Convenio 169 de la OIT está orientado especialmente al derecho al territorio, aunque no sea vinculatorio. Crear un protocolo daría algunas orientaciones en cuanto a los mecanismos de consulta, actores involucrados, tiempos, entre otros elementos.
Para los pueblos indígenas de Brasil, estos procesos han tomado dos años o más. En el caso del pueblo indígena warao, las organizaciones humanitarias deben tomar en cuenta que, pese a que sean de la misma etnia, vienen de contextos distintos, como la ciudad y los caños del delta del Orinoco, lo cual hace que muchas veces tengan conflictos entre ellos mismos y probablemente dificultará la convivencia de 1.500 personas dentro del nuevo abrigo.
Del mismo modo, algunos indígenas han manifestado el temor de que se elimine la figura del aidamo y que se deje la organización de los albergues solo por comisiones, lo cual constituiría una nueva violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, que requieren una especificidad.
Muchos de los indígenas de Nova Canaã y Tancredo Neves, que estuvieron de acuerdo en el traslado, tenían poco tiempo de haber llegado a Brasil, por este motivo consideraron que fue una buena decisión ser trasladados, especialmente por estar bajo una situación de hambre e indigencia, pero para los indígenas de Pintolandia, que tienen más años en esa condición, es diferente: “ACNUR se comprometió a encontrar una solución para los que no quieren irse”, insistió el aidamo.
En el reporte Mesas de diálogo: Construyendo Alternativas con las Comunidades Indígenas, ACNUR señala que, entre diciembre de 2021 y enero de 2022, se hicieron varios procesos de consulta con los indígenas warao de los albergues Nova Canaã, Tancredo Neves y Pintolandia para informales sobre la reubicación en el nuevo abrigo. Al mismo tiempo, indica que se crearon comisiones para abordar algunas alternativas relacionadas a temas de vivienda, interiorización, estrategia de salida, suelos, entre otros. No obstante, reiteran que la responsabilidad de hacer una consulta previa, libre e informada a las poblaciones indígenas de los refugios es del Gobierno federal.
El documento destaca que el nuevo abrigo “se encuentra en una zona periférica con potencial presencia de organizaciones criminales, por lo que está representado negativamente por comunidades indígenas”. Además, se menciona que los waraos, asocian el nombre Rondón “con albergues para criollos y con espacios violentos”. Dentro de las acciones prioritarias para avanzar en la conversación con la comunidad se incluye: formar una delegación con diferentes personas de la comunidad y no solo con los aidamos (líderes tradicionalmente constituidos), para visitar el espacio y comprobar que es un espacio con una mejor infraestructura que el espacio donde viven actualmente; ofrecer capacitación y realizar labores de incidencia ante la Policía Militar y la Policía Civil, a fin de garantizar la seguridad externa del albergue y evitar acercamientos indebidos de la policía e implementar acciones de convivencia pacífica, como reuniones con asociaciones de vecinos y empresas locales, así como la elaboración de materiales informativos.
Sin embargo, por la amenaza de quedarse en una situación de ilegalidad, hay familias warao de Pintolandia que han ido cediendo y yéndose al albergue en Rondón III. Algunas organizaciones de la Iglesia, de la sociedad civil, e incluso algunas de las Naciones Unidas, han dicho que seguirán apoyando a los indígenas waraos donde decidan estar.
Hasta el 2 de abril de 2022, la última información que se maneja es que un coronel del Ejército brasilero informó a los indígenas que les dejarían los servicios de agua, electricidad y comida en Pintolandia, pero que la carpa será retirada el 4 de abril de 2022.
Una inserción desde las políticas públicas de Brasil con enfoque de etnias
Actualmente hay alrededor de 5.000 migrantes y refugiados waraos en Brasil. Se supone que los albergues deberían ser un lugar de paso, especialmente para que la gente no se encuentre en situación de calle. No obstante, los abrigos se han convertido en espacios de dependencia, incluso el índice de alcoholismo ha aumentado por el régimen carcelario de algunos de estos espacios con horarios de entrada y salida, comida precaria, y prohibición de visitas.
En la Operação Acolhida, se mencionan proyectos de medios de vida y soluciones duraderas para la inserción de estas poblaciones. Al principio, las organizaciones comenzaron a dictarles distintos cursos a los waraos, como zapatería, carpintería, informática, corte de cabello, artesanía, portugués; pero hay indígenas que tienen hasta diez cursos y aun así no pueden acceder al empleo.
La mayoría de los indígenas waraos trabaja recogiendo desechos en las calles y vendiéndolos para reciclaje. Para comprar un celular deben reciclar hasta ocho meses. “Mi abuelo me decía que si nosotros queremos algo, nosotros hacemos esfuerzo para conseguir, trabajamos y vendemos el producto para comprar una cosa”, compartió un indígena.
Entre los waraos existen profesionales cualificados. Un paso podría ser el reconocimiento de sus títulos, para que puedan acceder a un trabajo y salario dignos. También es importante que puedan aprender el idioma portugués y que se gestionen políticas públicas que permitan la inserción socioeconómica de esta población respetando sus especificidades culturales, aunque el panorama se ensombrece, ya que actualmente Brasil se encuentra en el estado más crítico en cuanto a respeto de derechos de los pueblos indígenas.
Los waraos seguirán huyendo de Venezuela
En los caños del delta del Orinoco, en Venezuela, la situación de los waraos sigue siendo alarmante. Para salir de sus comunidades los indígenas han tenido que volver a los remos por la falta del combustible, con recorridos de varios días de navegación para conseguir alimentos como la sal.
Debido a la emergencia humanitaria compleja, muchos jóvenes indígenas se han trasladado a la zona de Casacoima y Curiapo a buscar oro, quedando expuestos al contexto de violencia en estos lugares y a desapariciones forzadas. Hacia Guyana también existen muchas irregularidades. Muchos waraos mueren ahogados intentando llegar a este país en embarcaciones muy precarias.
Actualmente las enfermedades más graves –y en aumento– son la tuberculosis y el VIH. Estas dolencias se complican porque la mayoría de los waraos tienen altos índices de desnutrición, incluso cuando algunos de ellos tienen acceso a los antirretrovirales es muy fuerte proseguir el tratamiento porque prácticamente sus cuerpos no lo resisten.
Del mismo modo, los altos niveles de contaminación del río Orinoco, producto de la minería que se desarrolla en el sur y de los desechos de las industrias básicas, siguen contribuyendo a la propagación de enfermedades como diarreas, sarpullidos y paludismo, aunque esta última en menor escala. Sobre la COVID-19, se tienen pocos reportes a nivel de cifras oficiales. Por fuentes locales se conoce que algunos indígenas prefieren quedarse en sus casas por miedo a ir al hospital.
En medio de este contexto, organizaciones de la Iglesia, como las hermanas terciarias capuchinas, los misioneros de La Consolata, los padres Claretianos, Cáritas y el Vicariato Apostólico de Tucupita, continúan sumando esfuerzos para atender a estas poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Nota:
1) A continuación incorporamos la información enviada el 14 de abril de 2022 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Brasil, en respuesta a una solicitud de información realizada el 25 de marzo de 2022 desde el área de investigación sobre asuntos indígenas y ecología de la Fundación Centro Gumilla: Respuesta Acnur Caso Pintolandia
2) Del mismo modo, nos comunicamos con la Defensoría Pública de la Unión quien nos remitió al Gobierno Brasileño, a través del Subcomité Federal de Acogida e Interiorización de Inmigrantes Vulnerables (SUFAI) y el Ministerio de la Ciudadanía, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y al Grupo de Trabajo de Logística Humanitaria de la Operación Acolhida (FT).
