Minerva Vitti Rodríguez
El viernes 22 de noviembre entre las 7 y 7:30 pm un grupo armado entró al pueblo de Ikabarú, ubicado en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, y comenzó a disparar contra los pobladores. De acuerdo a información recabada en terreno hasta los momentos se contabilizan seis personas asesinadas, uno de ellos pertenecía a la Guardia Nacional.
Se desconoce con precisión la identidad del grupo armado, pero el patrón recuerda las masacres ocurridas en diciembre de 2018 en la comunidad de Canaima y en febrero de 2019, en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén. Ambas ejecutadas por agentes del Estado venezolano: Dgcim y militares.
Es importante precisar que Ikabarú fue incluido como bloque especial de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, un proyecto extractivista que se está ejecutando ilegalmente sin la consulta a los pueblos indígenas, pese a que Ikabarú es una de las comunidades del sector 7 del pueblo pemón que posee un título colectivo, entregado por la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades, que los faculta para ser los garantes y administradores de su territorio. Tampoco existen estudios de impacto socio-ambiental. Además, esta comunidad mixta (indígena y no indígena) de aproximadamente 2500 personas, desde hace varios años vive de la minería aurífera.
Otro elemento para el análisis, es que el pueblo pemón logró un nivel de organización autónomo en sus territorios que antagoniza con los planes mineros de las autoridades gubernamentales. Esto tampoco le gusta a las bandas criminales que se mueven libremente en la zona e incluso procesan y acopian oro para el contrabando del gobierno. Precisamente, uno de los objetivos de estas masacres y la militarización de los territorios es resquebrajar la unidad de los pueblos indígenas y debilitar su presencia para seguir ejecutando los planes extractivistas. El gobierno también ejecuta esto mediante la cooptación de liderazgos comunitarios.
Todo lo anterior ocurre en un contexto de profundización de un modelo rentista-extractivista-minero promovido por el Ejecutivo Nacional, que se extiende prácticamente a otras regiones del país.
*La versión resumida de este artículo se publicó el 25 de noviembre de 2019 en el boletín informativo @SoyArepita
