Por Luisa Pernalete*
En los últimos días, han salido a la luz varias noticias que reportando casos de asesinatos de niños. Hay informes del 2020 –y de lo que va del año– que hablan de maltratos, abusos sexuales y violencia doméstica contra niños, niñas y adolescentes. No hay políticas integrales de protección a esta población de la cual somos responsables las familias, la sociedad y el Estado. Es una población indefensa que requiere de acciones de todos los actores para ser protegida. Sobre este drama invisibilizado, escribo.
Wilmer José tenía 5 años. Su error fue haber visto cuando su madre y su amante, Arturo López de 19 años, tenían relaciones sexuales. Al notarlo, Arturo tomó un cuchillo de la cocina, atacó al pequeño y lo degolló. Su madre, convirtiéndose en cómplice, entregó su teléfono al victimario para aparentar un robo. ¡Un niño de 5 años degollado por el amante de su madre, con su complicidad! ¡Qué crimen más horrible! El hecho sucedió en Upata, Estado Bolívar, según nota de la periodista Pableysa Ostos, el pasado 29 de mayo.
A los pocos días, vemos en otra nota, que en el Estado Miranda una madre mato a su hija porque no tenía los medios para su manutención. ¡Otro niño asesinado, y por su madre! Aunque uno supone el estado de desesperación de la madre, por las razones que la movieron, igual no es justificable.
Cuando redacto estas líneas, leo en un tweet –vía Caraota digital– que abuelo y padre fueron detenidos por abusar del hijo de 4 años. ¡Abuelo y padre abusando de un pequeño, sangre de su sangre!
La semana pasada, en La Vega, un inocente adolescente fue asesinado por una “bala perdida”, en uno de esos tiroteos entre bandas, o entre funcionarios y bandas. En La Vega, últimamente la situación es confusa.
Estoy refiriéndome a casos sucedidos en pocos días. Eso está pasando en Venezuela y las reacciones han sido mínimas. Tal vez ni se miraron, o tal vez han parecido “otro suceso más”. El cambio de sede la Copa América, o las actuaciones de la Vinotinto, parecen mucho más importantes que la vida de unos niños inocentes.
Si nos vamos al informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) publicado en el 2020, leemos que en ese año:
Las manifestaciones de violencia contra NNA han provocado muertes todas inadmisibles, todas injustificables. En algunos casos indigna por la saña, otros por la negligencia y desatención de cuidados y obligaciones impostergables. Son muertes y daños que el Estado ni siquiera contabiliza, son hechos que ocurren ante la indiferencia, ignorancia, la inacción, o más propiamente la parálisis de los organismos y servicios públicos que tienen la obligación de proteger a la población vulnerable.
Luego ilustra dicha crueldad con unos ejemplos, como el caso de una mujer que, en un ataque de ira, golpeó a su hijo de 7 años y lo estranguló, posteriormente simulando un suicidio, o el caso de la madre que golpeaba a la hija cuando lloraba pidiendo comida y otros de parecida crueldad.
También CECODAP, en su último informe titulado “Somos Noticia”, nos dice que de los casos que han atendido entre abril de 2020 hasta abril de 2021, un 42,5 % estuvo relacionado con la violación al derecho a la integridad, y que 6 de cada 10 casos remitidos al Sistema de Protección, no recibieron respuesta efectiva del Estado. El informe concluye que “No existe plan del Estado que garantice protección a los niños, niñas y adolescentes”.
La REDHHNNA, esa red que agrupa a organizaciones que defienden y promueven los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), también ha advertido sobre el incremento de la violencia doméstica y la falta de protección integral a esta población.
Según la LOPNNA, son tres los actores responsables de garantizar los derechos de los NNA: la familia, la sociedad y el Estado. Puesto que el Estado es el responsable de sancionar cuando se incumplen, le corresponde diseñar y aplicar políticas públicas y defender a esta población (Art. 4 A, principio de corresponsabilidad). También dice la LOPNNA, que los NNA tienen derecho a su integridad personal (Art.32) y al “buen trato” (Art. 32 A).
Por lo anterior, dada la frecuencia de los casos, y así no fueran tan frecuentes, cada víctima merece atención y cuidado. Se deben hacer campañas para que las familias, y en general la sociedad, sepan tratar a los niños y puedan aplicar disciplina positiva, como esa que promueve CECODAP entre educadores y padres y madres.
En estos tiempos de pandemia y cuarentena prolongada, se sabe que la angustia puede desatar emociones y tal vez no se tengan herramientas para administrar esas emociones, pero eso no justifica los malos tratos a los NNA, y mucho menos los asesinatos. Los educadores, los medios de comunicación, los usuarios de las redes sociales y sobre todo el Estado, como último garante de los derechos humanos, tienen la obligación de desarrollar dicha campaña a favor de esta población tan golpeada.
Un niño asesinado no es un simple caso para la página de sucesos: es un niño menos que estaba en edad de jugar y no de morir violentamente. Nadie puede ser indiferente antes estos hechos.
*Educadora del Centro de Formación y Educación de Fe y Alegría. Defensora de Derechos Humanos. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista SIC.
