Crisis migratoria en frontera Ecuador-Colombia
De acuerdo a fuentes oficiales se conoce que entre el pasado 26 y 27 de julio de 2017, las autoridades migratorias del Estado ecuatoriano han excluido en la frontera con Colombia, a alrededor de 800 personas de nacionalidad venezolana que salieron por tierra desde hace varios días, impidiendo su ingreso a Ecuador. En este grupo se encuentran mujeres que viajan con niños y niñas, y otras personas con necesidad de atención prioritaria. La situación es crítica debido a que el mencionado grupo está en el punto de control migratorio de Rumichaca (provincia de Carchi- Ecuador) sin que puedan ingresar al territorio ecuatoriano ni retornar a su país de origen, en una situación con limitado acceso a servicios básicos.
Debido a la extremadamente compleja situación social, política y económica que afronta la población en Venezuela, miles de personas se han visto obligadas a emigrar a otros países de la región buscando protección internacional. Por sus principios constitucionales a favor del derecho a la libre movilidad, Ecuador ha sido uno de los destinos priorizados por miles de venezolanos quienes han ingresado al país en los últimos meses en busca de protección frente a su precaria situación.
El Estado ecuatoriano no ha reconocido esta grave situación. Por el contrario, ha denegado discrecionalmente el estatuto de refugiado a la población venezolana, ha intensificado el control migratorio y está aplicando la exclusión en frontera a través de procedimientos que no garantizan el debido proceso, hechos que están desencadenando una crisis humanitaria.
En este contexto, alertamos que las acciones de las autoridades migratorias ecuatorianas ponen en riesgo la seguridad de alrededor de 800 personas venezolanas, empujándolas a la irregularización, lo que deriva no solamente en la vulneración de sus derechos humanos sino que, además, potencialmente podría hacerlos vulnerables a redes de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas.
Frente a ello, las organizaciones y colectivos firmantes exigimos del Estado ecuatoriano una respuesta a esta situación que garantice los derechos humanos, los principios constitucionales sobre movilidad humana, igualdad y no discriminación, y que atienda las graves condiciones humanitarias en la que se encuentra la población venezolana.
Suscriben:
Colectivo Atopia
Coalición por las Migraciones y el Refugio
Misión Scalabriniana – Ecuador
Catholic Relief Services – CRS
Programa Andino de Derechos Humanos de la UASB Ecuador
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
Soledad Álvarez Velasco – defensora de DDHH
Mónica Salmon Gómez – defensora de DDHH
Giovanna Tipán Barrera – defensora de DDHH
Paola Moreno Núñez – defensora de DDHH
Daniela Peralta – defensora de DDHH
Luis Túpac Yupanqui – defensor de DDHH
Javier Arcentales Illescas – defensor de DDHH
Belén Aguinaga – defensora de DDHH
Cindy Aguilar Lozano – defensora de DDHH
Martina Rapido Ragozzino – defensora de DDHH
Jorge Acero – defensor de DDHH
María Espinoza – defensora de DDHH
Marlo Brito – defensor de DDHH
Daniela Ubidia Vásquez – defensora de DDHH
Jorge Fernández – defensor de DDHH
Francisco Hurtado Caicedo – defensor de DDHH
Daniela Salazar – profesora del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ
Cristina Burneo Salazar – profesora de la UASB Ecuador y Movimiento de Mujeres
Gina Benavides – profesora del Programa Andino de Derechos Humanos – UASB Ecuador
Carmen Gómez – profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Ecuador
Susy Garbay – profesora de la Universidad Central del Ecuador
Efrén Guerrero, profesor de PUCE Quito
David Cordero Heredia, profesor de PUCE Quito
Juan Pablo Albán – profesor del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ
